Cuando era diputado nacional, el actual presidente Javier Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas, una iniciativa para crear un programa para lograr la detección y la prevención de estas patologías, que según las estimaciones afectan a unos 7 mil recién nacidos en el país cada año. “Implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos y además implicaba más gastos. Lo votamos en función del ideario liberal”, fue el argumento del entonces legislador para rechazar la propuesta que finalmente se aprobó y puso en marcha. Con este antecedente, no fue sorpresa que el gobierno nacional decidiera a fin del 2025 el cierre del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), que se implementó en el 2008 y empalmó su tarea con la ley.
A través del Ministerio de Salud, se anunció a los integrantes del espacio el cierre del plan, que no es aislado, y parece responder a un nuevo ajuste del sistema nacional de salud, que incluye el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la polémica oficina que está en la mira de la justicia por la denuncia de coimas que involucra a Karina Milei. Además, se realizaron cambios en la comisión que asesora al gobierno sobre vacunaciones, y se plantean reformas en los hospitales administrados de forma conjunto con las provincias. Los gremios del sector y las sociedades científicas se pronunciaron contra este nuevo giro
Los cambios en el sistema de salud nacional generan alarma entre los trabajadores y profesionales, ya que deja sin atención a miles de personas. La decisión de cesar en sus funciones a los integrantes del PNCC se dio de forma verbal o por un mensaje. “Usted no se encuentra contemplado en el proyecto de acto administrativo de renovación para el período 2026” fue la escueta información que recibieron los integrantes del plan, que sigue las notificaciones de recién nacidos con cardiopatías, que en la mitad de los casos requieren cirugías complejas. A partir de ahora será una oficina con apenas seis empleados. A esto se le sumó la disolución de la ANDIS, popularizada por las denuncias de coimas en la compra de medicamentos que involucran entre otras personas a la hermana del presidente.
Así se definió mediante el (DNU 942/2025 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del mandatario libertario y todos los integrantes de su gabinete. Allí, el gobierno avanza según su mirada en “una profunda reestructuración en el área de discapacidad y salud pública”. En tanto, en esta ola de ajuste se disolvió la Comisión Nacional de Ética Biomédica y se reemplazó por un nuevo organismo, la Comisión Nacional de Bioética, presidido por el propio Mario Lugones, ministro de Salud. Mediante el decreto 893, el gobierno dispuso la creación de esta comisión que contará con “seis miembros titulares, más tres suplentes, que durarán cuatro años en el cargo”. La selección de sus integrantes dependerá del actual ministro, que retuvo la presidencia del nuevo organismo.
Para los integrantes del sistema sanitario, estas reformas se inscriben en “una estrategia más general que no sólo implica más ajuste, sino además la concreción de las reformas estructurales ‘anti derechos’”. Así se lo dijo a Data Gremial el secretario general de gremio médico CICOP Guillermo Pacagnini, que incluyó en estos cambios “de fondos” la reforma laboral, previsional e impositiva. “Una de las grandes conquistas del movimiento obrero argentino es tener un sistema de salud público, que si bien viene hace mucho tiempo muy debilitado y desfinanciado sigue dando respuestas, pero el gobierno de Milei busca una nueva vuelta de tuerca para su ajuste”, agregó Pacagnini, integrante de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS).
El dirigente recordó que ya hubo cambios similares estos dos años, como el achicamiento de la ANMAT, organismo de control de medicamentos, que derivó en el escándalo de un analgésico contaminado que se sospecha mató a más de 100 pacientes. “Con el tema del fentanilo se metió mucha mugre bajo la alfombra”, recalcó Pacagninio. En general, recalcó el referente de CICOP, para el año que viene hay “un ajuste del presupuesto de salud muy grande, y se le puso toda la carga de sostener el sistema a las provincias”.
Vacunación en la mira
Además de estos cierres, el Ministerio de Salud avanzó con otros cambios, uno de ellos que despertó la alarma sanitaria de distintos sectores. Se trata de un cambio en el funcionamiento y la composición de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), entidad que asesora desde hace años en materia de vacunación a los distintos gobiernos nacionales. En momentos que la baja histórica de la aplicación de las vacunas del Calendario Oficial, se decidió dar este paso, que cambia la forma de trabajo de un espacio con alto prestigio, y cosechó una gran cantidad e críticas. Una de las medidas más importantes es que se reemplaza la presidencia, hoy en manos de la infectóloga pediátrica Angela Gentile, que pasará a manos de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), que desde ahora estará a cargo de la comisión.
Esto y otras reformas no fueron bien recibidas por un grupo de sociedades científicas vinculadas a la inmunización, que emitieron un comunicado donde expresaron sus dudas y criticando algunas de las medidas tomadas. “Desde su creación en el año 2000, la CONAIN fue concebida como un órgano asesor técnico independiente, plural, federal y multidisciplinario, capaz de aportar evidencia científica y criterio sanitario autónomo para orientar decisiones de alto impacto en salud pública. Estas modificaciones implican un cambio sustantivo en la naturaleza de la CONAIN, afectando de manera directa los pilares que históricamente han sustentado las políticas de inmunización en la Argentina”, advirtieron.
Mediante un extenso documento, al que tuvo acceso data gremial, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Virología, la Asociación Argentina de Microbiología y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), entre muchas otras, plantearon que la decisión de que la comisión funcione dentro de una dirección del Ministerio de Salud y solo pueda actuar ante su requerimiento “limita su capacidad de asesoramiento autónomo y convierte a la comisión en un órgano dependiente de la autoridad que debe asesorar”.
En el mismo sentido, cuestionaron que “quien debe ser asesorado pasa a presidir el órgano que debería asesorarlo, lo que elimina la independencia técnica y la capacidad de control experto”. Por su parte, Pacagnini dijo que el cambio de organigrama interno “se va a sentir, porque repercute en la calidad técnica de la comisión”.
Además, las entidades científicas alertaron que con la nueva estructura “se elimina la participación federal y la representación histórica de las provincias, esto implica la invisibilización de las realidades territoriales y epidemiológicas donde se implementan las estrategias de vacunación", así como “se reduce la pluralidad y la interdisciplinariedad, dado que los nuevos integrantes surgirán de ternas elevadas por Facultades de Medicina por lo que la selección de los miembros queda restringida a una mirada médico–centralista".
Las principales sociedades médicas del país expresaron que "esta situación resulta aún más preocupante en el contexto actual, marcado por falta de políticas públicas que difundan la importancia de la prevención primaria a través de las vacunas por parte del Estado nacional y la consecuente disminución sostenida de las coberturas de vacunación que está generando reaparición y reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles".
Más ajuste
En este contexto, se espera que el ajuste siga golpeando al sistema sanitario, que si bien está en manos de las provincias, la Nación interviene con planes verticales, que ayudan a completar la atención. Esto es lo que denunciaron al respecto de los cambios desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), que denunció la gestión de Lugones, ya que también disolvió el programa de prevención del embarazo adolescente, eliminó la ANLAP (producción pública de medicamentos) y el Instituto Nacional del Cáncer.
“El ministro Lugones es el responsable de las más de mil cesantías en el Posadas, el Bonaparte y el Ministerio de Salud, y tomó la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esa persona presidirá el Comité Nacional de Bioética. Parece una provocación, lejos está de ser la persona idónea para el cargo”, agregaron.
En tanto, Pacagnini denunció que en este tiempo el gobierno de Mieli “seguirá atacando programas y personal sanitario, como cuando se intentó cerrar el Hospital Claudia Bonaparte”. En este sentido, recalcó que se buscará hacer que “el Estado nacional se desligue de toda responsabilidad en materia de salud, como pasó en el conflicto en el Garrahan, donde la comunidad defendió fuertemente la lucha”, porque en el fondo la estrategia es “liberar esos recursos”, con el hospital pediátrico como “nave insignia”.