En su última cadena nacional, el presidente Javier Milei dejó en claro que no retrocederá en su política de vetos a las leyes que lo obligan a cambiar su ajuste presupuestario. A días que la cámara de Diputados diera media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de emergencia pediátrica, que obligan en ambos casos al gobierno a garantizar recursos para el funcionamiento de dos áreas claves, el mandatario ratificó que si se aprueba irá por el veto, como hizo con el aumento a jubilados y otras medidas. Este enfrentamiento con el Congreso se profundizó este martes, cuando un decreto avanza con el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pese a que los legisladores rechazaron el DNU que disponía el cierre o fusión de este y otros organismos nacionales. Es un nuevo desafío pone en alerta a los gremios, que explicaron que esta nueva violación a la “convivencia democrática” pone en evidencia el carácter autoritario de la gestión libertaria.
Para prepararse contra estas nuevas medidas de la motosierra, ya se preparan medidas, como una gran “marcha federal de la salud”, una propuesta del Hospital Garrahan para enfrentar el veto a la norma que lo beneficia, y que se sabe contará con el apoyo de entidades sanitarias de todo el país.
El decreto 571/25 se publicó esta semana en el Boletín Oficial, y dispone la disolución de la Dirección Nacional del INTA. Pese a que el Congreso rechazó el DNU que disponía la transformación del organismo, en el marco de las facultades delegadas. La idea del gobierno es terminar con la estructura descentralizada y el control de forma autónoma de sus fondos que regía hasta el momento. Según las versiones, el principal objetivo de las autoridades es rematar la mitad de las tierras del organismo y despedir a 1.500 técnicos, especialistas, investigadores y administrativos.
Pese a que el Congreso le puso freno a esta iniciativa, la Casa Rosada avanzó en su plan, que fue criticado por los gremios del sector, que recordaron que incluso hay además del rechazo de la legislatura un fallo judicial que pone freno al plan de transformación. De la misma forma, se intentaron por ambas vías frenar el desguace del INTA y de la Dirección de Vialidad Nacional, entre otras entidades, pero esta medida pone en duda que el oficialismo vaya a frenar sus planes.
“Por el momento, en Vialidad Nacional se está respetando la medida cautelar de la justicia que frenó su disolución, incluso los gerentes la están haciendo respetar”, dijo al respecto Fabián Cattanzaro, secretario Gremial y de Prensa de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA). Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente explicó que “en todo caso la disolución del organismo puede venir de varios lados”. Hace unos días, la cámara de Diputados rechazó el DNU 461/2025, con 138 votos en contra, 65 a favor y 2 abstenciones. Ahora deberá ratificar la medida el Senado. “Si el decreto finalmente se les cae, pueden avanzar con otras medidas, asfixiándola presupuestariamente, paralizando las obras y el mantenimiento y buscar algunas alternativas de gestión que puedan hacer desde la Secretaría de Obras Publicas”, alertó Cattanzaro.
Para el referente de FEPEVINA, en el caso de Vialidad se mezcla “el trasfondo electoral, y lo simbólico de la entidad”. “Algunas de las reformas que estaban en el DNU que rechazó Diputados las podían hacer sin ese decreto, que hayan actuado de esta manera lo encuentro como parte de una veta electoralista”, analizó.
Expectativa
Si el gobierno decide ignorar las órdenes del Congreso y avanzar con sus reformas pese a la caída de los vetos, la tensión aumentará. Lo que se sabe es que las normas que según su mirada “rompan el equilibrio fiscal”, las normas correrán el mismo destino: la anulación presidencial.
Por eso, la alegría que expresaron los promotores de la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica, conocida popularmente como “ley Garrahan”, puede durar poco. Si bien los gremios de ambos sectores adelantaron que “primero hay que garantizar los votos en el Senado”, ya están pensando en la forma de enfrentar los vetos. En el caso de los trabajadores del centro de referencia pediátrica, ya anunciaron su intención de realizar una gran marcha federal a fines de agoto, cuando el tema esté definido.
Esta nueva movilización ya fue anunciada a varios sectores, que se comprometieron a sumarse en caso del veto presidencia. “Primero vamos a pedirle a los senadores que aprueben con el mayor numero de vetos la ley, después veremos”, le expresó a Data Gremial María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA). Si el veto ocurre, agregó, “vamos a movilizarnos con el Garrahan y todos los sectores de la salud pública en todo el país”. Boriotti destacó que, si bien el camino a recorrer es largo, la media sanción de la semana pasada “permite alimentar las esperanzas de que se frene la motosierra sobre el hospital pediátrico más importante de la Argentina y, por extensión, sobre todo el sistema público de salud”.
Desde la asunción del gobierno de Milei, denunciaron desde FESPROSA, éste planteó “su voluntad de destruir al Estado desde adentro”. “Esto abarca el INTI, el INTA, el CONICET, ARSAT y las universidades, todas instituciones con gran apoyo comunitario”, agregó la entidad mediante un documento.
La destrucción del Garrahan, afirmaron, “nave insignia de la sanidad pública argentina, no es una consecuencia no buscada por el gobierno. Todo lo contrario. Su destrucción tiene como objeto golpear al medio millón de trabajadores de la salud pública que sostienen el sistema y a los 1700 hospitales y 6 mil unidades sanitarias que lo componen”.
Universidades
Otro de los proyectos que está en la mira presidencial es el de financiamiento universitario, que fija aumentos salariales y fondos para gastos de financiamiento, recuperando lo perdido contra la inflación en el último año y medio y estableciendo actualizaciones periódicas, en un formato similar al que ya fuera aprobado el año pasado y luego vetado por el Poder Ejecutivo. Pero esta vez la oposición cuenta con números más amplios y está muy cerca de los dos tercios que le permitirían “blindar” el proyecto contra el eventual veto.
Los gremios docentes universitarios denuncian que los atrasos salariales acumulados ya implican una pérdida superior al 40 por ciento en relación con los salarios percibidos en 2023. Además, este deterioro también genera el abandono de numerosos docentes y profesionales de las universidades nacionales, que ante el sistemático desfinanciamiento estatal terminan resignándose a buscar salarios más dignos en el sector privado.
Para respaldar la iniciativa, los distintos integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales lanzaron una semana de medidas de visibilidad de la situación que atraviesa, que comenzó este lunes con un paro nacional de docentes y nodocentes.
“Ahora esperamos que el senado trate rápidamente la ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene media sanción en diputados, para que el congreso de una respuesta a todo el sistema universitario, que hasta ahora no hemos tenido del lado del poder ejecutivo”, sostuvo Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN). “Lamentablemente este gobierno avanza en contra de los jubilados, de los universitarios, de la ciencia, de las personas con discapacidad”, resaltó.