Convocados por diputados de extracción sindical, grupos de trabajadores despedidos de distintos rubros expusieron el viernes pasado en el Congreso sobre la situación que atraviesan. Organizada por cesanteados de la firma Secco, empleados de Georgalos, Shell, VW, entre otras grandes empresas, relataron detalles de su lucha para reinstalarse, y marcaron la creciente preocupación por el aumento de este tipo de conflictos, que está empujando peligrosamente la tasa de desempleo a los dos dígitos. En la jornada, quedó en claro que ante el fantasma de la recesión, el sector privado imita al gobierno y plantea como salida el ajuste, ya sea con el congelamiento salarial como a través de los despidos, muchos de estos “anti sindicales”, ya que apuntan a activistas, referentes o incluso delegados de estos lugares.
Hace unos meses, estos sectores habían planteado una campaña de reinstalación, que no logró avances por la intransigencia patronal. Por eso, ahora buscarán articular con otros espacios en lucha, como los estatales que sufren la motosierra libertaria o los trabajadores de la salud.
Por eso, acordaron sumarse a la jornada nacional de lucha de la semana próxima. El fenómeno de la desocupación avanza, alertan, y en el futuro cercano pueden afectar a casi medio millón de trabajadores, según un reciente reporte sobre la realidad que se vive en el sector productivo, en especial el pyme.
La jornada realizada en la cámara de Diputados es una nueva muestra que la desocupación se perfila como el problema más alarmante de la realidad económica y social del segundo semestre del año.
Los datos marcan que la suba de los despidos empuja la tasa de desempleo cerca de los dos dígitos, y las perspectivas no son alentadoras. “Para nosotros esta audiencia fue muy buena, y surgió a través del diálogo que tuvimos con los diputados del FIT Alejandro Vilca y Christian Castillo”, explicó Maximiliano Montero, despedido de la empresa Georgalos. En diálogo con Data Gremial, recordó que la idea “era plantear nuestros problemas por los despidos, y pedirles a los diputados que exploren las posibilidades de terciar en nuestros conflictos”.
Además, en el caso de la empresa de golosinas, el pedido de los despedidos es que se consiga una audiencia con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Pedimos reunirnos con el gobernador porque no puede permitir que se avance con nuestros derechos en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna alguien de distinto signo político que a nivel nacional”, recalcó Montero. Además, pedirán que el Ministerio de Trabajo provincial “intervenga, tiene las herramientas”. Como ejemplo, los despedidos dijeron que en Córdoba la cartera laboral ordenó con éxito reinstalar cesanteados de la plata Volkswagen.
En la jornada estuvieron varios disputados de extracción sindical, como Hugo Yasky y Sergio Palazzo, además de otros legisladores como Mónica Macha, Nicolás del Caño, y Natalia Zaracho, y se coincidió en la necesidad de imponerle un freno a las empresas, que aprovechan el clima de época para ajustar.
“A partir de la Ley Bases empresas como Georgalos se sienten todopoderosas y avanzan contra los derechos de los trabajadores”, dijo al respecto montero. En su caso, los empleados enfrentaron un intento de flexibilizar sus condiciones laborales, y los despedidos fueron aquellos que se sumaron a un paro por este tema. “Es una locura que el sindicato llame a una protesta, y como respuesta nos echen como perros”, agregó Montero, que sostuvo que “lo que se necesita es voluntad política para enfrentar esta situación”.
Haciéndose eco de esto, Palazzo dijo que estaba en nombre del cloque de diputados del Unión por la Patria, y se comprometió de hablar con Kicillof y suministro Walter Correa para lograr una audiencia. Para respaldar esto, el lunes 14 habrá una marcha a la gobernación en la localidad de La Plata, para pedir formalmente la entrevista con el mandatario.
Unidad
Otro dato saliente de este encuentro es el compromiso de comenzar a articular en unidad estos conflictos. Los grupos presentes en el Congreso tienen conflictos con un hilo conductor: ante los reclamos las empresas avanzan sobre los activistas, buscando amedrentar a los trabajadores.
Por eso la mayoría coincidió que se trata de cesantías “anti sindicales”, que deben ser enfrentadas en unidad. “Nosotros venimos coordinando con muchos otros sectores para lograr la reinstalación de los despedidos”, destacó Pablo Placeriani, uno de los 10 despedidos en enero pasado en la refinería de Dock Sud de la empresa Shell. Los mismos se realizaron “sin ningún tipo de causa”, según denunciaron en su momento.
“Nosotros tenemos una buena noticia que es la medida cautelar por la reinstalación de Gustavo Michels, uno de los 10 despedidos de la refinería”, confirmó Placeriani en diálogo con Data Gremial. Este grupo también es parte de la campaña contra los “despidos discriminatorios”, como los llaman, y articulan con sectores públicos y privados en lucha contra las políticas actuales.
Desde los espacios presentes en el Congreso señalaron “con este acompañamiento queremos seguir denunciando las actitudes de empresas muy importantes, que están realizando despidos ‘anti sindicales’, que no están cumpliendo las leyes laborales y que lo están haciendo impunemente”.
Se sumarán a esta movida trabajadores estatales de la Nación, del Hospital Garrahan, del INTI, el Astillero Río Santiago y residentes de salud. Todos anticiparon que, adicionalmente, serán parte de la movilización que se está convocando para el jueves 17 de julio, desde Congreso a Plaza de Mayo, por el Garrahan, la salud pública y en apoyo a todas las luchas. “No puede ser que una empresa viole la ley, nos despida sin ninguna causa, y nadie haga nada, salvo alguna multa del Ministerio de Trabajo. No puede ser esto, violan la Constitución Nacional y lo único que se puede hacer es multar”, se quejó Montero, que insiste en la necesidad de movilizarse en conjunto contra estas actitudes.
Peligro latente
En este contexto, hay señales fuertes que los conflictos se seguirán multiplicando, al punto que se teme que los despidos sigan creciendo, de la mano de la política “anti industrial” del gobierno nacional, que entre otras cuestiones decidió una apertura indiscriminada.
En este sentido, un informe de la fundación Fundar advierte que al menos 431.452 empleos “podrían perderse” por el aumento de productos importados que desplazan a la producción nacional. Esta cifra, que representa el 1,9 por ciento del empleo total del país y el 2,3 por ciento del empleo privado, “surge de la eliminación de licencias de importación y la reducción de barreras arancelarias”.
“La velocidad de la posible destrucción de empleo es comparable, según el estudio, a la ocurrida durante la pandemia”, dijo el trabajo. El estudio detalla que el 65 por ciento de los empleos en riesgo se concentran en la industria manufacturera (282.094 puestos), seguida por el comercio (62.335). Los sectores más vulnerables son el textil-indumentaria, calzado, madera, productos de metal y, de manera crítica, el sector electro-electrónico, donde se advierte que 9 de cada 10 empleos actuales podrían destruirse.
El informe titulado Abrir sin paracaídas. La desregulación comercial y su impacto en el empleo, también traza un perfil de los trabajadores más expuestos. Se trata de empleados registrados, mayoritariamente de entre 25 y 44 años. En términos de género, los varones (72 por ciento del empleo en riesgo) correrían más peligro que las mujeres (28 por ciento) Otra de las conclusiones a las que arriba el trabajo es “el impacto negativo del tipo de cambio atrasado”.
Este factor, que reduce la competitividad de la producción nacional, agrava la situación. El estudio simula que si el tipo de cambio se hubiera mantenido en los niveles de 2023, aun con las mismas políticas de apertura, la pérdida de empleos sería de 355.158 puestos, es decir, 76.294 empleos menos. En consecuencia, Fundar pinta así un panorama desolador para la industria y el empleo nacional si se mantienen las actuales políticas de apertura comercial y tipo de cambio.