A partir de una serie de derrotas legislativas, el gobierno nacional tuvo que frenar sus planes para desguazar varias entidades, como Vialidad Nacional. El límite a la motosierra del presidente incluye las fusiones que se hicieron antes de que se vencieran las facultades delegadas, que fueron el instrumento usado por el Ministerio de Desregulación para achicar al máximo las oficinas públicas. Pese a esto, el ajuste se siga dando “de hecho”, y hay alarma con lo que puede pasar en la segunda parte del año con varios organismos claves, como el INTA y el INTI, que no se pudieron cerrar pero se siguen desfinanciando, limitando su funcionamiento.
Uno de los últimos casos es el cierre del canal Cine.ar TV y la privatización de la plataforma Cine.ar Play, decisiones atribuidas a la actual gestión nacional. Luego de una serie de cambios que comenzaron en marzo del 2024, la gestión libertaria decidió tomar esta medida extrema, que viene de la mano de un “vaciamiento de las políticas culturales”. Según sus trabajadores, estas medidas impulsadas por el gobierno “ponen en riesgo el acceso público al cine nacional”, además de los puestos laborales que allí se desempeñan. Además, desde ATE criticaron el presupuesto 2026, que afirman mantiene el ajuste sobre las dependencias estatales, lo que hace pensar que estas medidas seguirán adelante pese a las normas legislativa so los fallos judiciales.
Con la excusa de reducir gasto, desde ATE-INCAA denunciaron que “se pretende apagar el único canal que exhibe cine nacional las 24 horas desde Ushuaia a La Quiaca y que cuenta con más de 3 mil películas y cortos para el acceso público y gratuito”. Además de ser “una oportunidad para que artistas audiovisuales nacionales den a conocer sus obras y para que los públicos tengan acceso a contenidos diversos, estas pantallas resguardan y difunden parte fundamental de nuestro patrimonio audiovisual”.
“El gobierno y los funcionarios deben rendir cuenta por el resguardo, preservación y acceso a las películas alojadas en el sistema de almacenamiento, gestión y archivo de todo el material audiovisual digitalizado en manos del INCAA”, destacaron desde el gremio. Junto a entidades del mundo de la cultura, los trabajadores sostienen que estas medidas representan “un ataque directo al patrimonio audiovisual argentino y a los derechos culturales de la población”.
Los trabajadores advierten que el costo operativo anual de Cine.ar Play, Cine.ar TV y Cine.ar Estrenos asciende a unos 330 mil dólares, lo que representa apenas 0,9 por ciento del presupuesto del INCAA, que cuenta con ingresos de alrededor de 53 mil millones de pesos. En este sentido, califican la medida como “irracional” y parte de un proceso de vaciamiento que ya incluye despidos, retiros voluntarios y tercerización de tareas, como en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Ingrid Urrutia, titular de la Junta Interna de ATE en el INCAA, remarcó que los trabajadores del organismo “estamos denunciando las decisiones que se tomaron en los últimos días, que incluyen el cierre del canal Cine.ar TV y la privatización de la plataforma”. “Ambas pantallas son indispensables para ofrecer acceso público y gratuito a más de 3 mil títulos de la producción nacional, tanto de películas como series, que no serán posibles llegar a la población, más en un contexto de crisis económica como el que vivimos”, le dijo Urrutia a Data Gremial. Por esto, pidió “poner en valor” estas plataformas, y recalcó que “no se está ahorrando nada con su cierre”, por los datos que se exhibieron desde el gremio.
“El INCAA no puede prescindir de ningún trabajador o trabajadora. Exigimos un freno inmediato a la violencia institucional y a la extorsión sobre los compañeros de Cine.ar”, sostuvieron en el comunicado difundido. En tanto, Urrutia llamó a la comunidad cinematográfica y de la cultura a “defender estas pantallas y al cine general, ya que con el vaciamiento enorme al que se sometió al INCAA, con 500 puestos de trabajo perdidos, continúa lo peor para la actividad”. Por eso, desde ATE-INCAA pidieron la renuncia del titular de la entidad Carlos Pirovano.
Largo recorrido
El debate en torno de los canales de producción nacional se remonta a marzo de 2024, cuando el decreto 194, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, dispuso la transferencia de ambas pantallas a la órbita de la Secretaría de Comunicación y Medios. Meses después, en mayo, el INCAA y Radio y Televisión Argentina (RTA) S.E. firmaron un convenio para avanzar con el traspaso. En aquel momento, funcionarios llegaron a hablar de un “megaproyecto” que comparaban con una “BBC argentina”.
Sin embargo, la estrategia cambió y el discurso oficial derivó en el anuncio de cierre y privatización. Cine.ar TV fue inaugurado en 2010 como INCAA TV y Cine.ar Play comenzó a funcionar en 2015 bajo el nombre Odeon. Según datos oficiales, la plataforma cuenta con más de 2,6 millones de usuarios registrados, sumó 56 mil nuevos en el primer semestre de 2024 y registró más de 309 mil visualizaciones, cifras que contradicen el argumento de falta de audiencia.
Los trabajadores de la Junta Interna de ATE en el INCAA exigieron que se garantice la preservación de los archivos almacenados en el sistema M.A.M. (Media Asset Management) y advirtieron que la pérdida de estas ventanas de exhibición sería un golpe al cine nacional, especialmente en un contexto en el que la asistencia a salas cayó un 72 por ciento interanual en el primer semestre de 2024. “La privatización o hasta una posible subasta para Cine.ar Play no es una opción”, insistieron desde ATE. Los números dan cuenta de que “mienten cuando dicen que no hay espectadores”.
La plataforma tiene actualmente más de 2.600.000 de usuarios registrados. Sobre los puestos de trabajo, el gremio recalcó que “los retiros que ofrecen como también los pases a disponibilidad”. “El INCAA así como esta no puede prescindir de ningún trabajador o trabajadora”, por eso exigen “un freno a la violencia institucional, a la extorsión y a los mensajes privados que le llegan a los trabajadores de parte de jefes con el objetivo de persuadir para que acepten la oferta de la gestión libertaria”.
Números del presupuesto
En tanto, un equipo conformado por miembros del Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y del Instituto de Estudios y Formación (IEF) elaboró un informe donde analizaron los datos del proyecto de presupuesto 2026, que fue presentado por el presidente Milei en cadena nacional la semana pasada.
En el mismo, se asegura que los datos “constituyen la cristalización del ajuste ya realizado en los primeros años de gestión”. “Se trata de un presupuesto diseñado para sostener la contracción del gasto público, priorizar el pago de la deuda y garantizar un superávit financiero que, lejos de resolver los problemas estructurales de la economía, anticipa nuevos recortes en caso de que la recaudación caiga. Este escenario es altamente probable en el marco del industricidio en curso, de la caída del consumo y de una política recesiva que erosiona las bases tributarias”, explicó el informe en su introducción para las entidades, el texto presupuestario “invisibiliza, además, la verdadera magnitud del peso de la deuda ya que la mayor parte de los intereses son capitalizables y, por lo tanto, no se registran como gasto corriente, aunque incrementan de manera explosiva el endeudamiento. Bajo esta contabilidad parcial, se proyecta un resultado superavitario que, incluso después de pagar los intereses, permitiría aumentar significativamente partidas sensibles como salud, educación, infraestructura o políticas sociales. Plata hay; la decisión de no utilizarla en favor de la mayoría es puramente política”.
“El problema de fondo es que las proyecciones oficiales se apoyan en supuestos macroeconómicos inverosímiles. La combinación de atraso cambiario, déficit comercial estructural, estimaciones irreales de inflación y crecimiento, y un esquema financiero dependiente del FMI, vuelve inconsistente la narrativa oficial. Una pauta de inflación apenas más realista -como la que surge del propio REM del BCRA- muestra que el ajuste presupuestario sería todavía mayor sin verificarse ningún relajamiento en lo proyectado para el año que viene”, agrega la introducción.
“Por último, el superávit no resuelve la restricción externa, que el propio Presupuesto reconoce al proyectar déficits comerciales continuos hasta 2028. En ese marco, la economía seguirá chocando con la falta de divisas, lo que compromete tanto el crecimiento como la sostenibilidad del esquema financiero. Dicho de otro modo, al revés de lo que sostiene Milei, lo peor no pasó, continuará ocurriendo de sostenerse el rumbo que propone el Gobierno Nacional”, asegura el documento del IDEP, del IPyPP y del IEF.