Se lo nota sereno. De voz tranquila pero firme. Un hablar que denota el traspaso por más de 30 años de experiencia como dirigente sindical, donde se vivieron todo tipo de vicisitudes: buenas y malas. Ángel García, de él se trata. El inoxidable secretario general de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) accedió a una entrevista exclusiva con Data Gremial.

- Vienen de cerrar una de las paritarias más altas. De a poco van recuperando el funcionamiento del gremio después de haber estado intervenido por más de tres años.

- Sí, el acuerdo actual vencía el 30 de junio y logramos cerrar el nuevo por un aumento del 45,40% neto de bolsillo a pagar en tres tramos: julio, octubre y enero, y además con cláusula de revisión. Veremos cómo evoluciona la inflación en estos meses para determinar cuándo nos vamos a tener que sentar a negociar nuevamente. Quedó pendiente revisar más beneficios salariales de acuerdo a tareas. Pero próximamente abriremos un anexo para tratar ese tema.

-¿Cómo es eso?

- Sucede que en esta actividad hay ramas muy diversas. Y, por ende, las tareas son muy distintas. Tenemos trabajadores, por ejemplo, que se desempeñan en las petroleras radicadas en la Patagonia, donde la vida es más cara; los servicios cuestan más, la ropa es más cara. También tenemos compañeros en mineras en el norte, donde el trabajo implica ciertos riesgos. Por otra parte, también es muy distinta la realidad de un vigilador que se desempeña, por ejemplo, en un edificio de viviendas particulares con consorcistas a aquel que lo hace en la sede de oficinas de una multinacional. Cada situación particular debe ser atendida y lo haremos en próximas charlas con la cámara del sector.

Casi cuatro décadas con todo tipo de vivencias 

García, en sus comienzos dirigente textil, conduce los destinos de UPSRA desde el advenimiento de la democracia. Por aquel entonces la organización tenía 8.000 afiliados (hoy cuenta con 48.000).

Con el tiempo, el gremio fue creciendo al ritmo de la diversificación de las tareas que ejercen sus afiliados. Desde entonces, García se presentaba y ganaba las elecciones una y otra vez con prácticamente casi nada de oposición.

Pero tras años de crecimiento y consolidación, hubo un momento en que –como se suele decir- el diablo metió la cola. Fue en los inicios de la gestión macrista, cuando tras la exigua victoria electoral de Cambiemos, sus funcionarios se sintieron muy envalentonados y empezaron sus ataques contra las organizaciones sindicales.  

En ese marco, el polémico ex ministro de Trabajo macrista, Jorge Triaca, inició una afiebrada carrera para intervenir gremios. ¿El objetivo? Cooptar sus “cajas” para utilizarlas con fines políticos, y de paso, debilitar al movimiento obrero en función de intentar imponer una reforma laboral, meta que a la postre iba a fracasar estrepitosamente.

En el caso de UPSRA, para intentar manejar el gremio, Triaca contó con la connivencia del barrionuevismo. Fueron más de tres años de frenesí judicial para sacar a una desastrosa intervención

Actualmente, el sindicato está a la espera de una medida judicial definitiva, posterior a la cautelar de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en su momento declaró ilegítima la intervención ordenada por Triaca, quién "está incurso en desobediencia judicial, al igual que su sucesor Dante Sica, por incumplir órdenes judiciales en 2018 y 2019, que determinaron el cese de la intervención del normalizador Rodolfo Alonso.

- ¿Cómo fue todo ese proceso de intervención?

- Nos estábamos preparando para realizar la correspondiente asamblea para iniciar el proceso electoral del gremio. Cuando llego me habían bloqueado el ingreso, cruzaron micros en portones y nos impidieron entrar. Fue una acción con una violencia infernal. No quise ingresar e hicimos igual la asamblea, con una hora y media de atraso en otro lugar, con presencia de escribano. Hicimos la asamblea, se envió todo al ministerio de Trabajo pero Triaca la rechazó.

Con la convocatoria a elecciones bloqueada, la conducción de García llamó a mediados de noviembre del mismo año a nueva asamblea para que los afiliados prorroguen sus mandatos que vencían el 6 de diciembre próximo.

El órgano soberano extendió los cargos de comisión hasta que la Justicia se expidiera al respecto. Pero tampoco fue avalado por Trabajo que dejó vencer los mandatos, y días después, Triaca definió la intervención. Fue el segundo gremio intervenido por el gobierno de Macri. El primero fue el SOMU.

Hasta que, en diciembre de 2019, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio por tierra las intervenciones, determinó certificar de manera provisoria a las autoridades del gremio con García como secretario general, definidas en las elecciones realizadas en 21 octubre de 2016.

“Nunca existieron irregularidades para una intervención y la Justicia comprobó eso, por eso retornamos al gremio”, asegura García

- ¿Cuáles fueron las consecuencias de esos más de tres años de intervención?

- Se arrebataron, usurparon y destruyeron numerosos inmuebles del gremio, como la sede central, el exInstituto Educativo de Bulnes al 1.100, el Centro Recreativo “Evita” de Moreno y el Hotel Regidor de Mar del Plata. Se recuperaron 60 vehículos retenidos sin causa o justificación alguna. Hubo robo de muebles, enseres, electrodomésticos, heladeras, equipos de aire acondicionado, computadoras e impresoras.

También hubo sustracción de libros contables y de actas, de títulos de propiedades, escrituras públicas y documentación gremial valiosa por parte de una intervención que caducó el 7 de enero de 2020, y que generó la presentación de varias causas penales. Un desastre total.

- Pero no terminaron los sobresaltos. Ahora tienen intervenida la obra social OSPSIP intervenida por la Superintendencia…

Otra barbaridad. El fallecido superintendente Eugenio Zanarini consiguió un fallo en la justicia para intervenir la Obra Social, pero ya apelamos la medida, por lo que no quedará firme. Además recurriremos a la Corte Suprema.  Se está entorpeciendo su funcionamiento en plena pandemia.

- Y encima hay denuncias contra el interventor Ricardo Bellagio porque no está cumpliendo sus funciones.

No están pagando los servicios de Internet y telefonía de las delegaciones, lo que generó un gran perjuicio al funcionamiento de la obra social, pero sobre todo a nuestros afiliados, ya que no permite que se manden órdenes de autorización de prácticas ni pedidos de medicamentos. Tuvimos que hacernos cargo con fondos del sindicato de pagar esos servicios para evitar que eso genere un mayor daño en las tareas cotidianas.

- Por lo visto han tenido dificultades con el Ministerio de Salud, ¿tienen pensado hablar directamente con el presidente Alberto Fernández de estas problemáticas?

- Yo estoy seguro que el Presidente no está al tanto de estos temas. Está muy abocado a los problemas generales que causa la pandemia y probablemente todos estos hechos no se los informan. Por eso voy a pedir una audiencia con él, para ponerlo al tanto en detalle y así buscar destrabar los últimos inconvenientes.

Han pasado muchas cosas en los últimos años. Sin embargo, a García se lo escucha sereno y confiado: “Tuvimos que empezar de cero. Pero paso a paso estamos recuperando el funcionamiento pleno del sindicato, tal como los afiliados se merecen”, concluye el dirigente.