La CTA Autónoma y La CTA de los Trabajadores presentaron en un plenario un documento conjunto denominado “10 medidas urgentes para otra Argentina”ante “la tiranía de Milei”, con el objetivo de plantear una serie de estrategias y propuestas para mejorar la situación socioeconómica del país, la cual va desde la realización de juicio político al Presidente, pasa por la redistribución de la riqueza y llega hasta la revisión y suspensión del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Ambas centrales obreras señalaron que el gobierno del mandatario Javier Milei demostró “no tener ningún interés en revertir la catástrofe social que sus propias políticas generaron” y mencionaron que el decálogo tiene como misión “reconstruir el país desde el campo popular, con justicia social, democracia real y soberanía económica”.
El plenario no solo aprobó estas medidas, sino que también votó un conjunto de acciones, buscando articular todas las resistencias contra este modelo basado en la crueldad y el individualismo.
Las propuestas
El documento comienza con el primer punto denominado “No al pago de una deuda ilegítima: auditoría, suspensión y rechazo de la estafa del FMI”. Al respecto, argumentan que “no se puede pagar lo que fue un fraude: Macri y Milei endeudaron al país sin pasar por el Congreso, violando la Constitución y comprometiendo el futuro del pueblo. Exigimos investigar, auditar, suspender pagos y reestructurar una deuda que no es del pueblo sino del saqueo financiero”.
En el siguiente ítem, “Salarios y jubilaciones por encima de la pobreza: redistribución de la riqueza”, también exigen “salario mínimo igual a la canasta básica, paritarias libres y un Salario Básico Universal”, además de decir “basta de ajuste”. Además, solicitan la “reactivación de la obra pública y generación de empleo verde a través de un Plan Nacional de Forestación; poner en valor las políticas de cuidado y reducción de la jornada laboral”.
El tercer punto es “Control sobre los grupos económicos que saquean el país” y sostienen que “los grandes grupos que fugan, evaden y remarcan precios deben tributar como monopolios”, al tiempo que piden el fin de “privilegios fiscales” y proponen “fiscalización estricta, combate a la elusión y creación de agencias de control sectorial en agro, energía, banca y comercio exterior; profunda Reforma Tributaria Progresiva para que los que más tienen aporten más; impuesto a las grandes fortunas, a las ganancias no reinvertidas y a las empresas multinacionales”. Y completan con la “eliminación de exenciones injustas y devolución del IVA a los sectores populares”, así como la “fiscalización de gigantes digitales y su tributación local”.
“Industria nacional y soberanía productiva” es la cuarta propuesta, a partir de la cual formulan “frenar la Bicicleta Financiera y usar estratégicamente nuestros recursos” ; “recuperar la producción nacional, sustituir importaciones clave, fomentar la soberanía alimentaria y usar la renta de Vaca Muerta para impulsar industria, ciencia y tecnología con proveedores locales” y fomentar “ el desarrollo de hardware y software nacional, nube soberana, y promover infraestructura crítica de datos”.
En tanto, en el quinto punto, “Recuperar la soberanía comercial y logística”. Allí, exponen que el Estado administre "el tipo de cambio, los puertos, controle la Vías Navegables y relance la flota mercante nacional”.
Juicio político a Milei
La sexta medida que plantean ambas centrales obreras es la más fuerte y la que choca de frente con el Gobierno: “Juicio político a Milei. Basta de decretazos, violencia institucional y entrega del país”. Para las dos entidades gremiales, el titular del Ejecutivo nacional “gobierna por decreto, viola la Constitución, endeuda al país sin control parlamentario y promueve el odio y la violencia”. “Exigimos su juicio político como acto de defensa democrática”, enfatizan.
La séptima lleva el nombre de “Democratizar el Poder Judicial: una justicia al servicio del pueblo”, donde demandan terminar con “la criminalización de la protesta y la pobreza, de persecución judicial (lawfare) a los y las dirigentes y militantes populares y de proscripción política a líderes opositores”. En ese sentido, reclaman “la anulación del fallo contra Cristina Fernández y juicio político a jueces cómplices del poder económico”.
“Derechos laborales y la protesta social: Paritarias libres. Libertad sindical. No a la criminalización de la lucha”, constituye la octava propuesta; mientras que la novena es “Combate contra la informalidad y fortalecimiento del movimiento sindical”, en la que entienden que “a las corporaciones empresarias y al gobierno alineado con ellas les resulta funcional el cambio tecnológico para expandir la precarización laboral y debilitar al movimiento obrero organizado”.
Y, finalmente, con el segmento “Integración Latinoamericana Soberana”, proyectan “recuperar la Patria Grande frente al aislamiento y la sumisión a EE.UU. y el capital financiero”; “fortalecer el MERCOSUR y reactivar el Banco del Sur” e “impulsar la complementación en salud, energía, defensa, alimentos y transporte”.