En un reciente informe, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) confirmó que casi el 70 por ciento de las rutas nacionales se encuentra “en estado regular o malo”. Desde la asunción de Javier Milei, su motosierra tuvo especial énfasis en la obra pública, que en muchos casos se paralizó apenas llegó el libertario a la Casa Rosada. En dos años, los recursos girados a la Dirección de Vialidad Nacional están en los niveles más bajos de la historia, lo que hace que sus trabajadores denuncien su virtual parálisis. Esta realidad es confirmada por datos de un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que confirmó que el gasto total registró del Estad nacional presentó el año pasado “una caída real del 22 por ciento interanual respecto a 2023”. El ajuste, marcaron desde la entidad, no fue lineal: mientras sectores estratégicos para el desarrollo social y productivo sufrieron recortes de hasta el 100 por ciento, los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) experimentaron un salto del 69 por ciento. Por eso, cuando se actualicen los datos de FEPEVINA, la expectativa que la cifra de caminos con problemas sea superior, lo que marca una verdadera “catástrofe”, por lo que se pide declarar la emergencia vial.
El trabajo de CEPA se centró en el ajuste de las cuentas públicas respecto del gasto de la gestión libertaria en áreas claves. La motosierra sigue generando enormes inconvenientes, como sucede en la obra pública vinculada por los caminos bajo jurisdicción nacional. En este sentido, respecto a los organismos de transporte y obra pública, el reporte del centro especializado registró “fuertes caídas en la ejecución presupuestaria”, comenzando por la Dirección Nacional de Vialidad, que registra “una disminución del 72 por ciento, mientras que el Organismo Regulador de Aeropuertos cae un 43 por ciento”. “La Comisión Nacional de Regulación del Transporte sufre un recorte del 34 por ciento, la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 40 por ciento y la Administración de Bienes del Estado del 27 por ciento”, destacó el análisis realizado de los datos oficiales, al que tuvo acceso Data Gremial.
En el caso de Vialidad Nacional, los gremios denuncian que atraviesa “un proceso de reorientación institucional”, que implica un importante ajuste de los recursos disponibles. Así, se “abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas, para quedar reducida a un ente de planificación, control y fiscalización de concesiones privadas”. En tanto, para el interior bonaerense, por ejemplo, los datos de transporte y obra pública “son los más alarmantes”. El informe describe una “virtual paralización de los programas, con caídas que oscilan entre el 96,5 y el 100 por ciento”. En este contexto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires “fue eliminado en la práctica (caída del 100 por ciento), lo que limita la capacidad de respuesta de la gobernación en los distritos”. Algo similar sucede con los recursos que deben llegar a los municipios: La cooperación y asistencia técnica a las comunas retrocedió un 96,6 por ciento, “dejando a los intendentes locales sin el respaldo financiero habitual del Tesoro Nacional”.
Postura gremial
Los datos relevados por el Centro CEPA terminan de confirmar lo que vienen denunciando los trabajadores y sus gremios respecto de la entidad nacional: Cómo no pudieron cerrar Vialidad Nacional, la desfinancian para dejarla prácticamente paralizada. Según el documento de FEPEVINA sobre el estado de las rutas, “el abandono del mantenimiento preventivo incrementó la siniestralidad y elevó un 14 por ciento interanual las víctimas fatales, que alcanzaron las 4.369 muertes”. Desde el sindicato remarcaron que Vialidad Nacional “fue históricamente una herramienta de integración territorial y desarrollo federal, garantizando rutas y caminos en regiones donde el mercado no interviene por falta de rentabilidad”. “El nuevo modelo transforma la ruta en un negocio y el territorio en una variable de ganancia”, señalaron, y advirtieron que el sistema derivará en peajes más caros, menor control estatal y mayores riesgos para los usuarios.
En paralelo al conflicto, el Gobierno nacional avanzó con el llamado a licitación pública —nacional e internacional— para concesionar la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, una medida autorizada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. El esquema abarca rutas clave en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y reemplaza el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, administración y mantenimiento de los corredores.
Otros sectores ajustados
El ajuste que sufrió Vialidad Nacional es parte del desfinanciamiento del Estado nacional, que deja a varias áreas en situación dramática. En este sentido, el Centro CEPA dijo que al analizar la ejecución presupuestaria por función, se observa “una gran incidencia de la seguridad social sobre el total, ya que insumió el 58 por ciento del total del gasto”. En segundo lugar, también es significativa “la incidencia de los Servicios de Deuda Pública, que ocuparon el 8 por ciento del gasto total”. Luego se ubican otras funciones con incidencias menores, como Salud con el 6 por ciento, Educación y Cultura (5 por ciento), Energía, Combustibles y Minería (4 por ciento), Transporte (2 por ciento), Promoción y Asistencia Social (2 por ciento); y el resto de las aperturas con una incidencia menor al 2 por ciento de la ejecución total.
Sin embargo, al analizar el gasto por finalidad y función comparando en términos reales con el mismo período del año 2023, se observa una notable caída en la mayoría de los rubros. Se observa una “marcada reducción en la ejecución de la mayoría de las jurisdicciones”. El caso más importante por su incidencia en “el total es el recorte en el Ministerio de Capital Humano, donde la Secretaría de Educación registra una caída del 48 por ciento y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia una disminución del 73 por ciento”. Sobresale asimismo el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, “la cual incrementa su ejecución un 52 por ciento respecto a 2023”.