Para la última conmemoración del 1° de mayo, la CGT eligió un lema contundente para convocar a movilizarse: “El trabajo es sagrado”. La idea –vinculada al homenaje que se hizo al Para Francisco, considerado un “amigo de los trabajadores” –busca contrastar con el desdén que el gobierno de Javier Milei se refiere a los asalariados y sus organizaciones. Y es que en el modelo libertario, palabras como “trabajador” se reemplaza por “emprendedor”, derechos por obligaciones, como mostró desde un comienzo con los artículos del DNU 70 que desregularon el mercado laboral. Es que una radiografía del trabajo en la era Milei muestra un aumento de la informalidad, una baja en el trabajo formal, y una caída de los ingresos que en algunos sectores es histórica. por eso los pedidos que marcaron los gremios este 30 de abril estuvieron vinculados a los dos grandes temas de la crisis laboral argentina: los bajos sueldos y el parete en la economía, que deprime la oferta de trabajo. Los datos apoyan esta mirada, y aseguran que no son fenómenos nuevos, ya que vienen golpeadas desde hace décadas pero con la gestión de Milei siguen “en picada”.
Los distintos datos del mercado laboral sirven para armar un rompecabezas del trabajo en la Argentina libertaria. Data Gremial accedió a ellos para componer este collage que marca que el modelo impuesto por la gestión nacional y con apoyo del FMI se sostiene con el esfuerzo de los trabajadores, cualquiera sea su condición, que sufren sus consecuencias. En términos de empleo, los últimos registros oficiales disponibles muestran que entre noviembre de 2023 y enero de 2025 se perdieron 194.479 puestos de trabajo registrados, la mayoría (124.010-, en el sector privado. Así lo marcan los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A esto se le suma la informalidad. En el reciente VIII Seminario sobre Economía Informal, organizado por la Oficina de la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se propuso “generar evidencias, intercambiar buenas prácticas y fortalecer el diálogo social como herramienta” para enfrentar uno de los principales desafíos del mercado laboral argentino: la informalidad, que afecta hoy a 4 de cada 10 personas ocupadas.
Esto genera que muchas personas que tenían empleo formal pasaran a la informalidad, o sumaran un segundo trabajo para paliar la crisis de ingresos. Ese es otro rasgo de la era libertaria. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) alerta sobre el pluriempleo, un fenómeno que junto con la informalidad laboral “es característica de la situación de las trabajadoras y trabajadores de este tiempo”. Lo que arroja el informe es “directamente perturbador: las y los pluriempleados, que son cada vez más, tienen jornadas laborales de 16,8 horas diarias en promedio, comparables a las que eran habituales en el siglo XIX”. Ese universo está conformado por nada menos que 2,4 millones de trabajadores, precisa el estudio realizado en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. “Esta tendencia -apuntan- no ha parado de crecer desde 2016, excepto en pandemia”. Y “la última medición de 2024 marcó el récord de toda la serie”, con un 12,4 por ciento.
Cuestión salarial
Desde el IPyPP analizan que “el incremento en el pluriempleo se da en el marco de un deterioro significativo en el poder de compra de los salarios durante este período”. “Cada vez más el trabajo se apropia de nuestro tiempo de vida. Sin necesidad de modificar formalmente la regulación de tiempo de trabajo, la reforma implícita que imponen las modalidades flexibles y precarias normaliza jornadas extenuantes”, reflexionó la entidad que lidera el economista Claudio Lozano. Es que según la entidad, el salario sufre un “combo explosivo”. “La aceleración inflacionaria que despegó en febrero se monta sobre la política del Gobierno de intervenir para pisar las negociaciones paritarias y mantener los ingresos de los asalariados registrados, en el mejor de los casos, en niveles de diciembre de 2024”, destacó el reporte.
Previo a la disparada de precios, “para el sector privado registrado ello hubiera implicado en promedio volver a los niveles de noviembre de 2023, mientras que para el sector público se trataba de establecer una nueva normalidad salarial aceptando un recorte en torno al 15 por ciento en términos reales”, remarcó el IPyPP. “Considerando un período más extenso -añadían- el nuevo equilibrio salarial hubiera implicado, de ser exitosa esta política oficial, una caída salarial del 20 por ciento en el sector privado y del 35 por ciento en el sector público en comparación con finales de 2017”.
En tanto, otros datos oficiales confirman esta caída. En casi todas las provincias, en 2024 el salario promedio de los trabajadores registrados privados perdió poder adquisitivo (es decir que su sueldo les alcanzó para adquirir menos productos y servicios) respecto de 2023, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Esta caída del poder adquisitivo resulta más pronunciada si se analiza el período comprendido entre los años 2017 y 2024.
Salario mínimo
En tanto, esta semana se reunió el Consejo del Salario, que fija el mínimo, vital y móvil, y volvió a fracasar la negociación. Es que como se quejaron los gremios, la postura empresarial fue “mezquina”, y el gobierno se limitó a escuchar y levantar la sesión, dejando bajo su cargo el nuevo aumento, que se espera no alcance para recuperar lo perdido. Allí el modelo libertario tiene otro dato alarmante: “Desde la asunción del actual gobierno, el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo en una forma brutal”, según el centro CIFRA. En efecto, “entre noviembre de 2023 y abril del año en curso, el poder de compra de este salario se redujo en más de una tercera parte”. Esta reducción, afirman, “sumada a la de años anteriores, implica que quede desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado”.
A lo largo de 2024 hubo cuatro reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En todas ellas, ante la falta de acuerdo, fue la Secretaría de Trabajo quien determinó los aumentos nominales, que fueron prácticamente equivalentes a la propuesta del sector empresario. Su última resolución, de diciembre de 2024, implicó “continuar con la tendencia decreciente del salario mínimo, de modo que se perdió entre el último aumento previo a esta resolución y el mes en curso un 7 por ciento de poder adquisitivo”. La pérdida sufrida durante este gobierno “se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en abril de 2025 en un nivel real que es 44,1 por ciento más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,3 por ciento menor que noviembre de 2015”. “Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de compra a lo largo de este tiempo, estaría actualmente cerca de los 700 mil pesos”, concluyó CIFRA, que recordó que este retroceso histórico el valor real del salario mínimo “es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando, como sucede en la actualidad, esta política se había abandonado como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial”.