El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, incluido en la Ley Bases aprobada por el Congreso a mediados de 2024, se lanzó con promesas de formalización laboral y alivio fiscal. Sin embargo, los números finales del programa muestran un rotundo fracaso: en tres meses de vigencia, solo 16.703 trabajadores fueron regularizados. Esto representa apenas el 0,3% del total estimado de asalariados no registrados en el país, según datos del INDEC.
El programa, que operó entre fines de septiembre y fines de diciembre de 2024, contó con la adhesión de 1950 empleadores. A cambio de la regularización, el fisco condonó deudas por aportes y contribuciones y eliminó sanciones económicas por la falta de registración. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la AFIP, informó que la recaudación por el plan alcanzó los $2000 millones.
Una doble señal: incentivo al blanqueo y eliminación de sanciones
Para analistas y especialistas en derecho laboral, el diseño del programa atentó contra sus propios objetivos. Mientras que por un lado se ofrecieron beneficios fiscales para regularizar relaciones laborales, por el otro se derogaron las multas y sanciones que históricamente castigaban el empleo no registrado. El resultado: los incentivos se diluyeron frente a la pérdida del carácter coercitivo de la legislación.
“El problema fue que, al eliminarse las sanciones por no registrar, el costo de incumplir se redujo drásticamente. Eso desalentó el ingreso al blanqueo”, explicó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
El abogado laboralista Luis Discenza coincidió en el diagnóstico. “La misma norma que incluyó el blanqueo eliminó las multas que aplicaba el fuero laboral. En una demanda por despido, esos recargos podían triplicar el monto a pagar. Eso ahora desapareció”, sostuvo.
Las cifras del empleo informal siguen sin cambios
Los datos más recientes del INDEC muestran que la informalidad continúa enquistada. En el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 5.437.000 asalariados no registrados, apenas 11.000 menos que un año antes. El empleo asalariado registrado también cayó: pasó de 11.199.000 en 2024 a 11.145.000 en 2025.
La única categoría laboral que creció fue la de trabajadores sin relación de dependencia, en la que predominan los monotributistas y cuentapropistas, muchos de ellos en condiciones de informalidad.
En total, se estima que hay 22.688.000 ocupaciones en el país, 227.000 más que en los primeros meses del año pasado. Pero el empleo genuino y registrado sigue estancado. En el sector privado, según el SIPA, los asalariados registrados fueron en abril de este año 6.255.083, la cifra más baja del primer cuatrimestre.
Las pymes y el comercio, protagonistas del "blanqueo"
Del total de empleadores que adhirieron al régimen, el 90% fueron micro y pequeñas empresas, o entidades sin fines de lucro. A estas se les condonó el 90% de sus deudas previsionales y sociales. También ingresaron 51 firmas medianas y 282 empresas grandes, con descuentos del 80% y 70% respectivamente.
Las actividades que más se sumaron al programa fueron el comercio (661 empleadores), la industria (266), los servicios de alojamiento y gastronomía (182), los servicios profesionales (131), la salud (116) y el agro (109).
Además, 206 empleadores utilizaron el programa para rectificar remuneraciones previamente subdeclaradas.
Sin reforma laboral clara, la incertidumbre persiste
Desde el Gobierno reconocieron que el resultado del plan fue modesto. “Representa una proporción baja frente al universo total de empleo no registrado. No puede hablarse aún de un impacto estructural, aunque sí de una buena señal inicial de adhesión”, admitieron fuentes oficiales.
No obstante, el propio ministro de Economía ha insistido en su intención de avanzar con una reforma laboral, aunque hasta ahora no se conoce el contenido concreto de esa propuesta, ni su viabilidad política tras los fallos judiciales que frenaron iniciativas previas.
Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, apuntó que el problema de fondo es la falta de competitividad y las expectativas económicas. “Muchas empresas temen contratar en blanco por los altos costos de litigiosidad. Sin una economía pujante y sin reglas claras, no hay incentivo suficiente para blanquear”, afirmó.
Conclusión: el "plan" que no fue
El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, lejos de significar una solución al trabajo en negro, apenas maquilló las cifras de la informalidad. A pesar de los beneficios fiscales otorgados a los empleadores, la eliminación de sanciones terminó convirtiéndose en un premio al incumplimiento.