En el marco de una causa judicial que investiga estafas y otros delitos en La Salada, la feria popular más grande del país, el fin de semana largo detuvieron a dos sindicalistas acusados de estafar a feriantes. Se trata del ex secretario general del sindicato de feriantes SUTFRA Walter Aníbal Godoy y Jonatan Rojas, según confirmaron fuentes judiciales a diversos medios. El fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella acusan a los detenidos de realizar estafas por más de 40 millones de pesos. Godoy y Rojas, ambos con antecedentes penales, están acusados de pedirles dinero a los feriantes a cambio de mover influencias en el juzgado y la fiscalía para resolverles la medida que les impedía acceder a los puestos, vender y así ganarse la vida.
Concretamente, Godoy y Rojas fueron acusados de pedirles dinero a los feriantes a cambio de mover influencias en el juzgado y la fiscalía donde se tramitaba la causa de La Salada. En aquel momento, prometían resolverles la medida que les impedía acceder a los puestos en el paseo de compras de Ingeniero Budge. Se hicieron pasar por gestores. Godoy cumplió una condena por homicidio entre 2002 y 2017. Su supuesto cómplice, Rojas, tiene una condena de trece años en suspenso por secuestros extorsivos. La Casación le rechazó la apelación y ahora le toca definir a la corte suprema.
La demanda fue llevada adelante por 41 comerciantes que trabajaban en la feria Ocean-El Playón, parte del complejo de La Salada. Los tres acusados se habrían ofrecido a resolver un conflicto judicial de los puesteros a cambio de sumas millonarias de dinero. Concretamente, los supuestos gestores habrían cobrado unos 35 millones de pesos para ayudarlos a retomar sus puestos después de la clausura del predio el año pasado. Aseguraban tener influencia política y llegada directa a la fiscal Cecilia Incardona, quien llevaba adelante esa investigación.
Investigación
Según los testimonios que constan en el expediente, Godoy les pidió que juntaran, primero, a cambio del permiso definitivo para seguir vendiendo en el playón, que se emitiría de inmediato, con la firma de ambos funcionarios judiciales. Los feriantes primero dijeron haber reunido y entregado el dinero en casa de Rojas y luego, a pedido de la fiscalía, reconocieron el domicilio ubicado en la calle Mazzei de Longchamps, lo que agrava la situación de los detenidos. Tras semanas sin respuesta, finalmente Godoy pidió más plata a los feriantes, en su mayoría inmigrantes bolivianos.
Para construir el relato, se valieron de documentos falsificados que supuestamente provenían de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, además de un correo trucho creado para que la gestión pareciera verosímil. También se fabricó un amparo judicial con firmas y datos falsos. Los feriantes tuvieron que reunir una enorme suma de dinero, pero nunca obtenían resultados. La resolución no salía y sólo había excusas.
Amenazas
Una vez iniciada la causa, Godoy y Rojas amenazaron a los denunciantes con armas de fuego para que desistieran. También las amenazas son objeto de investigación, según las fuentes consultadas. Cuando se descubrió la mentira, uno de los imputados mandó una amenaza de muerte a un feriante: “Tu vida es muy fácil de terminar... ¿Sabés lo que valés vos? ¡Un pancho y una coca!”. Esa situación impulsó la demanda colectiva por los delitos de estafa reiterada y tráfico de influencia mentida, usurpación de títulos y honores, tráfico de influencias, falsificación de documento público y privado, asociación ilícita, difamación agravada, amenazas y coacción agravada.
La causa, que se tramita en la Justicia Federal y es seguida con atención por organismos de Estados Unidos por su relevancia en materia de crimen organizado y lavado. El trasfondo del caso refleja además una disputa de larga data por el derecho al trabajo y el reconocimiento de años de aportes. Muchos de los feriantes afectados sostienen que pagaron alquileres durante dos décadas o más por puestos en el playón de Ocean, montos que incluso duplicarían o triplicarían el valor comercial de un espacio formal. Pese a ello, no figuran en registros oficiales y reclaman ser equiparados con los cooperativistas reconocidos.
En medio de la clausura del predio en mayo pasado y la posterior intervención judicial en junio, las autoridades de la cooperativa decidieron cerrar los puestos informales para evitar conflictos con la interventora Leticia Torres. Esa decisión dejó a decenas de familias sin una fuente de ingresos estable y abrió la puerta a intermediarios que ofrecían supuestas soluciones rápidas a cambio de dinero.