La situación de la Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suma nuevos elementos de preocupación para el Gobierno nacional. A las denuncias presentadas por las centrales sindicales contra la gestión de Javier Milei por violaciones a derechos laborales, se agrega una deuda millonaria que el país mantiene con el organismo y que vuelve a colocar a la administración libertaria bajo observación internacional.
Según el informe oficial de contribuciones recibidas y pendientes al 1 de junio de 2026, la Argentina registra un saldo deudor total de 7.231.675 francos suizos. La cifra surge de una deuda acumulada de 5.494.444 francos suizos al cierre de 2025, a la que se sumó la cuota correspondiente a 2026 por 1.869.375 francos suizos, descontados créditos aplicados por 132.144 francos suizos.
Tomando como referencia una cotización cercana a 1,2 dólares por franco suizo, la deuda equivale a aproximadamente entre 8,5 y 9 millones de dólares.
El informe ubica además a la Argentina dentro del grupo de países que no habían efectuado pagos durante 2026, aunque sí recibieron créditos aplicados a sus contribuciones.
Las denuncias sindicales en Ginebra
La situación financiera se produce en simultáneo con una fuerte ofensiva sindical en el ámbito internacional. Durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, representantes de la CGT y de las dos CTA denunciaron ante la OIT lo que calificaron como un proceso de "desmantelamiento sistemático" de derechos laborales y de los mecanismos institucionales de diálogo social en la Argentina.
Las organizaciones sindicales cuestionaron especialmente el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, las restricciones al derecho de huelga, la pérdida de espacios de negociación colectiva y la falta de convocatoria a instancias tripartitas entre Estado, empresarios y trabajadores.
Los planteos fueron respaldados por diversas organizaciones sindicales internacionales y generaron un fuerte debate en la conferencia, donde incluso se produjeron cruces entre representantes gremiales argentinos y sectores empresariales respecto del alcance de las reformas impulsadas por la administración libertaria.
Un revés internacional
Las denuncias tuvieron repercusiones dentro de la propia OIT. Según informaron las centrales sindicales, el organismo resolvió incluir a la Argentina en una lista de casos que serán objeto de seguimiento especial, una decisión interpretada por los gremios como un fuerte llamado de atención al Gobierno nacional.
La situación se suma a otros informes internacionales recientes. Días atrás, el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional ubicó a la Argentina entre los países donde los trabajadores enfrentan un deterioro en las garantías para ejercer derechos fundamentales, señalando restricciones a la libertad sindical y al ejercicio de la negociación colectiva.
Una amenaza para el acuerdo con la Unión Europea
Más allá del plano laboral, especialistas y dirigentes sindicales advierten que la acumulación de observaciones internacionales podría impactar en uno de los principales objetivos estratégicos del Gobierno: la aprobación definitiva del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Los tratados modernos impulsados por Bruselas incorporan capítulos específicos vinculados a la sostenibilidad, el respeto de estándares ambientales y el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT. Por esa razón, cualquier señalamiento sobre incumplimientos laborales puede convertirse en un argumento para quienes dentro de Europa se oponen al acuerdo.
La posibilidad de que la OIT avance con observaciones o recomendaciones sobre la situación argentina podría ser utilizada por sectores políticos, sindicales y productivos europeos para exigir modificaciones, condicionamientos adicionales o incluso retrasar la ratificación parlamentaria del tratado.
En particular, diversos bloques del Parlamento Europeo y organizaciones vinculadas al sector agropecuario vienen manifestando reparos al acuerdo con el Mercosur. En ese contexto, las denuncias formuladas contra la Argentina podrían transformarse en una nueva herramienta para fortalecer las posiciones contrarias a la aprobación definitiva.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el desafío de responder a los cuestionamientos planteados por las centrales sindicales, regularizar su situación financiera ante la OIT y evitar que el creciente frente de conflictos laborales termine impactando sobre una negociación comercial considerada clave para la inserción internacional del país.