Cuando el presidente Javier Milei se autocalificó como “un topo” que llega a destruir desde adentro el Estado, se transparentó de forma brutal la política del gobierno respecto de la administración pública. Desde su aparición en la política, el mandatario mostró muchas veces su desprecio por lo estatal, pero en esas palabras definió su plan de acción. Y en este tiempo cumplió. Con más de 65 mil despidos, el Estado nacional viene sufriendo un ataque constante de la gestión libertaria, que incluye el ajuste de los recursos, el cierre de organismos y la baja salarial. Un combo fatal que en el tercer año de La Libertad Avanza en el poder, se mantiene, como denunció recientemente el Frente de Gremios Estatales. En estos días, comenzaron a circular versiones de un nuevo ataque, en este caso a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Pese a que la figura de quedó “tocada” por los fracasos legislativos, el “coloso” quiere reformar el régimen general del personal público.
En definitiva, lo que se pretende desde la cartera es modificar las condiciones de ingreso, evaluación, ascensos, movilidad y remuneraciones dentro de la Administración Pública Nacional. Para eso, se debe modificar el convenio colectivo, algo que no será sencillo. Desde los gremios aseguran que no tiene mayores detalles de la propuesta, pero sospechan que “No traerá nada bueno para los trabajadores”. Se abre así una negociación, donde incluso algunas cuestiones podrían estar en la agenda sindical.
Como suele hacer con este tipo de propuestas, el oficialismo dejó trascender en medios algunos de los puntos centrales de la propuesta, para ver cómo es recibida. Oficialmente, no se informó respecto al proyecto para modificar el convenio estatal, que establece todas las condiciones laborales de los trabajadores del estado y de los organismos descentralizados.
El esquema que analiza el gobierno, marcaron los rumores que circulan en estos días, apunta a aumentar el peso de las evaluaciones de desempeño sobre los ascensos y las remuneraciones, revisar los mecanismos de ingreso y permanencia, facilitar la movilidad entre dependencias y modificar los criterios que podrían derivar en desvinculaciones.
Sin embargo, la evaluación de desempeño no es una novedad dentro del empleo público nacional. El Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), vigente desde 2008, ya establece una carrera administrativa y profesional basada en distintos niveles y grados, y contempla requisitos vinculados con evaluación, capacitación y desempeño para avanzar dentro del escalafón. El propio Estado define actualmente al SINEP como “el sistema que regula la carrera administrativa y profesional de buena parte de la Administración Pública Nacional”.
En definitiva, los cambios que pretende el gobierno nacional deben hacerse en el marco de la paritaria del estado, que además de definir las escalas salariales fija las condiciones de trabajo. En ese punto, incluso desde el oficialismo entienden que “será complejo” acordar con los gremios, especial con ATE, con quien se tiene una relación conflictiva desde el inicio de la gestión libertara. Data Gremial consultó a diversos dirigentes y fuentes de la administración pública para saber cómo ven estos nuevos avances sobre el trabajo estatal.
En primer lugar, la mayoría adelantó desconocer la iniciativa, por lo menos de formalmente. “Sabemos lo que circula en los medios”, dijo uno de estos dirigentes consultados. Lo cierto que con esta primera mirada, desde la entidad tiene una mirada contraria a cualquier iniciativa de este tipo del gobierno. “Nada de lo que la gestión libertaria pueda interesar modificar del Estado le dé al trabajador estatal mayores derechos o beneficios”, agregó otro referente.
El ejemplo que se pone de inmediato para sostener esta idea es la Ley de Modernización Laboral, que si bien no incluye en sus cambios a los estatales muestra “la mirada regresiva que tienen respecto al empleo”. “No tienen nada bueno para ofrecer, eso seguro”, insistieron.
Negociaciones
En estos momentos, destacaron dirigentes consultados, hay algunos convenios que se están cambiando, en mesas creadas para discutir una modificación integral de la carrera administrativa. Desde ATE señalaron que las negociaciones abiertas actualmente corresponden a organismos estatales regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, como PAMI y ANSES, y no a la administración pública central.
Algunos de los cambios que se buscan introducir están vinculados a determinadas promociones el régimen vigente, que exigen evaluaciones satisfactorias y actividades de capacitación. En estos casos, hay cierto consenso en avanzar en la discusión.
Respecto a la nueva reforma, podría conseguir apoyo si apunta a algunas cuestiones que se ven positivas. “Si quieren mejorar la carrera de los estatales hay muchas cosas que acompañaríamos eventualmente”, admitió otro dirigente consultado por Data Gremial. Entre estas cuestiones, se nombró por ejemplo “los concursos para los cargos jerárquicos, o las evaluaciones para garantizar el pase a planta permanente una vez constituido el examen de ingreso, son cosas que si se ponen en agenda estamos dispuestos a apoyar”.
Para avanzar en estas cuestiones se tiene que reformar el convenio colectivo. El SINEP fue homologado mediante el Decreto 2098/2008 como resultado de un acuerdo entre el Estado empleador y las organizaciones sindicales, en el marco de la Ley 24.185 de negociación colectiva del sector público. Sus cláusulas no pueden ser modificadas unilateralmente en los contratos alcanzados, sino mediante un nuevo acuerdo colectivo entre las partes.
En junio de este año, el gobierno volvió a negociar formalmente con UPCN y ATE modificaciones y prórrogas vinculadas con el SINEP. Ahora e busca un cambio más profundo. Respecto de la posibilidad de acordar, en ATE creen que el gremio que lidera Andrés Rodríguez “podría facilitarlo, gracias a acuerdos políticos que se tejieron desde el comienzo de la gestión”.
Examen de ingreso
Esta no es la primera reforma que intenta el gobierno nacional respecto de los trabajadores estatales. En diciembre de 2024 unos 40 mil empleados públicos con contratos temporales realizaron los llamados exámenes de idoneidad, los cuales debían aprobar como requisito obligatorio para renovar sus contratos.
En una primera tanda, ATE aseguró que “el 96 por ciento de los estatales aprobó en base a la primera tanda de exámenes dispuestos por el Sistema de Evaluación Pública (SEP)”. Por eso desde el sindicato exigieron el pase a planta inminente y también que los funcionarios del gabinete nacional sean puestos a evaluación. Desde la entidad detallaron también que en el caso del escalafón de servicios generales, el porcentaje de aprobados es más elevado y llega al 98 por ciento. En ese sentido, desde el sector siguen insistiendo con el componente ilegal que dicho sistema de evaluación conlleva.
En cuanto a la nueva reforma, el gobierno considera que buena parte de la reforma podría implementarse por vía administrativa una vez alcanzado un acuerdo con los sindicatos. Además, existe una discusión pendiente sobre la carrera estatal: con los gremios acordaron extender hasta el 31 de agosto la revisión de distintos aspectos del Régimen de Dirección Pública y del propio SINEP. Por ahora no existe un proyecto definitivo ni comenzó formalmente la negociación integral con ATE y UPCN. La letra final dependerá precisamente de esa instancia colectiva, que aparece como el principal límite para que el Ejecutivo pueda imponer unilateralmente cambios sobre la carrera de los empleados públicos.