En Mar del Plata, las cadenas de mayoristas se niegan a pagar un bono salarial incluido en la última paritaria mercantil. Así lo denunció esta semana el Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (SECZA) en una conferencia de prensa donde afirmó que el Ministerio de Trabajo provincial intimó a las empresas a cumplir con los pagos. El argumento para desconocer el incremento es que el acuerdo que lo establece no fue homologado por la Secretaría de Trabajo nacional, por lo cual no está vigente. Esto es parte de la estrategia del gobierno para frenar los aumentos y mantenerlos bajo el IPC, alegando que por arriba de esos niveles se genera “presión inflacionaria”. Esto pisó las discusiones en el primer semestre del año, que cierra con subas promedio por debajo de los precios, algo que festeja la gestión libertaria, pero que pone en alerta a los gremios.
Es que esto se traduce en una mayor pérdida salarial, más conflictividad y descontento generalizado, que crece desde abajo. En el balance de los primeros meses del año, hubo apenas unos pocos ganadores, como los trabajadores del sector agroexportador, que vienen mejorando sus ingresos de manera sostenida. El resto, apenas empates y muchas pérdidas, con casos extremos como el que destapó la rebelión de los médicos residentes del Garrahan.
Casos como el de los mayoristas de Mar del Plata se multiplican por la estrategia libertaria, que muchos dirigentes resumen como “precios libres, paritarias pisadas”. Esto está haciendo retroceder el poder de compra de los salarios, incluso los privados registrados, que en estos años, gracias a las negociaciones colectivas, estaban de alguna manera blindamos ante el deterioro de los ingresos. Pero desde que Javier Milei está en la Casa Rosada esto parece cambiar.
“El poder adquisitivo de los salarios registrados sufrió una extraordinaria caída al inicio del gobierno de Milei, con una posterior recuperación parcial, a medida que la inflación se fue desacelerando”, analizó un reciente informe del Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores. Pero este proceso llegó a un techo en noviembre de 2024, explicaron, “tanto porque el aumento del desempleo se hizo sentir en las negociaciones colectivas como porque el gobierno buscó explícitamente poner un límite a los aumentos salariales que fuese por debajo de la inflación”. Así, en el pasado mes de marzo “el salario real registrado quedó 6 por ciento por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2023”.
La evolución de estos salarios no fue igual en los sectores privado y público. En el primer, se ha llegado “casi a empatar a la inflación desde noviembre de 2023, aunque con una caída mensual real en marzo y perspectivas negativas en lo inmediato”. Este nivel salarial, dijo el trabajo al que tuvo Data Gremial, “es 5,6 por ciento inferior al de noviembre de 2019 en términos reales y 23,5 por ciento menor si se lo compara con el nivel de noviembre de 2015”. En cuanto a los salarios públicos, “muestran un retroceso sustantivamente mayor: se ubican 15,1 por ciento por debajo del nivel que tenían antes de la asunción del gobierno actual y resultan casi 20 por ciento inferiores respecto del final del gobierno de Mauricio Macri”.
La trayectoria negativa anterior implica que, “si se compara su nivel con el de noviembre de 2015, la pérdida alcanza al 38,4 por ciento. Finalmente, dos ingresos que dependen en forma directa de decisiones gubernamentales muestran caídas extraordinarias. “El salario mínimo, vital y móvil sufrió un deterioro tan grande en su poder de compra que quedó por debajo del nivel de la década de 1990. En el primer cuatrimestre de 2025 representaba el 68,6 por ciento del valor que tenía en 2023 y el 45,2 por ciento del nivel del año 2015”, mientras que los haberes previsionales “sufrieron un nuevo y grave retroceso enmarcado dentro de la política de ajuste del gasto público”. En 2024 el poder adquisitivo de la jubilación promedio cayó 10,2 por ciento anual, mientras que la jubilación mínima perdió 18,7 por ciento, quedando en un nivel coincidente con el del crítico año 2001.
Mapa de los aumentos
En este contexto complejo, en el primer semestre de este año la gestión libertaria profundizó su estrategia de frenar las discusiones salariales, desconociendo acuerdos por encima del 1-2 por ciento. Esto puede verse en los convenios firmados en estos meses, de acuerdo a un relevamiento realizado por Data Gremial, marcando como dato saliente que sólo dos gremios han logrado romper el techo de aumentos salariales impuesto por el gobierno. Por un lado, el gremio de la actividad privada de Aceiteros, con un 21 por ciento de aumento salarial; y por el otro, una organización del segmento público, como es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, que lidera Victorio Pirillo, que consiguió un 22 por ciento de aumento salarial al básico.
Otros sindicatos de peso tanto en el entramado de poder de la CGT como en la cantidad de afiliados como Camioneros, UOM, Comercio o Sanidad, no han podido romper el techo impuesto por el gobierno de Milei, y muchos de ellos, en el mejor de los casos, han recibido un 1 por ciento de aumento salarial. En un principio, esto marcha que la estrategia que ideó Luis Caputo, ministro de economía, está funcionando. Aunque el malestar creciente y la posibilidad de una ola de protestas pone en duda esa afirmación. Lo cierto es que la baja de la inflación cuenta con apoyo popular, como mostraron las primeras elecciones de este año, y envalentonan al gobierno. Habrá que ver el nuevo escenario con la detención de Cristina Fernández de Kirchner cambia eso.
El caso municipal
La suba del gremio comunal de San Vicente no sólo es una excepción en el panorama general de los asalariados, sino que es una especie de “perla” en un sector extremadamente vulnerable en materia de ingresos. En la semana, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESUMUBO) difundió un crudo informe sobre la pérdida del poder de compra del salario mínimo en mayo 2025. Los datos muestran que “no alcanza para cubrir ni el ingreso necesario para no caer en la indigencia”. Este ingreso es clave para los municipales, ya que es la medida que muchos intendentes usan para fijar los salarios de sus trabajadores. El trabajo estadístico al que tuvo acceso Data Gremial alerta que “el salario mínimo vital y móvil representa apenas el 27,7 por ciento del valor de la Canasta Básica Total —fijada en 1.110.623,65 pesos— y sólo el 61,6 por ciento del ingreso que necesita una familia para no caer en la indigencia (500.280,92 pesos)”.
Desde la FESIMUBO se “refuerza el reclamo de paritarias libres y sin techo”, a la vez que se denuncia “un contexto de creciente judicialización de la política, que afecta la democracia y los derechos sociales”. Además, la muestra –realizada en 125 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires –permite comprobar que en muchos lugares “estos sueldos están muy por debajo de lo necesario para vivir dignamente”.
Dos casos tomados como ejemplares de esta realidad son los de Saavedra y Guaminí. En el primero, en mayo se aplicó un recorte del 13 por ciento en los sueldos de funcionarios, concejales y trabajadores municipales. En paralelo, el segundo partido congeló los salarios y redujo al mínimo el pago de horas extras, en el marco de una declaración de “emergencia económica”. Algunos de los sueldos básicos relevados en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires son San Isidro, 360 mil 747 pesos; Pilar, 274 mil 887 pesos; Moreno, 327 mil pesos; La Matanza, 160 mil pesos; y Merlo, 60 mil pesos.