El gobierno de la Nación oficializó esta semana la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, dependiente del Ministerio de Economía, en el marco de una serie de fusiones y cierres que profundizan el ajuste en la administración pública. La medida era analizada desde principios de febrero y se concretó mediante la publicación del decreto 70/2025 en el Boletín Oficial. A partir de esta decisión, hay incertidumbre por los 500 trabajadores de las distintas oficinas de la disuelta entidad, que podrían engrosar las filas de los despidos estatales.
De este modo, el gobierno de Javier Milei pondría fin a distintos programas de financiación de acceso a la vivienda que dependían de esta cartera, entre ellos el PROCREAR y Casa Propia. A partir de ahora, la gestión de este tipo de programas y proyectos pasarán a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Luis Enrique Giovine
De este modo, quedaría sin efecto el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), el programa Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda, entre otros, destinados a la construcción de viviendas. Bajo estas circunstancias, los gremios advierten que alrededor de 500 trabajadores podrían ser despedidos. Respecto a este punto, la normativa señala que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público).
Gestión privada
El Gobierno sostiene que el acceso a la vivienda propia debe gestionarse de manera privada. “La financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”, argumentaron.
Actualmente, la estructura organizativa del Ministerio de Economía estaría conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías. De este modo, el Ejecutivo readecuó los objetivos de varias dependencias de la cartera. Según lo dispuesto, la Secretaría de Obras Públicas absorberá parte de las funciones de lo que fue Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Esto significa que la cartera tendrá a su cargo, entre otras cosas, entender en todo lo relativo a la finalización, cierre y trasferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda. También podrá brindar asistencia en “todo lo inherente a las políticas de integración socio-urbana”
Críticas
Ante esta medida, el gremio de la construcción SITRAIC advirtió que “se generaría una daño devastador en los trabajadores, afectando no sólo a quienes se verán privados de acceder a su vivienda (ya que el gobierno pretende que la financiación esté a cargo de entidades bancarias privadas, con escasos e inaccesibles créditos para la mayoría de los trabajadores), sino que además implica la pérdida inmediata de unos 500 puestos de trabajadores del Estado, coadyuvando además con la caída en los puestos de trabajo en la industria de la construcción”.
Para la entidad sindical, esta es “una decisión muy dañina que busca beneficiar a los bancos privados, que pasarían a ser los únicos con posibilidad de financiar las viviendas sociales si es que les resulta un negocio redituable”. “En nuestro país existe un déficit habitacional de unas 3.240.000 viviendas, de las cuales el 35,45 por ciento del déficit habitacional se debe a la falta de viviendas, mientras que el 64,55 por ciento se debe a viviendas que necesitan mejoras”, recordaron.