Durante toda esta semana, el estupor por la amplia victoria del oficialismo nacional en las elecciones legislativas fue la principal sensación entre la dirigencia sindical. Pese a los escándalos previos, como la vinculación de su primer candidato en la provincia de Buenos Aires con un acusado de narcotráfico, el gobierno logró un importante apoyo de las urnas, y transformó una situación de crisis en una oportunidad de profundizar el rumbo iniciado en diciembre del 2023. Esto puso a la reforma laboral entre las prioridades de la futura agenda del Congreso, según adelantaron de inmediato voceros libertarios. Incluso algunos funcionarios comenzaron a dar detalles de los cambios que se impulsarán, todos muy parecidos a los que contenía la el DNU 70 y la Ley Bases, que la CGT rechazó y logró frenar mediante un amparo judicial. Pero con un escenario más favorable en cuanto a cantidad de diputados y senadores propios, la Casa Rosada irá nuevamente por ellos. Ante esto, los gremios se agrupan y plantean su estrategia de resistencia.
Esto se da en medio de una doble interna que complica: una, la que definirá la nueva conducción de la CGT; la otra, la que explotó otra vez dentro del peronismo. Pese a esto, la dirigencia promete responder en conjunto contra la reforma, a la par que el gobierno ratifica sus intenciones, una “guerra abierta” que tendrá su primera batalla en las sesiones ordinarias.
En la sede de la UOCRA, ayer jueves una mesa chica ampliada de la CGT se reunió por primera vez luego del triunfo libertario en las legislativas. La idea fue hacer un análisis de los resultados electorales, a la vez de consensuar una estrategia para limitar el impacto de la reforma laboral, que la Casa Rosada lanzó incluso ante de la victoria, como confirmo el secretario de Trabajo Julio Cordero en el Congreso los días previos. Cuando el oficialismo hizo circular versiones de un supuesto consenso para discutir los cambios –que van desde un nuevo techo salarial hasta condiciones flexibles de contratación y despidos –la dirigencia salió al cruce con un duro documento firmado por Gerardo Martínez.
El anfitrión de la cumbre de esta semana fue el encargado de hacer un balance de las consecuencias de los comicios. Allí dejaron claro que pese al supuesto apoyo popular, la CGT “se opondrá a una reforma regresiva que elimine derechos”. Así lo dijeron varios dirigentes consultados por Data Gremial, que agregaron que si bien esperarán “confirmaciones sobre las reformas concretas que se lleven al Congreso”, si son las que circulan habrá “rechazo total”.
En este punto, uno de los referentes sindicales consultados remarcó que “tanto la ley que ya se presentó como los cambios del DNU 70 son negativos, y ya se expresó que no habrá ningún apoyo”. La norma a la que se refieren es la Ley de promoción de inversiones y empleo, presentada por la diputada Romina Diez, de La Libertad Avanza de Santa Fe.
En la cumbre en la UOCRA se confirmó el rechazo a cualquiera propuesta que esté vinculada a estas dos iniciativas, confiando que la justicia ratifique las medidas cautelares que ya firmó en su momento. Además de mantener la estrategia judicial, la CGT podría recurrir a movilizaciones como forma de presión. También la idea de reunirse con bloques de legisladores para consensuar el rechazo a la hora de votar fue una de las propuestas.
En este sentido, se destacó la importancia que tuvieron las regionales del interior del país, que se juntaron los diputados y senadores de las provincias para convencerlos de rechazar en ese momento la Ley Bases. Esto podría repetirse en esta “batalla legislativa”. Esta tarea no será sencilla, y los dirigentes esperan que el oficialismo utilice todo su poder de fuego para intentar por un lado “sumar voluntades” y por otro doblegar la resistencia sindical. Como ejemplo, se confirmó que la Casa Rosada ordenó el congelamiento de un desembolso que se había comprometido con destino a las obras sociales sindicales, como parte de las negociaciones que hizo un sector de la dirigencia con el ministro de Salud Mario Lugones.
Se trata de unos 60 mil millones de pesos que iban a distribuirse según la cantidad de afiliados de las entidades, y que eran parte del fondo fiduciario armado en 2016 en el gobierno de Mauricio Macri. La sospecha de la dirigencia es que se usarán esos recursos como parte de la discusión por la reforma laboral.
Las armas libertarias
A la par que el sindicalismo prepara su “modo resistencia”, en el gobierno comienzan a darle forma a la iniciativa de reforma laboral, y los argumentos que usarán en el debate para intentar convencer a los legisladores y sus jefes políticos de darle apoyo. El primer paso lo dio el propio presidente Milei, que esta semana se sentó con varios de los mandatarios provinciales para armar la agenda. Además de dar detalles de la reforma, se espera que el oficialismo intente presionar a través de los discursos mediáticos, además de las medidas coercitivas, como la que dejó sin recursos a las obras sociales.
En este sentido, se sumó como arma de esta avanzada al ministro desregulador Federico Sturzenegger, quien confirmó que la iniciativa retoma los ejes del DNU 70. Esto incluye terminar con la llamada “ultraactividad” y lograr convenios por empresa, que funcionen como techos y no como pisos de condiciones laborales, como explicó la semana pasada Cordero.
Una de las iniciativas que impulsa el propio Sturzenegger apunta a terminar con la cuota solidaria de los sindicatos. Cada vez que se firma un convenio, los gremios consiguen mejoras para sus afiliados y todos los trabajadores del sector. Una forma de reconocer ese trabajo es pagando un aporte de esos empleados no sindicalizados. Esta es una forma de financiar las estructuras y funcionamiento de las entidades.
La reforma libertaria quiere hacer esto voluntario, lo que derivaría en un desfinanciamiento de la actividad. Para justificar esto, el ministro hizo difundir datos de lo que recaudan algunas organizaciones por esta cuota. El paper, al que tuvo acceso Data Gremial, puso como ejemplo al Sindicato de Camioneros, que con 244.289 afiliados tiene un aporte solidario del 3 por ciento sobre el sueldo de convenio y un 4 por ciento adicional. “Esto genera un aporte de 206.522 millones de pesos, equivalente a 845.401 pesos por trabajador”.
Comercio, el gremio más grande del país con 1.200.000 afiliados aproximadamente, tiene un 2 por ciento de aporte solidario, 2,5por ciento de otros aportes y 0,5 por ciento para INACAP, dando un total de un billón de pesos anual, o 803.649pesos por trabajador. Metalúrgicos (266.280 empleados): 2 por ciento de aporte solidario, sumas fijas por “otros” y 1 por ciento para ADIMRA, con un total de 96.582 millones de pesos anuales, o 362.710 pesos por trabajador.
La interna del peronismo
En esta disputa, dos internas tendrán especial injerencia en la fuerza que puedan alcanzar los gremios: la del peronismo y la sindical. La primera estalló luego de la derrota electoral, cuando comenzaron los pases de factura. Los dichos de Héctor Daer, criticando la actitud de Cristina Fernández de Kirchner al “bailar” en el balcón del departamento donde está detenida, puso a los gremios en el centro de la polémica. Por estos días varios referentes del entorno de la ex mandataria expresaron duras diatribas contra el co-titular de la CGT, y le marcaron su actitud dialoguista.
Lo cierto es que en Azopardo hay malestar por “los problemas que genera la política, y que después piden a los sindicatos arreglar”. “Es necesaria una profunda reflexión, no estamos llegando a la gente”, le dijo a Data Gremial una fuente cercana a la conducción de la central obrera. En este sentido, apunto a “las mismas caras de siempre” como parte de la derrota electoral.
En la CGT piden “más territorio” a la hora de desplegar propuestas en el peronismo”, y marcaron como un error “tener como única estrategia que el gobierno se equivoque, y como campaña ‘frenar a Milei’, sin nada que ofrecer”. Esta diagnóstico es compartido por buena parte de la dirigencia, aunque el sector más combativo, cercano al kirchnerismo, trata de desactivar. Esta disputa estará presente en la elección interna de noviembre, cuando se elija el nuevo triunvirato, que hasta ahora no tiene consenso en sus nombres.
Los candidatos están claros: Jorge Sola, jefe del gremio del Seguro y quien actualmente ocupa la vocería de la CGT; Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales. En este esquema, los combativos se quedan sin representación, por lo cual amenazan con no acompañar la fórmula. Pero no tiene peso para imponer o un triunviro o un secretario general único. La única salida, viendo la interna peronista, es romper, pero nadie piensa en ser marcado como el autor de la fractura.