En medio de las versiones sobre la inminente llegada de un proyecto de reforma laboral en el Congreso, que el gobierno nacional quiere tratar en sesiones extraordinarias, se supo que se intentarán sumar temas que antes de la victoria electoral parecían difícil de consensuar. Uno de ellos, muy resistido por los gremios, es el de eliminar la cuota solidaria. Según las versiones, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, insiste en reflotar esta eliminación, una medida que ya había sido frenada por la Justicia tras el rechazo de la CGT.
La propuesta, respaldada por el ministro de Economía Luis Caputo, busca incluir en la nueva reforma laboral la restricción a esos aportes, que según Sturzenegger representan “peajes” que encarecen el costo laboral y reducen el salario neto de los trabajadores. Durante el Coloquio de IDEA, el funcionario calificó las cuotas solidarias como “impuestos privados ilegales” y detalló que, solo en el caso del Sindicato de Camioneros, implican “un descuento anual de más de 845 mil pesos por trabajador y una recaudación total de 206 mil millones de pesos para el gremio”.
Las cuotas solidarias están amparadas por el artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo y permiten que todos los trabajadores de una actividad, incluso los no afiliados, realicen aportes al sindicato que negocia sus condiciones laborales. Este sistema se consolidó en los años 90 para compensar la caída de afiliados producto de las políticas económicas de esa década.
Nuevo avance
La intención de limitar esos aportes ya estaba incluida en el DNU 70, que establecía que solo podrían realizarse si el trabajador daba su consentimiento explícito. Ese punto fue uno de los principales motivos por los que la CGT impugnó judicialmente el decreto y logró frenar su aplicación. Luego, el gobierno intentó reintroducirlo en la Ley Bases de 2024, pero debió retirarlo ante la presión sindical.
Ahora, Sturzenegger busca reinstalar el tema, lo que generó una inmediata reacción en el movimiento obrero. “Si el decreto 70 voltea las cuotas solidarias, pone en bancarrota a todo el gremio”, había advertido Armando Cavalieri, titular de la Federación de Empleados de Comercio (FAECyS). “Tenemos 350 sindicatos del interior con mutuales y farmacias que viven de esos aportes. Si de repente esto no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato”, alertó.
Rechazo sindical
En la CGT el mensaje fue claro. Héctor Daer, cotitular de la central y dirigente de Sanidad, advirtió: “Si es para retroceder, no vamos a negociar. Hasta ahora no hay ningún indicio de cuál es el borrador que pretende el Gobierno”. Y agregó: “La CGT tiene que construir las mayorías parlamentarias que nos permitieron frenar los avances como hasta ahora. Si eso no alcanza, generar presión política y gremial como hicimos con el DNU 70”.
Incluso desde el sector más dialoguista hubo críticas. Gerardo Martínez, de la UOCRA, afirmó: “La pretendida reforma laboral que impulsa el gobierno nacional como solución a todos los males no es más que la ratificación del DNU 70 en su capítulo laboral, una decisión inconsulta que fue rechazada y judicializada con éxito por la CGT”.