En el marco de la cumbre anual, la delegación sindical argentina presente en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adelantó que realizará varias presentaciones por los avances del gobierno de Javier Milei sobre los derechos laborales. Una de las iniciativas se dio este miércoles, cuando dirigentes de las tres centrales obreras ampliaron la denuncia ante la entidad por la violación de convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva, por varias medidas tomadas por la gestión libertaria en su año y medio en el poder. Cuestiones como restringir el derecho constitucional a huelga, intentar sacarle los fueron sindicales a los delegados gremiales o reformas laborales como la que se puso en marcha en la marina mercante son ejemplos de cómo quiere que se configure el mercado del trabajo desde la Casa Rosada.
Esta mirada “anti obrera” tiene su repercusión en el exterior. No sólo entidades de trabajadores de todo el planeta apoyaron la protesta argentina, sino que además advirtieron sobre las consecuencias. Incluso, una de ella le bajó la calificación que realiza al país en materia de derechos laborales, y lo incluyo en el grupo donde están quienes tienen “violaciones sistemáticas” a esos derechos. Uno de los ejemplos que nombró la entidad respecto de esta ofensiva es el protocolo “anti piquetes” que pone en marcha en cada movilización el Ministerio de Seguridad nacional, que atenta contra la libertad de protesta.
Las malas noticias para el país en materia laboral llegaron a partir de la presentación del denominado Índice Global de Derechos 2025 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), entidad que representa a 191 millones de trabajadores de 169 países y territorios. Este índice recogió datos de 151 países y está basado en una lista de 97 indicadores extraídos de convenios internacionales y la jurisprudencia de la OIT. El documento, al que tuvo acceso Data Gremial, señaló a la Argentina como países que “han empeorado su puntuación hasta alcanzar un 4 sobre 5, lo que se traduce en una ‘violación sistemática’ de los derechos de los trabajadores según la calificación de la CSI”.
La categoría 5 se define como un país con “derechos no garantizados”, y es la anteúltima de la escala. 5+ es la peor, que incluye derechos no garantizados por “destrucción del estado de derecho”. La categoría 4, que llegó el país, es violación sistemática. Según la CSI, sólo 7 de los países está en la categoría 1, que es el mayor reconocimiento. Este empeoramiento es general, ya que el reporte dijo que “los derechos y libertades de los trabajadores de América y Europa han sufrido un retroceso en la última década”, y sitúa a Ecuador en el tercer lugar de una lista de diez países en peor situación. Por eso, denunció un “retroceso de los derechos de los trabajadores y una degradación de sus condiciones en todo el mundo”.
En el caso concreto de la Argentina, que comparte categoría con Costa Rica y Panamá, el reporte explicó que “ofrece uno de los ejemplos más claros del deterioro de las libertades civiles y el ataque concertado contra sindicatos y trabajadores bajo gobiernos de extrema derecha”. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei “ha intentado reformar 366 leyes para desregular las condiciones laborales y los salarios, desmantelar las protecciones sindicales y privatizar empresas públicas”. A lo largo de 2024, agregó, “se aprobaron varias leyes laborales sin consultar a los sindicatos y haciendo caso omiso de la amplia movilización pública contra las reformas”.
La llamada Ley Ómnibus, “declara el Estado de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, otorgando al presidente facultades de un año para reformar o introducir leyes sin la aprobación del Congreso”. “Las reformas ‘anti sindicales’ de Milei socavan aún más los derechos e intereses de los trabajadores al extender el período de prueba laboral de tres a seis meses, y hasta un año para las empresas más pequeñas. Se han eliminado las sanciones contra los empleadores que no registren adecuadamente a los trabajadores”, recordó el reporte. Además, criticó “el nuevo fondo de indemnización por despido reemplazará el actual sistema de compensación por antigüedad, lo que reducirá significativamente el costo de los despidos para los empleadores”.
Denuncia en la OIT
La CSI también alerta en su informe que bajo la administración del presidente Milei “las libertades civiles también se han visto amenazadas”. El Protocolo Bullrich (como llama la entidad al protocolo ‘anti piquetes’ que se puso en marcha una vez iniciado el gobierno en 2023, “una medida antiprotestas, autoriza a las fuerzas de seguridad a reprimir las manifestaciones que incluyan bloqueos de carreteras. Los organizadores de las protestas se enfrentan a severas sanciones, incluyendo penas de prisión de hasta seis años”. Esta es una de las denuncias más recurrentes de los gremios argentinos. A esto se le suma la idea de limitar el derecho a huelga a partir del decreto 340, que acaba de ser suspendido por la justicia, por considerar que la declaración de esencialidad de varias actividades es contrario con la Constitución Nacional. “Es un horror lo que quiso hacer el gobierno”, dijo en declaraciones reciente Andrés Rodríguez, secretario del Interior de la CGT.
Todas las medidas criticadas por la CSI terminaron por fomentar la denuncia ante la OIT de esta semana. De esta forma, dirigentes de la CGT y las dos CTA solicitaron “la urgente intervención del Comité de Libertad Sindical de la OIT en relación con los ataques del gobierno de Javier Milei que vulneran derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras del país”. La denuncia fue enviada el 29 de mayo a la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, como una ampliación de la queja presentada originalmente en enero de 2024 (caso 3452), que ya había sido complementada y ampliada en diversas ocasiones a lo largo del último año. Según el escrito, al que tuvo acceso Data Gremial, el Estado argentino “habría incurrido en violaciones a los principios de libertad sindical establecidos en el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, así como en el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva”.
Datos globales
En cuanto a la situación general del trabajo, el informe de la CSI remarcó que en tres de las cinco regiones del mundo “la situación ha empeorado: las Américas (3,68) y Europa (2,78) han obtenido sus peores puntuaciones hasta la fecha”. Europa ha experimentado “un rápido deterioro frente al 1,84 que registró en 2014, el mayor retroceso observado en todas las regiones del mundo en los últimos 10 años”. Además, sólo 7 de los 151 países encuestados (menos del 5 por ciento) “han obtenido la máxima calificación de 1, bastante por debajo de los 18 de hace una década”. Los 10 peores países para los trabajadores y las trabajadoras son: Bangladesh, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Myanmar, Nigeria (nuevo), Túnez y Türkiye. La peor región del mundo para los trabajadores y las trabajadoras es Oriente Medio y Norte de África, con una puntuación media de 4,68. Además, se ha asesinado a sindicalistas en Camerún, Colombia, Guatemala, Perú y Sudáfrica.
En promedio, “en el 87 por ciento de los países se ha vulnerado el derecho de huelga; en el 80 por ciento se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva”. “El acceso de los trabajadores a la justicia se ha visto restringido en el 72 por ciento de los países, el peor nivel jamás registrado”, insistió la entidad. en tanto, México estuvo entre los tres países que mejoraron su situación junto con Australia y Omán, aunque mantiene un nivel 3 en el barómetro del Índice, por lo que aún registra “violaciones regulares de los derechos”. “Si este ritmo de deterioro continúa, de aquí a diez años no quedará ni un solo país en el mundo con la calificación máxima por su respeto a los derechos de los trabajadores. Estamos ante un escándalo mundial”, alertó la CSI. “Pero no es inevitable: se trata de una decisión deliberada que puede efectivamente revertirse”, concluyó.