Luego que el Senado rechazara una serie de decretos firmados al filo de que se terminaran las facultades delegadas del Poder Ejecutivo, el gobierno dio marcha atrás con una serie de medidas para reestructurar algunas entidades claves del Estado, como el INTA y el INTI. Incluso en la primera entidad se decidió que unos 300 empleados pasados a disponibilidad volvieran a sus cargos, una victoria para los trabajadores y los gremios. Pero de manera sorpresiva, y casi al borde de la ley, en los últimos se conocieron una serie de disposiciones que vuelven a insistir con algunas medidas, y desoyen la orden del legislativo, de no cambiar las características de esos organismos, avanzó con las transformaciones de fondo.
Entre las cuestiones, dejaron entrever que seguirán con la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional, uno de los puntos más controvertidos de la motosierra libertaria. De esta forma, desafía a los senadores y la justicia, la cual dictó un amparo para no cambiar el status de la entidad dedicada al mantenimiento de las rutas argentinas. Además, para seguir con el desguace del sector, se avanzó con la privatización de Corredores Viales, para completar su plan de dejar de tener injerencia en los caminos del país.
Con una serie de decretos, el gobierno intenta restituir los cinco decretos delegados que fueron rechazados por el Congreso, desafiando abiertamente al Poder Legislativo y la justicia. El Ejecutivo argumentó la existencia de un “vacío normativo de extrema gravedad” que comprometería “la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional”. Se trata de los decretos de necesidad y urgencia 627/2025 y 628/2025, publicados en la semana en el Boletín Oficial, y podría representar un abierto desafío a los rechazos del Poder Legislativo a los decretos 340/2025, 345/2025, 351/2025, 461/2025 y 462/2025.
Al tratarse de nuevos actos administrativos, un eventual segundo intento de rechazo por parte de la cámara de Diputados y el Senado podría darse después de la renovación legislativa del 10 de diciembre, con otras conformaciones de ambas cámaras en las que el oficialismo espera contar con las voluntades suficientes para neutralizar el propósito de la oposición. En este camino, se ratifica la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, que se encuentra suspendida por una cautelar de la Justicia Federal, además de reformular la estructura de varios entes que dejarán de ser descentralizados para pasar a ser desconcentrados, lo que implica su pérdida de autonomía financiera.
La medida paso por debajo del radar mediático, y puede ser un nuevo enfrentamiento no sólo entre la Casa Rosada y el Congreso, sino con la justicia también, ya que hay un fallo que suspende los cambios en Vialidad Nacional. Pero al parecer, la idea del gobierno es que una vez que esa orden caduque “se avance con la reestructuración”. Data Gremial, consulto a diversas fuentes de los gremios del sector, que negaron esta posibilidad. “Sin facultades delegadas y con los DNU rechazados, no pueden hacer nada”, dijo una de estas fuentes consultadas.
Si bien desconocen la posibilidad de un nuevo decreto, los trabajadores afirman que para seguir con su plan de desguace “van a usar la posibilidad de privatizar los caminos”, y en la mira está Corredores Viales. Como ya se había anunciado, la empresa estatal comenzará a licitar kilómetros de rutas de todo el país, y luego de eso “podrían disolverla”, como piensan muchos en el sector. Así, “las concesiones nuevas pasarán a manos privadas”, dejando así los caminos principales sin asistencia estatal.
Privatización
En paralelo a estos decretos, esta semana el Ministerio de Economía dio inicio al proceso de privatización de Corredores Viales, mediante la modalidad de “concesión por peaje”. La medida se plasmó en la resolución 1284/2025, publicado ya en el Boletín Oficial, que complementa la autorización de “privatización total” de la compañía dispuesta el 14 de febrero a través del decreto 97.
Asimismo, el inicio del proceso de privatización se resolvió tras la prórroga a la intervención de Corredores Viales de julio de este año, a fin de concluir con las tareas de mejoras administrativas que permitan una transición “ordenada y eficiente”. Esa intervención se formalizó 48 horas después de que el 8 de julio -en el cierre del plazo de las facultades delegadas- se dispusiera la disolución de la DNV mediante el decreto 461/2025, cuya aplicación fue suspendida por seis mes a través de una cautelar dictada por la jueza federal de San Martín, Martina Forns.
Corredores Viales gestiona 10 tramos de rutas y autopistas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones, en un total de 19.645,57 kilómetros. Entre ellos se encuentran la Ruta Nacional 3, la 5, la 7, la 8 y la 9, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
La intención de privatizar la empresa creada en 2017 había sido informada el 14 de febrero por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó en una conferencia de prensa que "a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura mediante la participación del sector privado, que se encargará de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro del peaje a los usuarios”.
Mal estado
En tanto, mientras se dan estos movimientos las rutas en el país son objeto de polémica, ya que hay muchos testimonios y denuncias del mal estado que sigue creciendo. Ya a comienzos de año, un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) aseguró que más del 60 por ciento de los caminos nacionales estaban en estadio regular o mal. Esta semana, Viviam Perrone, referente de la ONG Madres del Dolor, advirtió que “la seguridad vial en la Argentina atraviesa una crisis profunda”.
“Así como están hoy, no están funcionando como corresponde, si no, no tendríamos la cantidad de muertes y de hechos viales que tenemos en nuestras rutas. Las rutas están en mal estado, no se están manteniendo. Entonces hay que hacer algún tipo de ordenamiento, pero eliminar a todas estas dependencias tampoco era la solución”, señaló en declaraciones radiales.
En este contexto, la preocupación por la falta de mantenimiento sigue creciendo. El desafío viene ahora: “Vialidad Nacional no puede estar trabajando sin presupuesto. No puede estar trabajando sin ejecutar tareas. No puede estar trabajando con obra pública cero”, dijo el ingeniero José Raúl Rizzo, secretario Adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. En ese sentido, indicó que a partir del jueves de la semana pasada “empezó otro trabajo para nosotros y es visibilizar que además Vialidad tiene que ser eficiente y tiene que atender todas las rutas nacionales del país”.
Rizzo indicó que uno de los primeros pasos, es el pedido de entrega desde Nación “de todos los porcentajes que tienen que ver del impuesto a los combustibles que le corresponden a Vialidad Nacional. Pero eso solo no alcanza. Tenemos esos fondos específicos, pero además siempre hemos tenido de parte del Ejecutivo una sobreasignación de fondos como para atender al resto de las rutas. Para que ustedes se den una idea, más o menos en las épocas en que Vialidad ha funcionado normalmente, más o menos se invierte en unos 2 mil millones de dólares anuales”, detalló.