Lo que durante semanas fue denunciado como un atropello sindical, hoy escaló a un nivel que ya no admite matices: el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, fue denunciado penalmente por la retención indebida de aportes sindicales de los trabajadores municipales. El monto en juego ronda los 200 millones de pesos y, según la acusación, nadie puede explicar dónde está ese dinero.
La información fue confirmada por el periodista Andrés Lerner en el programa “Se viene” del canal de streaming AZZ, donde detalló que la presentación judicial incluye delitos graves: estafa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pero el dato político más fuerte no es sólo la denuncia. Es que el caso expone, con crudeza, un mecanismo de disciplinamiento sindical que, de comprobarse, rompe todos los límites.
La denuncia: nombres, apellidos y responsabilidades
La presentación judicial no apunta únicamente contra Salazar. También incluye al secretario de Hacienda municipal, Roberto Borgo, y a la contadora municipal Mariana Josa, señalados como “partícipes necesarios” en la maniobra.
Según la denuncia impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro (STM), la gestión municipal retuvo durante meses los aportes sindicales que se descuentan del salario de los trabajadores, pero nunca los transfirió al gremio.
Esto no es un detalle técnico. Es dinero de los trabajadores. El municipio actúa únicamente como agente de retención. Quedarse con esos fondos no sólo desfinancia al sindicato: configura, potencialmente, un delito penal.
“Reforma laboral” de hecho y persecución sindical
El origen del conflicto es tan grave como la denuncia en sí. Todo comenzó tras una medida de fuerza del sindicato. La respuesta del intendente, según lo denunciado, fue directa: cortar el flujo de recursos del gremio.
Pero no quedó ahí.
El secretario general del STM, Juan Cruz Acosta, lleva meses sin cobrar su salario, en lo que el propio sindicato define como una “persecución sindical” lisa y llana.
La secuencia es clara: paro, represalia, asfixia económica. Un esquema que, como señaló Lerner, funciona en los hechos como una “reforma laboral” aplicada por fuera de cualquier marco legal.
Y es ahí donde el caso deja de ser local para volverse político.
El dinero, el silencio y la gravedad institucional
Los números son contundentes. Hace 45 días se hablaba de más de 180 millones de pesos retenidos. Hoy la cifra trepa a casi 200 millones. En ambos casos, la pregunta es la misma: ¿qué hizo el municipio con ese dinero?
No hay explicaciones públicas consistentes. No hay información clara. Y ese silencio, en el marco de una denuncia penal, agrava aún más la situación del Ejecutivo local.
Porque si los aportes fueron efectivamente descontados a los trabajadores, pero no transferidos, estamos ante un manejo irregular de fondos que no le pertenecen al municipio.
Provincia ausente y tensión en aumento
El conflicto ya había sido llevado al ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense, bajo la órbita de Walter Correa. Sin embargo, según denuncian fuentes gremiales, no hubo avances concretos.
La falta de intervención efectiva de la Provincia también es parte del problema. Porque mientras el conflicto escalaba, las denuncias se acumulaban y la tensión crecía, no hubo respuestas que encauzaran la situación.
En paralelo, la FESIMUBO, que conduce Hernán Doval, ya analizaba avanzar por la vía administrativa, anticipando el escenario judicial que hoy se concretó.
Mucho más que un conflicto local
Lo que ocurre en San Pedro no es un hecho aislado ni menor. Es un caso testigo.
Si un intendente puede retener aportes sindicales, dejar sin sueldo a un dirigente gremial y sostener esa situación durante meses sin consecuencias inmediatas, lo que está en discusión no es sólo una gestión municipal. Es el funcionamiento mismo del sistema de relaciones laborales.
El tuit que circuló en las últimas horas, con tono brutal pero directo, sintetiza el clima que rodea al caso: habla de “escándalo” y de un intendente denunciado penalmente por “afanar la guita de los aportes”. Más allá de la forma, el fondo es ineludible: hay una denuncia concreta, con cifras millonarias y responsabilidades señaladas.
La Justicia ahora tendrá la última palabra.
Pero hay algo que ya está claro: en San Pedro se cruzó una línea. Y cuando lo que está en juego son recursos de los trabajadores, libertad sindical y posibles delitos en el ejercicio del poder, no hay margen para relativizar la gravedad.