Creado en los 90 como parte de la Ley de Empleo 24.013, el Proceso Preventivo de Crisis (PPC) es un mecanismo legal que permite a las empresas en dificultad económica negociar –ya sea con sus trabajadores y su sindicato o con el Estado –alternativas previas a medidas drásticas, ya sea despidos o suspensiones, e incluso reducciones salariales. La idea es tomar medidas extraordinarias en consenso para evitar el desenlace final, es decir, el cierre de la empresa. A lo largo del tiempo este instrumento se fue usando para saltear las distintas crisis, pero en los últimos años de gestión libertaria se dio un fenómeno que si bien existió en otros gobiernos, con el actual se intensificó: Los pedidos fraudulentos de PPC. El caso fue denunciado en Lustramax, empresa dedicada a la producción de elementos descartables para distintas industrias, que vienen realizando despidos bajo el argumento de una supuesta crisis, que sus empleados niegan. Es que muchas veces las firmas argumentan dificultades que no existen, sobre todo en estos tiempos donde la reforma laboral se cierne en el horizonte como una amenaza concreta. Es que muchos preventivos son, como dicen los gremios, un “laboratorio” para aplicar la flexibilización que trae el proyecto del oficialismo. Por eso no es llamativo que en 2025, segundo año de la gestión de La Libertad Avanza, la cantidad de PPC haya batido records, y se ubique cerca de los 150, la cifra más importante de la historia reciente.
Los datos sobre Proceso Preventivo de Crisis del año pasado marcan por un lado la situación de varios sectores afectados por el modelo libertario, como la industria, pero también cómo algunas firmas usan este instrumento para otros fines. Lo cierto es que el año pasado, las cifras oficiales muestran que este mecanismo llegó a niveles históricos. Según datos oficiales del Ministerio de Capital Humano, hasta octubre se abrieron 143 expedientes, superando los 131 de 2024 y alcanzando “el nivel más alto desde 2019, cuando la recesión y la corrida cambiaria dispararon las presentaciones”.
El incremento refleja “las tensiones que atraviesa el tejido productivo en un año marcado por la caída del consumo, la apertura comercial y un proceso de estabilización económica que avanza con fuertes impactos sobre la industria”. En comparación con 2023, el primer año del gobierno de Javier Milei mostró “un salto del 211,9 por ciento en presentaciones”, lo que evidencia el deterioro de diversas ramas productivas.
Ya entre 2018 y 2019, los PPC habían alcanzado cifras récord —158 y 184 casos respectivamente—, en medio de la crisis cambiaria y la recesión de la segunda etapa de la gestión de Mauricio Macri. Posteriormente, durante la pandemia, la implementación de programas de asistencia como el ATP “redujo la necesidad de recurrir a este mecanismo”. Sin embargo, “la caída del PBI del 1,7 por ciento en 2024 y el freno en la recuperación de 2025 explica el nuevo repunte”.
El Ministerio de Capital Humano informó al Congreso que, de los 131 procesos iniciados en 2024, “solo 27 lograron acuerdos homologados”. La mayoría “fueron archivados por falta de documentación o desestimación de las empresas, mientras ocho continuaban abiertos”. En 2025, de los 143 trámites iniciados, apenas 13 alcanzaron acuerdos y 39 fueron enviados a guarda temporal. En cuanto a los indicadores sectoriales, el informe oficial al que tuvo acceso Data Gremial muestra “un cuadro complicado”. La industria manufacturera “utilizó en septiembre apenas el 61,1 por ciento de su capacidad instalada, un nivel similar al de 2020 en plena pandemia”. Sectores como autopartes, electrodomésticos y metalurgia se encuentran entre los más castigados.
La Secretaría de Trabajo registró en el primer trimestre una paradoja: más empresas cerraron que abrieron, pero el empleo tuvo un leve saldo positivo. Entre enero y marzo de este año, cerraron 19.199 compañías y abrieron 16.902, lo que dejó un saldo negativo de 2297 firmas. Este dato revela la fragilidad del escenario. Aunque el empleo formal se mantiene con cierta estabilidad, la pérdida de empresas refleja un deterioro estructural que amenaza con profundizarse si no se logra reactivar el consumo interno y fortalecer la producción nacional.
Laboratorio
Si hay algo que tienen común muchos de los últimos PPC que se pidieron en el país es que son cuestionados por sus trabajadores. Porque los problemas económicos que existen no terminan de justificar algunas situaciones, como sucede en Lustramax. Allí los empleados despedidos y los que mantienen la protesta en la planta de la localidad de Tortuguitas insisten que no hay evidencia de que la firma esté en crisis. Uno de los datos que le dieron a Data Gremial los referentes de los empelados es que la empresa “no puede certificar tres ejercicios consecutivos con pérdidas”, una de los requisitos que establece la ley.
Pese a esto, se quejaron que las autoridades laborales decidieron “dar curso igual a los despidos” y al pedido de la empresa. Algo similar pasó en la empresa Georgalos, y en Industrias Secco, donde recientemente se alcanzó la reincorporación de al menos 11 cesanteados, marcando que los argumentos de crisis eran al menos exagerados.
“Es un laboratorio para la reforma laboral”, dicen los referentes de Lustramax consultados en estos días. Uno de los datos que usaron para justificar esta definición fue la aparición en la empresa de la abogada Florencia Arietto, ex colaboradora de la senadora nacional, Patricia Bullrich, y cara visible del movimiento que lucha contra supuestos bloqueos sindicales.
En redes sociales se cruzó con legisladores de izquierda, y acusó a los trabajadores de “querer que funda” la firma, algo que fue desmentido por los delegados. Leandro Gómez, delegado de la firma, describió la estrategia empresarial en el conflicto: “Claramente están siguiendo el plan que ella diseñó (por Arietto). Lo que vemos es que esto es como un laboratorio para el gobierno y Arietto para poder despedir gente, a delegados”. A pesar de los despidos, el gremio sostiene que la “producción no se detiene y que la mercadería fluye con normalidad, lo que invalidaría el argumento de la crisis económica”.
Otros reclamos
La idea de usar los PPC como herramienta de disciplinamiento no es nuevo, Algo similar han intentado, sin éxito, otras empresas como Pirelli o Bridgestone. Incluso Vicentin usó este mecanismo, denunciado por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo. Esta semana, la empresa Karikal, con dos fábricas en la localidad cordobesa de Francisco (en barrio La Milka y en el Parque Industrial), confirmó que avanzará con la presentación de un PPC, en un contexto marcado por “dificultades económicas y financieras que ponen en riesgo su normal funcionamiento”, según informaron. La medida, agregó la firma, busca “evitar despidos y preservar las fuentes de trabajo, aunque generó preocupación e incertidumbre entre los empleados”.
La decisión contrasta con el escenario que la compañía exhibía meses atrás. En octubre, Karikal había anunciado un ambicioso plan de expansión industrial que incluía una inversión de 1.200 millones de pesos para la construcción de una nueva planta en Brasil. Sin embargo, el deterioro del contexto económico obligó a replantear esa estrategia y avanzar ahora con una herramienta de emergencia.
La lista de empresas que pidieron acudir a esa herramienta es muy extensa. De esas 238 solicitudes, 139 se realizaron en el primer año de gestión de Javier Milei. De todos modos, casi la mitad de los pedidos quedaron en condición de “guarda temporal”, o sea que fueron archivados por parte de la Secretaría de Trabajo, que sí homologó 38 de ellos y otros tantos figuran en trámite. En 2024, entre los casos más conocidos están los fabricantes de neumáticos Fate y Bridgestone. Este año también se presentaron la principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos; la cerealera Vicentín; las empresas lácteas Sancor y Verónica; y uno de los principales productores de trigo y soja: Los Grobo. En varias de esas compañías coincidieron en que sus dificultades se explican por un contexto de caída de ventas, falta de competitividad y aumento de costos. Algunas incluso mostraron problemas financieros más sensibles, como cadenas de pagos interrumpidas y cheques rebotados acumulados. Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin, también hizo un pedido de PPC.