Este mes, se completará el esquema de aumentos del salario mínimo en el país, llevando el sueldo base a 322 mil pesos. Según lo acordado por el Consejo del Salario, el espacio tripartito que compartes centrales obreras, empresarios y el gobierno, ese será el valor desde este mes para los trabajadores registrados con jornadas completas de 48 horas semanales. Así lo dispuso la resolución 25/2025 publicada en el Boletín Oficial, tras el acuerdo de mayo pasado, que fue duramente criticado porque no se consiguió por consenso, sino bajo el laudo estatal, que se acercó mucho a la oferta empresarial y estuvo lejos de las pretensiones de los gremios.
Este incremento profundizó la pérdida del poder de compra el ingreso, que se viene deteriorando en las últimas décadas, y que tuvo un impacto negativo a partir de la devaluación que inauguró la gestión de Javier Milei. En este sentido, un informe de la CTA de los Trabajadores alertó sobre la forma lo profundo de la crisis del mínimo, vital y móvil, que hace que el poder de compra esté por debajo de dos momentos de crisis muy grande: los 90 y la salida de la convertibilidad. Además, el reporte aseguró que la brecha entre el mínimo y el promedio de ingresos de los trabajadores registrados es la más amplia en años. Lo mismo pasa con el ingreso que mide la Junta Interna del INDEC.
El debate sobre la pérdida del salario mínimo se dio luego de la última actualización del ingreso base, que comenzó a cobrarse este mes. En este sentido, el Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores recordó que la “brutal devaluación que marcó el inicio de la política económica del gobierno de Milei provocó una pérdida de alrededor de 30 por ciento en el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.
En tanto, la pérdida sufrida durante la gestión libertaria se acumula “con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en agosto de 2025 en un nivel real que resulta 43,4 por ciento más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7 por ciento menor que noviembre de 2015”. Tras este retroceso histórico, concluyó el informe al que tuvo acceso Data Gremial, el valor real del salario mínimo “es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando, como ocurre hoy, esta política había sido deliberadamente abandonada como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad en los ingresos”.
CIFRA recordó que desde que asumió Milei, hubo cinco reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que finalizaron sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores. Como resultado, “fue la Secretaría de Trabajo la que determinó los aumentos nominales –prácticamente equivalentes a la propuesta empresarial–, los cuales no sólo no buscaron recuperar el poder de compra perdido tras la devaluación, sino que incluso continuaron erosionándolo”.
Por eso, si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, “superaría actualmente los 740 mil pesos”. “Esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados: representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado”, analizó el informe. En tanto, la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia “revela una situación incluso peor que la del año 2001”. En julio, “una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza”.
Impacto
Más allá de los salarios mínimos, la actualización impactará en millones de argentinos porque este sueldo funciona como referencia para jubilaciones, pensiones, planes sociales y programas de empleo.
Entre ellos, los que administra ANSES, como jubilaciones mínimas y pensiones, que se ajustan de manera proporcional al nuevo monto; asignaciones familiares y programas de empleo subsidiado, que dependen del piso salarial para calcular sus beneficios; y prestación por desempleo, directamente atada al valor del salario mínimo. De este modo, cada suba del salario mínimo “no solo beneficia a los trabajadores registrados, sino que también refuerza la protección social de jubilados y sectores vulnerables”.
El tema del mínimo es parte de la agenda de los gremios. En la era Milei, pese a las diferencias, la CGT y las dos CTA fueron con posturas comunes a la hora de negociar, incluso acordaron la cifra para reclamar.
Esto no alcanzó para torcer la estrategia oficial, que como sucede con las paritarias de los trabajadores registrados, impone un techo que profundiza el retroceso del ingreso. Pensando en el futuro encuentro, que se espera sea en los próximos meses, la dirigencia ya plantea la necesidad de una recuperación de peso. En el reciente encuentro de regionales de la CGT, se elaboró un documento con nueve áreas temáticas. En la denominada Salarios, poder adquisitivo y distribución del ingreso, se estableció fomentar “el debate sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil”, para luchar contra “el congelamiento salarial de facto en sectores estatales y privados”.
Comparación
La brecha entre los salarios registrados y el mínimo se profundizó en la era libertaria, como muestra el reporte de CIFRA. Mucho más si los ingresos se toman de acuerdo a la canasta de productos y servicios que miden los trabajadores del INDEC, que todos los meses difunde las necesidades de una familia tipo. Para el mes de julio, el salario “deseable” para este momento, se ubicó cerca de los dos millones de pesos.
Según el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, “un trabajador necesitó 1.906.092 pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar”. Este valor se compone de “652.632 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 1.253.460 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”.
Desde que asumió el gobierno “la inflación acumulada es de un 214,5 por ciento, y la pérdida del poder de compra de un 27 por ciento para el caso testigo (Nivel D Grado 0)”. En el periodo de referencia de este cálculo, que va de diciembre 2015 a julio 2025, “la pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos, para el nivel D0 es de un 52 por ciento”. “Para graficarlo de una manera clara es igual a 38 canastas básicas Totales a valores del mes de julio del año”, concluyó el reporte. Por eso, este jueves se hará una radio abierta frente a la sede del INDEC, para pedir urgente reapertura de la paritaria estatal y una recomposición de emergencia”.
La Junta Interna del INDEC caracterizó este momento como “de un brutal ataque al pueblo trabajador (activo o no activo), la criminalización de la protesta, el achique del estado y una crisis institucional muy grave, con fuertes movilizaciones en la calle y denuncias de corrupción contra el gobierno nacional”.