El “mega DNU” firmado por el presidente Javier Milei tiene un capítulo dedicado a la salud, que genera polémica porque desarma muchos de los controles estatales que eran tradicionales en el sistema sanitario argentino. La desregulación llega en especial a los medicamentos, que no sólo dejaron de tener trabas para su valor final, sino que además se permite su venta en lugares hasta ahora prohibidos, como kioscos y almacenes. Esto generó la reacción de los farmacéuticos, que el último día hábil del 2023 presentó un amparo para frenar la reforma. Pero hasta ahora, la iniciativa sigue en pie, y preocupan a los especialistas. Uno de los efectos de las medidas tomadas, más el contexto general, dispararon el valor de los tratamientos, que un informe estima que sólo en diciembre crecieron un 25 por ciento promedio.
Desde IDEP-Salud, instituto de formación en temas sanitarios de ATE, realizaron un análisis de las medidas sanitarias, y marcaron que además de favorecer a los grandes capitales en detrimento de las farmacias de barrio se decidió eliminar la producción pública de fármacos, una actividad con larga trayectoria en la Argentina. Alertan que si no hay cambios en el DNU, se podría producir problemas de acceso a los medicamentos y miles de despidos en el sector.
El trabajo de IDEP-Salud analiza los artículos vinculados al sistema sanitario y la atención de los argentinos, en especial en la seguridad social, ya que la desregulación afecta a las obras sociales sindicales, que ahora deben competir con las prepagas sin ninguna desregulación. A través del artículo 313 del DNU, explicó el instituto de ATE, “se sustituye el primer y segundo párrafo del artículo 1° de la ley 17.565, que reglamenta el ejercicio de las farmacias, donde se elimina la exigencia de que los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas”. También deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que “la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia”.
Para el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, esta medida “es algo negativo, que ya se probó en los 90, con la desregulación planteada por Domingo Cavallo”. En esa época, recordaron, “los medicamentos empezaron a aparecer en kioscos, supermercados, estaciones de servicio y en la vía pública, a valores mucho más altos de los que tenían en las farmacias y sin ningún tipo de control”.
La desregulación de los 90 fue revertida en 2009, con la aprobación de la ley 26.657, que fue sancionada por unanimidad, para que los medicamentos de venta libre u OTC no se permitan más fuera de las farmacias, e incluso para que dentro de las farmacias se dispensen en el mostrador y por un profesional farmacéutico, y no en góndolas. “Uno de los objetivos era evitarla compra por impulso y la automedicación”, recordaron desde el IDEP-Salud. “Es que en países con este tipo de desregulaciones, como Chile, hay un aumento muy importante del abuso de los tratamientos y las intoxicaciones por su uso incorrecto”, le dijo a Data Gremial una fuente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que motoriza el amparo judicial contra el DNU. Otro peligro, agregó la misma fuente, es que “las grandes cadenas promocionen la venta de fármacos sin control, y se priorice la facturación antes que la salud de los pacientes”.
Volviendo al informe de IDEP-Salud, el cuadro preocupante se completa con la modificación de la Ley de Genéricos, que ahora prohíbe la sugerencia de marca en las recetas. “Le quita al médico esa posibilidad y sólo dice que el farmacéutico es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades farmacéuticas que requieran recetas en cualquiera de sus modalidades”, resaltó el trabajo.
Efecto negativo
Desde el oficialismo y algunos de sus voceros, lo que se intenta con estos cambios es controlar el precio de los medicamentos, que se desregularon desde que el 1° de noviembre se terminó el último acuerdo entre los laboratorios productores y la entonces secretaría de Comercio. A partir de allí los valores se dispararon. “En DNU elimina también el Programa de Producción Pública de Medicamentos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), una medida perjudicial porque es lo que permite intervenir en los mercados para abaratar los precios”, recalcó el informe de ATE. Además, se subrayó, estas dos herramientas “permitía también el desarrollo de industrias nacionales que puedan proveer medicamentos de alto precio por ejemplo para oncología, VIH, enfermedades de origen genético, vacunas”.
En los pocos días de vigencia, el DNU no sólo no logró controlar los precios de los medicamentos, sino que se dispararon por la dinámica general de inflación, comprobando lo que dice el informe vinculado a ATE. En este caso, se supo que sólo en diciembre los tratamientos subieron un 25 por ciento, según un informe del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM). La entidad explicó que “el proceso inflacionario promedio ponderado que se proyecta para diciembre trepará a casi un 25 por ciento, disparando aún más los porcentajes altísimos del acumulado anual y anticipando que el alza inflacionaria continuará durante el primer bimestre de 2024”.
El trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, fue realizado entre los principales laboratorios medicinales y mediante información escaneada de mercadería en el check-out de 359 farmacias y 36 droguerías, informó que “la primera quincena de diciembre registró un alza del 38,4 por ciento entre los 19 medicamentos más comercializados en el país, consolidando un incremento anual del 304,8 por ciento en todo el 2023 y un acumulado interanual del 306,6 por ciento”. Segmentando por categorías, el organismo detalló que el podio de mayores aumentos está integrado por los psicofármacos (43,6 por ciento), los medicamentos para tratamientos cardiovasculares (41,5 por ciento) y los que se utilizan para la diabetes (41,2 por ciento), mostrando un promedio acumulado anual del 288,9 por ciento y una suba interanual del 292,3 por ciento.
Grandes ganadores
Las fuentes consultadas de la COFA apuntaron que la reforma tiene sus grandes ganadores, vinculados con los capitales financieros. Laboratorios multinacionales, prepagas y grandes capitales como la cadena Farmacity recibieron las reformas como un enorme beneficio, en detrimento de los sectores medios y pequeños del sector. “Las prepagas pueden establecer precios diferenciales para los distintos rangos etarios, al momento de la contratación del plan, con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”, recordó IDEP-Salud, que las personas que trabajen en relación de dependencia o régimen del monotributo “podrán elegir si quieren que sus aportes y contribuciones sean derivados a una obra social de preferencia o a una prepaga”. Es decir, “ya no será obligatorio derivar aportes a una prepaga a través de una obra social”.
“Se mezclan dos regímenes que están creados con un fin distinto. El sistema de obras sociales es un sistema de seguridad social, de naturaleza solidario. En cambio, el sistema de prepaga es un régimen de consumo y voluntario que uno contrata si quiere tener una prestación mejor a la que tiene o si no tiene obra social”, alertó el trabajo, y concluyó: “en definitiva, el DNU avanza en el beneficio de los sectores privados que lucran con la enfermedad en detrimento del Sistema solidario y el acceso social a los medicamentos”.