El año pasado, el gobierno nacional intentó desregular el sector de la marina mercante a partir de un decreto, 340/25. El mismo creaba un régimen de excepción para el sector, y era rechazado por todo el arco sindical de la actividad, que lo consideraba una “sentencia de muerta” para sus trabajadores. El DNU fue finalmente rechazado por el Congreso, lo que fue festejado como una victoria del rubro. Pero la gestión libertaria insiste con su idea de desregular un área clave para el desarrollo económico y la soberanía del país. Por eso, circula con fuerza la idea de introducir cambios en la llamada Ley de Cabotaje, en el marco de una serie de reformas que plantea el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Ante esto, la dirigencia sindical decidió anticiparse, y preparó un proyecto de ley alternativo para crear un nuevo registro para la actividad, y así revertir la “situación terminal” de la actividad y “blindar la soberanía argentina en sus ríos y mares”.
La propuesta fue creada por los integrantes de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.), y se presentó formalmente en el Congreso ante el bloque de diputados de Unión por la Patria, que se comprometió a fomentarlo. El proyecto busca reducir costos operativos para los armadores argentinos sin resignar bandera nacional, empleo local ni convenios colectivos de trabajo, entre otras cuestiones.
El eje central de la propuesta de los gremios marítimos y fluviales es la creación del denominado Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN). Según los fundamentos del proyecto, esta herramienta permitiría “eliminar las asimetrías que hoy quitan competitividad a los buques de bandera nacional frente a las flotas regionales, sin necesidad de recurrir a la entrega del patrimonio marítimo”.
La propuesta gremial surge como respuesta a los intentos del gobierno nacional de eliminar la histórica Ley de Cabotaje, una medida que, según advierten las entidades, “entregaría los espacios marítimos y fluviales a flotas extranjeras, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y la capacidad logística del país”.
De acuerdo con los fundamentos expuestos durante la presentación, el sector considera que los principales problemas de competitividad no están vinculados a la reserva del cabotaje, sino a diferencias impositivas, financieras y regulatorias que encarecen la operación bajo bandera argentina. Uno de los puntos centrales del proyecto es la protección del empleo marítimo argentino.
Uno de los gremios impulsores de la propuesta, que colaboró en su redacción y puesta a punto ante legisladores, es el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). Su titular Mariano Vilar habló con Data Gremial y marcó que “desde un primer momentos apoyamos la idea de tener este nuevo registro y un nuevo marco legal para la actividad”. “Nuestro gremio colaboró en la redacción del proyecto y apoya su aprobación, que busca la creación del RETCAN, un segundo registro que permitirá a los buques argentinos inscriptos ser competitivos en la región”, agregó el dirigente.
A partir de esto se busca dar impulso a la actividad. Como marca Vilar, “si nosotros pretendemos tener una marina mercante servicio de la Argentina lo que tenemos que generar son las condiciones para eso, y esas condiciones la generarían este segundo registro, sobre todo beneficios impositivos que nos hagan competitivos en la región y el mundo”. Respecto de la posibilidad de su tratamiento y aprobación, teniendo en cuenta la mayoría legislativa que todavía maneja el gobierno nacional, los gremios ya iniciaron contactos con legisladores como Jorge Taiana y Julia Strada, y se espera coordinar una presentación para los próximos días.
Puntos importantes del proyecto
El proyecto elaborado por los gremios marítimos tiene varias aristas para analizar, y que apunta a ser un “dique de contención” del avance desregulador del gobierno, que está cerca de presentar cambios en la Ley de Cabotaje. Uno de los puntos clave será establecer que la tripulación de los buques debe ser “100 por ciento argentina”. “Todos los buques inscriptos en el RETCAN, incluso aquellos que posean tratamiento de bandera argentina por ser de propiedad u operados por armadores nacionales, deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino”, recalcó la iniciativa legislativa, a la que tuvo acceso Data Gremial.
Además, se establece que los contratos de ajuste “se regirán por la legislación y los convenios colectivos de trabajo vigentes en el país, bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina”. En cuanto a soberanía y Empleo, el proyecto contempla “excepciones a la ley de cabotaje tradicional, pero establece exigencias estrictas que salvaguardan las fuentes de trabajo y los derechos laborales de los tripulantes”.
Junto al proyecto, los gremios entregaron a los legisladores un análisis comparativo que demuestra que “la operatoria de bandera nacional es viable si se implementan las correcciones fiscales propuestas, frente al avance del armamento extranjero regional”. Desde Fe.Si.Ma.F. sostienen que estas condiciones “permiten introducir herramientas para mejorar la competitividad sin avanzar sobre los derechos laborales ni generar procesos de sustitución de trabajadores nacionales por tripulaciones extranjeras”.
La presentación del proyecto ocurre mientras se discuten otras iniciativas legislativas que proponen ampliar las posibilidades de participación de buques extranjeros en el transporte entre puertos argentinos. La iniciativa abre un nuevo frente de discusión sobre el modelo de desarrollo de la Marina Mercante nacional. Mientras algunos sectores impulsan una mayor flexibilización para reducir costos y ampliar la oferta de transporte, los gremios marítimos proponen una estrategia basada en incentivos fiscales, fortalecimiento de la bandera argentina y protección del empleo local.
Más producción
Por su parte, desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, destacaron la importancia estratégica de este paso: “Contar con una marina mercante poderosa es fundamental para acercar nuestra producción exportable a los mercados mundiales a un costo competitivo, pero eso debe hacerse protegiendo la integridad de la bandera nacional y los derechos de nuestros trabajadores”. “Hemos hecho oídos sordos a quienes proponen la entrega de nuestros ríos y mares. Por eso, hemos elaborado este proyecto que permitiría bajar los costos logísticos, aumentar las fuentes de trabajo y devolverle a la bandera argentina el lugar de privilegio que nunca debió perder”, resaltaron desde la entidad, mediante un comunicado.
En tanto, desde el sector destacaron el retiro definitivo de la propuesta denominada “Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”. Desde el sector ponderaron que la marcha atrás por parte de los impulsores del proyecto llega como consecuencia directa del “firme rechazo expresado por las organizaciones sindicales del sector y del acompañamiento brindado por la CGT en defensa del trabajo argentino y la producción nacional”. Desde la conducción nacional de la CGT subrayaron que la gravedad del proyecto obligó a tomar una postura activa de apoyo incondicional hacia los gremios marítimos y portuarios desde el inicio del conflicto.