En marzo, los salarios registraron perdieron luego de 11 meses contra la inflación, en gran parte porque el gobierno nacional aplica una especie de cepo a los ingresos. La estrategia de no homologar paritarias por encima del piso del 1-2 porciento se mantiene pese al malestar de los trabajadores, que en medio de un repunto inflacionario no logra recomponer sus sueldos. La postura se transparentó varias veces por parte del oficialismo, en la voz de varios funcionarios, y tiene una batalla clave: el convenio de comercio. El acuerdo logrado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias es un termómetro de la jugada libertaria, no sólo porque es el acuerdo más grande del país, con 1.200.000 empleados en todo el país. Además, pone en juego la relación con un dirigente clave del armado dialoguista de la CGT, que incluso antes de asumir el gobierno tuvo conversaciones con varios funcionarios. Pero ahora, con la idea de frenar el aumento, Armando Cavalieri y varias seccionales bonaerenses encabezan la rebelión contra la estrategia de la Casa Rosada. Por estas horas, la dirigencia ya plantea actividades, como asambleas, para informar a los empleados y por si las empresas no pagan el incremento firmado.
La tensión por la constante incumbencia del gobierno en el acuerdo mercantil tiene esta semana uno de sus picos. Hace unos días, la FAECyS ratificó el acuerdo logrado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). El mismo estipula un aumento del 5,4 por ciento para el período abril–junio, el que se abonará en tres tramos, más una suma fija de 35 mil pesos para el primer mes y 40 mil pesos para los siguientes. De esta manera el salario básico más el presentismo de un trabajador mercantil alcanzará la suma de 1.123.000 pesos. Además, se acordó que la suma fija de 40 mil pesos se incorporará al salario básico a partir de julio. Desde la secretaría de Trabajo salieron al cruce, y confirmaron que no homologarán el convenio. Incluso, el Ministerio de Economía se metió en la discusión, y presionó a supermercadistas para que no paguen la suba. Lo mismo para otros sectores. Ante esto, el propio Cavalieri salió a ratificar la suba, que debe liquidarse en los salarios de este mes.
Por esta situación, en todo el país salieron a respaldar a Cavalieri y el acuerdo, y a alertar sobre las consecuencias de no pagar el incremento. En conferencia de prensa, delegados del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) se declaró “en estado de alerta y movilización” y respaldó a la dirigencia nacional en la pulseada con el gobierno de Javier Milei. “Las paritarias son el mecanismo más democrático del mundo del trabajo, donde trabajadores, empleadores y el Estado deben mantener un equilibrio para que los salarios acompañen la economía y la calidad de vida de la gente”, dijo el titular del SECZA, Guillermo Bianchi.
El dirigente calificó ante Data Gremial de “muy grave” la estrategia del oficialismo, y apuntó a la figura de Luis Caputo, ministro de Economía. Pese a esto, Bianchi ratificó que “el convenio está vigente y debe pagarse”, y espera que las distintas patronales cumplan con las cifras acordadas. Por último, recalcó que el gobierno “solo piensa en el equilibrio fiscal”, por eso pisa esa y todas las paritarias.
Estado asambleario
En medio del malestar por la intromisión de la gestión libertaria, los distintos gremios mercantiles salieron no sólo a bancar el acuerdo nacional, sino a plantear diversas acciones para evitar que las empresas se agarren de la no homologación o las presiones gubernamentales y no pagar el incremento. En La Matanza, por ejemplo, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) confirmó que comenzó a realizar asambleas en los lugares de trabajo para informar a los afiliados que “el acuerdo está vigente y debe pagarse”.
Fuentes del gremio le marcaron a Data Gremial que en estos encuentros “hablan con las propias empresas, y lo sorprendente es que ellos dicen que quieren pagar el aumento, está dentro de sus proyecciones, pero que quedan en medio de la disputa y no saben que hacer”. Este dilema se presenta en varios distritos: Si pagan pueden enfrentar represalias gubernamentales, o de sus cámaras empresariales, que están discutiendo el tema; si no lo pagan, se enfrentan a protestas sindicales.
Otro distrito de peso en la provincia de Buenos Aires donde la dirigencia mercantil comenzó a movilizarse para garantizar el pago del aumento es Lomas de Zamora. Allí, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) –que incluye ese distrito más Esteban Echeverría y Ezeiza –comenzó con “encuentros informales” para conocer la situación y hablar con los trabajadores. “Estamos yendo prácticamente local por local, en cada distrito, para explicar cómo está el convenio” dijeron desde el gremio, ante la consulta de Data Gremial. La estrategia apunta a informar a las patronales que el aumento puede incluirse como “Pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025”, y evitar cualquier problema. En este sentido, el CEC confirmó que varios supermercados y mayoristas que operan en los partidos en cuestión van a pagar “un adelanto de 50 mil pesos”, pese a las presiones oficiales.
La puja nacional
Mientras las regionales avanzan en la resistencia al acuerdo, a nivel nacional esperan que las cámaras empresariales cumplan con lo firmado, ya que en la mesa de negociación plantearon que estaban de acuerdo con las cifras llevadas al convenio. “Dicen que pueden pagarlo, antes y ahora mantuvieron en privado esa postura”, dijeron desde el entorno de Cavalieri, quien explicó mediante un paper que hizo circular entre patronales y medios que pese a esta medida del gobierno, en los salarios de este mes se debía pagar el incremento. El argumento de la FAECyS es el siguiente: “Cabe señalar que el acta del acuerdo establece que la nueva pauta salarial es válida aunque el gobierno demore su homologación, debiendo figurar en los recibos de sueldo bajo el ítem ‘Pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025’”.
La norma que regula la actualización de convenios colectivos y paritarias es la Ley 25.877 de Reordenamiento Laboral, sancionada en 2004 en reemplazo del articulado sobre la materia de las leyes 14.250 y 23.546. Con la modificación, se determinó que los convenios colectivos de actividad entrarán en vigencia el día de su homologación, a diferencia de la normativa anterior que establecía la vigencia del acuerdo al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial.
En cambio, los convenios de empresa -que no requieren homologación salvo que las partes lo soliciten- entran en vigencia el día de su registro ante la autoridad de aplicación. La autoridad laboral –hoy secretaría –tiene 30 días una vez presentado el acuerdo o convenio con las firmas de todos los suscribientes para realizar observaciones sobre el mismo. Si no hace observaciones en el plazo establecido, el acuerdo se considerará tácitamente homologado. Es decir, se considerará homologado por falta de observación en el tiempo que la ley fija, y a partir de ese momento entra en vigencia.