Con una marcha conjunta, la semana pasada los trabajadores de varias empresas entre ellas Georgalos y Secco volvieron a pedir respuestas concretas a sus reclamos. Desde hace semanas estas firmas están en conflicto por el despido de varios operarios, en un contexto de intento de flexibilización de las condiciones laborales. Hasta ahora no hubo mayores avances, por lo que se mantienen los reclamos. Por la intervención de las autoridades laborales, a través de la conciliación obligatoria, no se pueden realizar paros, algo que quita potencia a los planes de lucha. Esta tendencia se viene dando en este tiempo, donde se deben realizar acciones sin llegar a paralizar la actividad. Esto podría explicar las cifras difundidas esta semana por la secretaría de Trabajo, que marcaron que en junio hay una baja importante de la conflictividad vinculada a las huelgas. Esto fue festejado por el gobierno, aunque no refleja de todo la situación general: según los propios datos lo que aumentó fueron los reclamos sin paro. En tiempos de ajuste y crisis laboral, sorprenden esta baja, aunque en el fondo hay una especie de “trampa metodológica”. Un elemento más condiciona la realización de paros: la falta de respaldo de los gremios, que deja a muchas comisiones internas sin el “paraguas legal”.
El Ministerio de Capital Humano difundió a través de la secretaría de Trabajo datos sobre conflictividad, y festejó la baja de los paros. La cartera reveló dos variables para monitorear la evolución de la conflictividad laboral: “las medidas de fuerza que se efectivizan manifiestan a través de la paralización de los procesos productivos o las que se realizan sin llevar adelante un freno de las actividad”. En la primera de las categorías se dieron los datos festejados por el gobierno. “El mes pasado se registraron 46 conflictos laborales con paro de actividades, lo que representó un descenso de 10 por ciento en relación al mismo mes del año anterior y de 22 por ciento con respecto a mayo de 2025”, recalcó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
Sobre la cantidad de huelguistas (249.709), “hubo un descenso de 34 por ciento respecto a junio de 2024 y de 61 por ciento en comparación con el mes anterior; mientras que la cantidad de jornadas individuales no trabajadas (338.721) se comportó de igual modo, registrando una caída de 28 y de 57 por ciento en los mismos períodos considerados”. “La menor conflictividad responde a un camino de madurez de las tres partes: gremios, empresarios y estado, se fomenta el diálogo”, explicaron fuentes de la cartera laboral.
Pero en la segunda categoría es donde se puede ver el germen de la conflictividad, que sigue latente e incluso no baja, sino que repunta. En este conjunto de protestas, que incluye concentraciones, movilizaciones, quite de colaboraciones, cortes y bloqueos, entre otros, empezó a tomar fuerza. En junio “se registraron 117 conflictos sin paro, lo cual equivale a un aumento del 48 por ciento en relación con el año pasado”. La cifra ya había crecido en mayo y se sostuvo en junio. Este tipo de demostraciones estuvieron motorizadas principalmente por “reclamos de mejoras salariales, seguidos por despidos o no renovaciones de contratos y, luego, por pagos adeudados”.
Dentro de ellas, “el 56 por ciento de los conflictos sin paro se hicieron a través de concentraciones y movilizaciones”, como las que protagonizaron los despedidos de Georgalos y Secco. “Los conflictos por mejoras salariales apelaron fundamentalmente a las concentraciones y movilizaciones como medidas de acción directa. En el caso de los conflictos por despidos o renovación contractual, las acciones fueron más heterogéneas, además de concentraciones, se registraron declaraciones organizativas, ocupaciones y cortes”, explicó la Secretaría de Trabajo en su último informe.
Limitaciones
Si bien el informe no lo explica, que haya más protestas sin paros expone los límites que tienen muchos trabajadores de ejercer ese derecho. El gobierno ya planteó su deseo de limitar el derecho a huelga, en especial con el DNU 340, que declaró esenciales varias actividades, imponiendo condiciones para poder paralizarlas. La justicia declaró inconstitucional esta medida, pero se intentó aplicar en algunos casos, generando tensión. Otro elemento a considerar es que muchas juntas internas y comisiones de delegados no cuentan con el aval de sus gremios a la hora de protestar.
Uno de esos casos es el de Georgalos, cuyos empleados vienen reclamando por el despido de varios operarios que se oponen a los cambios en las líneas de producción, por considerarlos intentos de flexibilización. Esto generó las cesantías y una serie de reclamos que no tuvieron el apoyo total del Sindicato de Trabajadores de la industria Alimenticia (STIA), según afirman desde la planta productora.
“Seguimos peleando por nuestra reincorporación”, dijo Maximiliano Montero, uno de los cesanteados de Georgalos. Ante la consulta de Data gremial, adelantó que explorarán la vía judicial parar la reinstalación. “Vamos a pedir una medida cautelar ante un juez, para seguir en este camino, tenemos un fondo de lucha, estamos muy activos porque no queremos perder nuestros puestos de trabajo”., agregó Montero. Esta semana, los despedidos se reunieron con el diputado nacional y líder bancario Sergio Palazzo, que confirmó que el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa convocará a los trabajadores para este viernes para informarles de una resolución donde confirma la “práctica anti sindical” de la empresa.
Por categorías
El informe de la secretaría de Trabajo deja ver cómo es el sector público el más conflictivo en este momento, de la mano de la motosierra que se aplica de forma frontal en la gestión libertaria. Así, al desagregar la información por tipo de empleador, se observó que, en el ámbito estatal, “entre junio de 2024 y junio de 2025, se produjo un crecimiento en la cantidad de conflictos con paro (+6 por ciento) aunque con un descenso moderado de la cantidad de huelguistas (-1 por ciento) y un poco más intenso de las jornadas no trabajadas (-15 por ciento)”. Por el contrario, en igual período, la conflictividad laboral en el ámbito privado registró “un fuerte descenso en los tres indicadores: cantidad de conflictos con paro (-44 por ciento), de huelguistas (-94 por ciento) y de las jornadas no trabajadas (-73 por ciento)”, de acuerdo al informe de la Secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano.
En junio de 2024, “la cantidad de conflictos con paro del ámbito estatal representaba un 67 por ciento del total, mientras que, en junio de 2025, esta participación se incrementó al 78 por ciento producto de la caída acontecida en el ámbito privado”. En cuanto a las causas que motivaron los conflictos con paro en junio de 2025, se destacaron los reclamos por mejoras salariales (27 conflictos) y las demandas por pagos adeudados (6 conflictos).
Entre junio de 2024 y junio de 2025 los conflictos vinculados a despidos disminuyeron tanto en nivel absoluto (de 9 a 3) como en términos relativos (de 18 a 7 por ciento), en tanto que se mantienen en niveles bajos la cantidad de conflictos originados por demandas de mejoras en las condiciones laborales y medio ambiente, seguridad y otros motivos.
Al considerar los sectores de actividad, se observó que, en junio pasado, el 89 por ciento de los conflictos con paro se registraron en las siguientes actividades: la Administración pública (13), la Enseñanza (13), la Salud (10), y la Industria manufacturera (6). Entre junio de 2024 y junio de 2025, la Administración pública, aunque con una participación absoluta y relativa en descenso (de 39 pasó a 28 por ciento), continuó siendo la actividad con mayor nivel de conflictividad, sobre todo en Enseñanza y Salud.