La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina anunciaron que marcharán junto a la CGT el próximo jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo para manifestarse en contra del proyecto de Ley de Modernización Laboral por considerarla que “ataca derechos fundamentales”.
Además, ambas entidades, que permanecen en Estado de Movilización Permanente, anticiparon que organizarán una jornada formativa de 10 a 15 en la sede de la CTA ubicada en Bartolomé Mitre 748, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , donde se compartirán distintos análisis sobre los elementos fundamentales de la polémica iniciativa libertaria para su discusión, así como las propuestas desarrolla al respecto.
También resolvieron movilizar en cada oportunidad en que el Congreso Nacional trate este proyecto en el recinto. En la misma línea se decidió promover reuniones tanto con gobernadores, como con diputados y senadores.
Organizar un plan de lucha
En ese marco, comenzaron a planificar los lineamientos para transparentar su oposición. De hecho, en esta jornada, la Conducción Nacional de la CTA mantuvo una reunión de emergencia a fin de coordinar las acciones.
Dicha actividad comenzó con el informe político del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy que dio detalles de las reuniones y conversaciones que mantuvieron con dirigentes de la CTA de los Trabajadores y de la CGT, como así también de legisladores de la oposición.
Luego tuvo lugar a un informe por parte del director de Departamento Jurídico de la CTA, Daniel Jorajuria y de Luis Campos, que como parte del equipo del Instituto de Estudios de Formación de la Central, explicó los alcances de este proyecto de ley, ya plasmados en “La primera sistematización de la reforma laboral. Un ataque del capital contra el trabajo en toda la línea”.
El encuentro contó con la participación de dirigentes nacionales y secretarios generales de las provincias, se coincidió que el avance de esta ley, que, desde la entidad gremial, “combina aspectos fiscales y laborales, implica la consolidación de un modelo neocolonial, extractivista y entreguista, con pérdidas de derechos fundamentales para la clase trabajadora, como el derecho a huelga y la negociación colectiva, y el desmantelamiento de los sindicatos, obras sociales y estructuras clave para la defensa de esos derechos”.
Fuertes críticas al proyecto
En un comunicado publicado en conjunto, ambas CTA acusaron que “se trata de una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios y que utiliza a las PyMEs como pretexto de su verdadero propósito que es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores”.
Asimismo, pormenorizaron que la propuesta mileísta “debilita la presunción de relación laboral, facilitando el fraude; promueve la tercerización irresponsable; introduce salarios dinámicos que destruyen la estabilidad; y abarata los despidos, transfiriendo su costo al Estado y desfinanciar el sistema previsional”. “Además, vulnera garantías constitucionales como las vacaciones y la jornada laboral, y busca desarticular la acción sindical colectiva”, subrayaron.
Asimismo, sostuvieron que también tendrá como consecuencia la profundización de “la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica, en línea con un modelo que prioriza los intereses del gran capital en camino contrario al de un proyecto de país productivo e integrado”.
Como lo indicaron anteriormente, las CTA mantuvieron reuniones con el interbloque de senadores de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, para concretar acuerdos en rechazo al paquete de leyes. Previamente se habían reunido también con el bloque de diputados de UxP para desarrollar una estrategia común.