Después de encender la motosierra en la economía, el Gobierno de Javier Milei anunció su plan de mano dura contra las protestas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer este jueves un nuevo protocolo contra las manifestaciones callejeras que, por sus características tan extremas, amenaza la paz social con gremios y organizaciones sociales.
El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a las cuatro fuerzas de Seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria– para disolver protestas callejeras que bloqueen calles y rutas.
“Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, ha amenazado Bullrich. “Las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”.
La ministra y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio que se alió a Milei tras su derrota, apeló a una de las quejas de sus votantes: la idea de que los cortes de calles generan un desorden que no deja que “la gente pueda vivir con normalidad y en paz”. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto”, dijo Bullrich. “Es hora de terminar con esta metodología, con la extorsión que sufren los ciudadanos”.
Puntos polémicos
Las fuerzas federales tendrán la potestad de arrestar a quienes “cometan delitos” durante las protestas, podrán actuar en el transporte público para incautar “material” de protestas “como palos” e indagar a “encapuchados” o a personas que se dirijan a protestas “intentando no ser reconocidas”.
Bullrich ha afirmado que se creará un registro de organizaciones sociales –gremios, sindicatos y asociaciones– que “instiguen” las protestas y que “enviará la factura” de “los gastos” de la represión a los responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones con personería o los individuos”, chicaneó la ministra, que también anunció que se denunciará ante la agencia de Migraciones a los extranjeros radicados en el país con un permiso temporal que participen de las protestas.
Para ATE es “incostitucional”
Tras el anuncio de la implementación de un protocolo antipiquete, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó en un comunicado que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.
"Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
“Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, agregó.
Aguiar señaló además que no existe norma que defina qué es una protesta. “La única limitación que existe es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria”, profundizó.