Las cartas están sobre la mesa. Con un pie en el avión, luego de su viaje a Noruega, el presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral y lo ingresó al Congreso, vía el Senado. De esta forma, se terminó el misterio y se conocieron los cambios que pretende la gestión libertaria para el mundo del trabajo. La respuesta de la CGT, que fue especulando sobre la profundidad de la iniciativa y alertando sobre los puntos sensibles, no se hizo esperar, y anunció una marcha para el jueves 18 de diciembre, al que se suman las dos fracciones de la CTA, movimientos sociales y se espera que sea multitudinaria. La pelea de la calle será una de las claves para la aprobación o el rechazo, lo mismo que el famoso “poroteo” legislativo, en un Congreso donde La Libertad Avanza y sus aliados busca un tratamiento exprés.
En tanto, la iniciativa deja ver el intento del gobierno de generar un cambio profundo en las leyes laborales, lejos de las primeras versiones que hablaban de modificaciones que no afecten, por ejemplo, el modelo sindical. Pero una mirada más detallada muestra que se intentará poner en luego el financiamiento de las organizaciones, un punto clave.
Un análisis jurídico advierte que la reforma laboral incluye “cambios que podrían desfinanciar a los sindicatos: se eliminan retenciones obligatorias”, se vuelven impracticables las cuotas de solidaridad y se condiciona el aporte al consentimiento individual. Además, se buscaría la caída de la ultractividad, la baja de la carga fiscal y otras cuestiones. Casi en silencio, se elimina la matrícula de profesionales liberales, lo que deja sin control sus accionar.
Una evaluación profunda del proyecto de la reforma laboral muestra que más allá de las cosas que se fueron adelantando, que son la columna vertebral de la propuesta, hay cambios muy incisivos, que pueden generar transformaciones estructurales, tanto el modelo de negociación colectiva, los gremios y la justicia laboral.
Además de tener un componente impositivo que genera polémica, porque esto hace que debería ingresar al debate legislativo por Diputados y no por la cámara alta. En un documento elaborado por la CTA Autónoma, esta profundidad se define como “tres reformas en una”. “La primera, transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital por vía de la creación del Fondo de Asistencia Laboral y la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social”, destacó el documento, al que tuvo acceso Data Gremial.
La segunda, “apunta a debilitar la acción colectiva con cambios en la regulación del derecho a huelga, la negociación colectiva y las asociaciones sindicales”. Finalmente, la tercera reforma detectada por la central obrera “buscar fortalecer la disciplina laboral en los lugares de trabajo, con muchos cambios en la Ley de Contrato de Trabajo”. Estos ejes y sus consecuencias serán llevados por la CTA Autónoma a todo el país, comenzando con encuentros para debatir y dar herramientas a la dirigencia de base para discutir la negatividad del proyecto.
El análisis del impacto de los cambios que se generan a partir de la reforma comienza con un componente impositivo, que fomenta la transferencia de recursos de las que habla la CTA Autónoma.
Fuentes de la entidad le adelantaron a Data Gremial que los recursos serían “de entre 2000 y 2500 millones de dólares al año” que los trabajadores les transfieren a los empleadores. Además, quienes administren los recursos del Fondo de Asistencia Laboral podrán cobrar una comisión que será determinada por la reglamentación.
“Una verdadera AFJP de los despidos”, agregaron. A esto se llega a partir del nuevo Fondo de Asistencia Laboral, de donde saldrán los recursos para pagar las indemnizaciones por despido. La contracara de esta iniciativa es una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales que los empleadores deben realizar al sistema de seguridad social.
De esta manera, las indemnizaciones por despido pasarán a ser abonadas íntegramente con recursos que dejará de recibir la ANSES, afectando su capacidad para mejorar las prestaciones que otorga. Adicionalmente, la transferencia de recursos del trabajo al capital no se agota con la creación de este fondo. El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasa del 6 al 5 por ciento), por lo que de un día a otro cambiarán de manos cuatro puntos de la masa salarial total.
Colegios profesionales
Otro de los capítulos de la reforma que tuvo poca difusión apunta a la actividad de varios profesionales, y busca dejar sin efecto la ley marco de la colegiación, que es obligatoria para médicos, farmacéuticos, abogados y otras profesiones.
En concreto, la idea del proyecto es eliminar la obligatoriedad de la matrícula, lo que deja a los colegios en una situación de indefensión. Según se informó, el objetivo de la desregulación de la matrícula "se logra mediante varios mecanismos, como derogación de cláusulas específicas para algunas profesiones y derogación de marcos regulatorios generales, como la Ley 12.713, en la parte de la obligatoriedad, que alcanza a profesionales de la salud". El proyecto de reforma laboral apunta a desmantelar la base legal que sostiene la obligatoriedad de la matriculación y la estructura de control de las profesiones liberales en general.
La idea de eliminar la obligatoriedad de la matriculación de los profesionales como contadores, abogados, arquitectos, corredores y martilleros públicos generó malestar, en especial en el sector salud, donde los colegios tienen una función de control muy estricto y efectivo.
El último artículo de la reforma laboral deroga varias normas que, en conjunto, van contra la matriculación obligatoria, y refieren a la creación de colegios y consejos profesionales y sus facultades. La cláusula "toda otra norma que se oponga o colisione".
En cuanto el Decreto Ley 16.925/62 sobre colegios y consejos profesionales contiene disposiciones que obligan a la colegiación y el espíritu de la nueva ley es la "matrícula libre", esa cláusula podría invalidar de facto sus efectos sin necesidad de derogarla explícitamente por número. En conclusión, el decreto que regula la matriculación obligatoria no está listado, pero el efecto desregulatorio del proyecto afectaría el espíritu de cualquier norma que imponga la colegiación obligatoria.
“Es ridículo”, le dijeron a Data Gremial fuentes de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP), entidad que nuclea a colegios de todas las ramas de la actividad, que rechazaron la medida de inmediato. Según argumentaron, "en los países más liberales existen entidades y colegios profesionales que regulan las normas para ejercer en un distrito cualquiera". Uno de los ejemplos son los BOARD de Estados Unidos, que son diferentes tipos de juntas o consejos profesionales, como el National Board of Medical Examiners (NBME) para médicos que certifican competencias. Estas entidades son muy similares a los colegios profesionales. Las entidades dicen que el debilitamiento de las estructuras limitarán las capacidades de control y supervisión de los profesionales, algo que el estado no puede hacer por el ajuste libertario.
Estatutos
En tanto, el proyecto de contrarreforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender las alarmas en el sector de prensa. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el SiPreBA denunciaron que la iniciativa busca “borrar un siglo de derechos” y eliminar de un plumazo las normas que rigen la actividad periodística desde hace más de 80 años. Según advirtieron los gremios, el Ejecutivo intenta derogar tanto el Estatuto del Periodista Profesional como el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, dos marcos legales que garantizan estabilidad laboral, resguardo frente al fraude y herramientas para negociar en condiciones justas. “De la noche a la mañana, sin debate, quieren terminar con la base de nuestros derechos”, señalaron desde SiPreBA. Para la organización, el proyecto implica “un ataque directo a quienes trabajamos en prensa”.
Las entidades recordaron que estos estatutos permiten que cualquier trabajador o trabajadora del sector —incluso quienes no están correctamente registrados— pueda exigir a su empleador que cumpla con la ley y obtener mejores condiciones en caso de conflicto. “Son derechos que protegen el ejercicio de informar frente a presiones políticas y económicas”, remarcaron. En esa línea, apuntaron: “No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo”.
El proyecto también elimina gravámenes previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sostienen a medios públicos, comunitarios y pequeñas productoras. Para los sindicatos, esto representa un doble beneficio para los grandes grupos mediáticos: menos derechos laborales y menos impuestos. “Encontraron en este proyecto un negocio redondo”, afirmaron. A esto se suma otro dato de peso: en los últimos dos años, ni el Gobierno ni las empresas del sector impulsaron discusiones para modernizar el Estatuto del Periodista, pese a que los gremios plantearon debates sobre inteligencia artificial, teletrabajo y nuevas funciones. “No hubo ni intención ni diálogo. Ahora avanzan de facto”, cuestionaron.