Esta semana, los trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan denunciarán a las autoridades del centro pediátrico por el “estado de persecución” que se vive en estos días. Es que luego del histórico triunfo de la lucha sindical, que consiguió un aumento extraordinario de salarios, se le abrieron sumarios a la mayoría de los referentes que encabezaron el reclamo, con la clara intensión de quitarles los fueros gremiales para despedirlos. El propio vocero presidencial Manuel Adorni admitió esta intensión. Ahora, aseguran que se multiplican las sanciones, lo que tensa el clima. El caso es solo una muestra de lo que pasa en el país respecto de la actividad gremial. La política laboral del gobierno de Javier Milei es claramente hostil a la defensa de los derechos de los trabajadores. la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las sanciones millonarias a la UTA y la Fraternidad o la intervención de docenas de obras sociales son algunos de los ejemplos de cómo la gestión ataca directamente a la organización sindical. A esto se le suma la represión en las calles y el uso de la justicia para perseguir dirigentes, con el secretario general de la CTA Autónoma de Córdoba Federico Giuliani como gran emblema. Por todo esto, no extraña que la Argentina esté en la peor categoría de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que difundió su índice mundial sobre respeto a los derechos laborales, y puso al país con nacionales como Bangladesh, Irak, Pakistán y Venezuela.
Esta semana, en el marco de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la CSI difundió sus datos sobre el mundo del trabajo. Así, se presentó el llamado Índice Global de los Derechos: el relevamiento, primero a nivel americano y luego global. El primero de los casos mostró el retroceso a la última categoría, algo que pasó a nivel planetario. En este caso, la Argentina está en la categoría 5, la anteúltima del ranking, sólo superando países que tiene destruido el estado de derecho.
El país comparte el sector de quienes tienen “derechos no garantizados”, junto a Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Esuatini, Pakistán, Irak, Irán, Nigeria, Panamá, Túnez, Turquía y muchos otros. Esta baja es la segunda consecutiva, lo que representa “un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años: un retroceso que pasa de la existencia de violaciones regulares a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”.
La entidad apunta directamente a la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada: “Desde su llegada al poder en 2023, el presidente Javier Milei encabezó un programa radicalmente ‘anti sindical’, socavando derechos básicos de los trabajadores, libertades civiles y la actividad sindical. Argentina pasó a formar parte de la lista de los diez peores países del mundo para los derechos de los empleados”, señaló el relevamiento, al que tuvo acceso Data Gremial.
El documento enumeró que los trabajadores argentinos “se enfrentan a reformas ilegales que debilitan la negociación colectiva; poderes que limitan la capacidad de protesta y coartan la libertad de expresión; y represión sindical en los sectores públicos y privados”. “Las condiciones para los empleados y los sindicatos se volvieron cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de Milei, que debilitó los derechos de los trabajadores en favor del sector privado, desde la eliminación de estructuras de diálogo social hasta reformas laborales que socavaron las negociaciones sindicales y el derecho a la protesta”, alertó la CSI.
Además, se cuestionó la reforma laboral que impulsó Milei y fue aprobada por el Congreso: “Impone unos niveles de servicios mínimos obligatorios para una gama más amplia de ‘servicios esenciales’ durante la negociación colectiva, y aplica a los convenios una serie de limitaciones que socavan la capacidad de los trabajadores para negociar condiciones justas”. “Milei introdujo numerosas órdenes represivas contra las protestas, otorgando a las fuerzas de seguridad amplios poderes para disuadir manifestaciones legítimas. La represión estatal se ha saldado con más de 1.350 heridos durante 2025, entre ellos trabajadores jubilados y sindicalistas”, comentó el informe.
Ejemplos del ataque
El informe de la entidad internacional recoge varios de los ejemplos de este ataque que se sufrieron en estos más de dos años de gestión libertaria. El caso más resonante, usado de ejemplo en el reporte, es el de Federico Giuliani, secretario general de la sección cordobesa de CTA Autónoma y ATE, que en agosto del 2025 fue detenido, en una violenta represión en la capital provincial junto a otros catorce manifestantes, un caso que fue largamente recogido por Data Gremial.
“Tras su puesta en libertad, el dirigente gremial huyó del país en calidad de refugiado político”, recordó la CSI. Por la gravedad del ataque, la OIT afirmó que el caso de Giuliani será examinado “en cuanto al fondo por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración una vez recibida la respuesta del gobierno”. En abril de este año, el dirigente volvió a la provincia para declarar, en medio de un impresionante operativo policial. “El Estado responde con semejante operativo ante una actividad pública, lo que constituye una clara señal de disciplinamiento hacia quienes denuncian el ajuste”, indicaron en un comunicado difundido tras la declaración.
Otro caso resonante del uso de la justicia para amedrentar la actividad sindical en la era Milei se dio en el subte, donde recientemente trabajadores y dirigentes fueron acusados en el marco de una denuncia penal que realizó el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, contra miembros y afiliados de la organización sindical metrodelegados que derivó en la imputación de 160 trabajadores del subte, al calificar las medidas de fuerza que realizaron durante el año 2024 como “extorsivas” y equipararlas a una supuesta toma de rehenes. “Es un ataque más a la libertad sindical”, sentenciaron.
Se trata de una maniobra que la fiscal Celsa Ramírez impulsa desde hace un tiempo, y que hizo que en abril pasado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se declaró en “estado de alerta y movilización”, y alertó que se trata de un claro caso de “criminalización de la protesta sindical”.
Contra las empresas
Además, el reporte apuntó contra el aprovechamiento que hacen las empresas de este clima de situación. Para eso, utilizó el caso de Lustramax, empresa proveedora de artículos de limpieza y papelería del parque industrial de la localidad de Tortuguitas en la provincia de Buenos Aires, que despidió 140 trabajadores en medio de un intento de aplicar la reforma laboral. “Los empleadores argentinos recurren con total impunidad a prácticas de explotación y represión sindical”, alerta la entidad internacional, y apunta a esta firma, que solicitó un procedimiento preventivo de crisis pese a haber registrado importantes beneficios.
“Haciendo caso omiso del proceso de conciliación obligatoria, despidió a una serie de trabajadores, entre ellos varios representantes sindicales, y envió a la policía a su fábrica para disolver una asamblea de trabajadores”, relató el infirme. Los empleados denunciaron “el impago de bonificaciones pendientes y meses de atrasos en las cotizaciones a la Seguridad Social”. “Los tribunales argentinos declararon que los despidos masivos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) eran discriminatorios, una alarmante confirmación de que el Gobierno está efectivamente tratando de mermar la representación sindical en el sector público”, describió la CSI.
El informe de la CSI –que corresponde a la 13ª edición del Índice Global de los Derechos y documenta las violaciones de derechos internacionalmente– consignó que en el 87 por ciento de los países relevados se violó el derecho a huelga; en el 80 por ciento se vulneró el derecho a la negociación colectiva; en el 75 por ciento se excluyó a los trabajadores del derecho a afiliarse a un sindicato; mientras que en el 75 por ciento de los países se impidió el registro de sindicatos.
Paralelamente, en el 72 por ciento de las naciones relevadas los empleados no accedieron a la justicia –o lo hicieron de forma restringida–; y en el 50 por ciento de los países se restringió la libertad de expresión y de reunión. “En 48 países se dieron casos de trabajadores que sufrieron actos de violencia. En 75 jurisdicciones se efectuaron arrestos y detenciones de trabajadores. También se registraron muertes de trabajadores y sindicalistas en cuatro países, como Angola, Colombia, Indonesia y México”, señaló el informe. El estudio también consignó que en los últimos nueve años “creció la cantidad de países que excluyeron a los trabajadores de la posibilidad de establecer o afiliarse a un sindicato, mientras que cada vez más jurisdicciones vulneraron el derecho a la negociación colectiva y al derecho a huelga”.
En cambio, los países que mejor posición registraron, donde las violaciones de los derechos laborales son esporádicas, fueron Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Noruega, Suecia y Uruguay. “En 2026, las calificaciones de Albania, Argentina, Francia y Panamá se deterioraron, mientras que las de Botswana, Reino Unido y Uruguay mejoraron. Estados Unidos, Filipinas, Guinea-Bissau, Israel, Liberia, la República de Moldavia y Zimbabwe corren el riesgo de empeorar debido a las constantes presiones a las que se encuentran sometidos las condiciones y los derechos de los trabajadores y los sindicatos”, apuntó el informe. No obstante, señaló que en los continentes de Europa y América “los derechos de los trabajadores están sufriendo un deterioro alarmante”.