El 7 de julio de 1976, un gripo de militares ingresó a la plan de la localidad de Avellaneda de Molinos Río de la Plata. En pocos minutos, fueron recorriendo las distintas seccionales de la línea de producción. En cada una de ellas se llevaban algunos operarios. La suerte de esos trabajadores dependían si estaban o no en una lista de nombres que los uniformados revisaban. El papel tenía el membrete oficial de la empresa. Ese día, fueros secuestrados varios activistas, delegados y trabajadores calificados “de izquierda” o “subversivos”, según tareas previas realizadas por el DIPBA, el Departamento de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que había puesto el foco en el lugar antes del golpe militar del 24 de marzo. Este hecho, como el que sucedió en Acindar o Mercedes Benz, es emblemático para mostrar la ferocidad con la que la dictadura militar arremetió contra los trabajadores, en espacial aquellos organizados, tanto en gremios como en comisiones internas. Es que más allá de la prédica ideológica, el golpe tuvo un fuerte carácter anti-obrero, buscando descargar sobre sus espaldas la fuerza de un modelo precarizador. Para eso, aplica una doble represión: la ilegal, basada en la persecución, la cárcel y la desaparición; y la económica, a partir de un modelo que destruyó la industria nacional, el empleo, y pauperizó los salarios.
El llamado Proceso de Reorganización Nacional tuvo consecuencias devastadoras para los trabajadores, no sólo por la represión ilegal y el genocidio, sino por las condiciones económicas impuestas. El saldo de la tragedia iniciada hace 50 años se sintetiza en el número 30 mil, cantidad de detenidos desaparecidos de la dictadura, pero detrás de esta hay un entrama de consecuencias que incluso hoy en día se mantienen vigentes. Leyes, matrices, prejuicios y pensamientos que no fueron desterrados de la sociedad argentina. En primer lugar, la dictadura comandada por la Junta Militar implementó una red de represión ilegal que secuestró, torturó y desapareció a miles de trabajadores, delegados de base y sindicalistas, frecuentemente con la complicidad de empresarios que entregaban listas, como en el caso de Molinos Ríos de la Plata, cuyos responsables fueron recientemente condenados.
Casi así se vivieron en el sector automotriz (Ford, Mercedes-Benz, Renault), y de servicios públicos (YPF, EPEC, docentes), que fueron víctimas del plan de exterminio. Muchos referentes gremiales pagaron con su vida el compromiso por la defensa de los derechos de los trabajadores, entre ellos Jorge Di Pasquale, Benito Romano, Atilio Santillán, Oscar Smith y Dora Gambone, quienes fueron secuestrados o asesinados. Otros, debieron exilarse o pasar a la clandestinidad, como Agustín Tosco, quien murió por no poder atender correctamente su enfermedad.
A estas formas de represión el gobierno de facto sumó la intervención de la mayoría de los grandes sindicatos y federaciones, que comenzaron con la CGT. En los primeros tres años, en los que se alcanzó el punto represivo más alto, se intervinieron decenas de las principales organizaciones obreras y se les retiró la personería jurídica a otras tantas. Mediante la designación de funcionarios militares en casi una tercera parte de las federaciones nacionales, se quebró la estructura nacional centralizada del movimiento sindical. Es de destacar que entre las federaciones intervenidas se encontraban las de mayor peso numérico sobre el total, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con cerca de 300 mil afiliados cada una), entre muchas otras.
Plan de exterminio
El impacto de la dictadura en la vida de los trabajadores fue inmediato. Como recuerda el dirigente Víctor De Gennaro, fundador de la CTA, “el 67 por ciento de los desaparecidos son trabajadores, y fundamentalmente se apuntó a destruir a los activistas, delegados, y algunos secretarios generales”. “A nivel de los dirigentes intermedios fue tremendo, porque había que fracturar ese poder posible de los trabajadores organizados: eran los delegados de fábrica, los militantes los que construían todos los días ese poder que tenía la clase trabajadora. Ahí apuntó sin lugar a dudas la dictadura militar y fue sin piedad. Se entraba a una fábrica, se la tomaba por el Ejército, y delante de todo el personal se nombraba a los que habían sido delegados o militantes. Se los llevaban, desaparecían, y después terminaban muertos, 15 o 20 días después, tirados en las puertas de las fábricas o en los basurales”, agregó.
El ataque se complementó con una serie de leyes que pretendían darle un contexto de “legalidad” a la represión.la Ley 21.356 de julio de 1976, que prohibió la actividad gremial, es decir asambleas, reuniones, congresos y elecciones, facultando al Ministerio de Trabajo a intervenir y reemplazar dirigentes dentro de los establecimientos fabriles; la Ley 21.263 del 24 de marzo de 1976 que eliminó el fuero sindical; Ley 21.259 del 24 de marzo de 1976, que reimplantó la Ley de Residencia, en virtud de la cual todo extranjero sospechoso de atentar contra la “seguridad nacional” podía ser deportado, la Ley 21.400 del 9 de septiembre de 1976, denominada de “Seguridad industrial”, que prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano, baja de la producción, entre otras. La Ley Sindical 22.105 sancionada el 15 de noviembre de 1979, derogó la de Asociaciones Profesionales 20.615 dictada por el gobierno constitucional previo, y terminó por legalizar la intervención extrema del estado dictatorial, socavando las bases institucionales y financieras del poder sindical.
Plan de exterminio (económico)
Pero no sólo las balas, las patotas o los campos de exterminio se ensañaron con los obreros. El plan económico fue, fundamentalmente, un saqueo planificado, con un carácter “anti trabajador”. En los primeros años posteriores al golpe se produjo el cierre de más de 20 mil establecimientos fabriles; el producto bruto del sector cayó cerca de un 20 por ciento entre 1976 y 1983; la ocupación disminuyó en ese mismo período y se redujo el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía (del 28 al 22 por ciento). La industria dejó de ser el núcleo dinamizador de las relaciones económicas y sociales, así como el sector de mayor tasa de retorno de toda la economía. La clase trabajadora se vio afectada en este período por políticas represivas, laborales y económicas.
En primer término, resulta necesario analizar brevemente las características de la represión a los trabajadores, que aunque no se inició con el golpe militar (sino, por lo menos, un año antes) se acentuó de forma notable a partir del 24 de marzo de 1976.
Entre 1974 y 1976 los focos de mayor agitación obrera (Córdoba y el cordón industrial del norte de la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Santa Fe) fueron fuertemente reprimidos por fuerzas policiales y militares, algunas de sus organizaciones intervenidas, y sus líderes perseguidos y encarcelados. El punto más álgido de esta ofensiva de las fuerzas de seguridad fue el “copamiento” de la ciudad de Villa Constitución el 20 de marzo de 1975 y el arresto de la casi totalidad de los dirigentes sindicales de la zona. A partir de 1976, los salarios reales cayeron abruptamente más del 30 por ciento.
La inflación y las políticas económicas provocaron una drástica disminución del poder adquisitivo, quintuplicando la pobreza y generando una pobreza estructural a largo plazo. Anulación de derechos laborales y sindicales: Se prohibió el derecho a huelga, las paritarias (negociaciones colectivas) y las asambleas. Los sindicatos fueron intervenidos y se anularon conquistas históricas, extendiendo jornadas laborales sin compensación y eliminando protecciones de seguridad.
Plan de resistencia
En este contexto adverso, hubo muchas acciones de resistencia por parte de los trabajadores y sus organizaciones. En junio de 1977, más de seis mil trabajadores agrícolas se sumaron a medidas de obreros industriales en la zona de Rosario y San Lorenzo, mientras que en agosto los transportistas petroleros desarrollaron protestas contra las empresas Shell y Exxon. En octubre, los obreros de IKA-Renault de Córdoba reclamaron un aumento salarial del cincuenta por ciento, y la intervención de las fuerzas armadas dejó el saldo de cuatro obreros muertos.
También en octubre, los ferroviarios entraron en huelga, mientras que en noviembre se declaró una medida de fuerza en la planta de Alpargatas de Florencio Varela que se prolongó por días, y que fue seguida por un lockout patronal, despidos y represión contra varios de los trabajadores involucrados. En 1978, un año de relativo descenso de la protesta obrera debido a una relativa recuperación económica y a sucesos políticos de importancia (el Mundial de Fútbol, las informaciones sobre el supuestamente inminente enfrentamiento militar con Chile, entre otros), las principales acciones las llevaron adelante los portuarios, los obreros de la fábrica Fiat y del frigorífico Swift de Rosario, bancarios y transportistas, ferroviarios, y automotrices de las empresas Renault y Firestone.
El año 1979 constituyó un momento de transición en el que pudo concretarse la convocatoria a la primera huelga general, llevada adelante por la Comisión de los 25 con la oposición de los sectores “participacionistas” nucleados en la CNT. “Sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de colocarnos a la cabeza de la protesta que se generaliza para unificarla con la decisión de una propuesta nacional”, expresa la Comisión de las 25 organizaciones, en su resolución de convocatoria a la Jornada Nacional de Protesta, que se convertiría en el primer paro general el 27 de abril de 1979, que permitió que los gremios –ilegalizados por el gobierno de facto –retomaran cierta actividad.
La política económica comandada por el entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, golpeaba de lleno a los asalariados y la clase trabajadora, que de apoco comenzaba a expresar su malestar. En ese caldo de cultivo comienza a gestarse la protesta. Las consecuencias de esta política eran ya evidentes: destrucción industrial, pulverización del poder adquisitivo del salario, un crecimiento exponencial del endeudamiento externo, además de una persecución salvaje y criminal sobre delegados, dirigentes sindicales y militantes populares. “Hubo resistencia en el 76 y 77 con luchas sectoriales, hacías paro porque te anulaban los convenios colectivos, porque te aumentaban las horas de trabajo”, rememora De Gennaro.