Esta semana, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) anunció que extenderá hasta el 14 de septiembre las acciones de protesta en todo el país, para denunciar el ajuste salarial y presupuestario. Además, se mantiene alerta por la posible decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, una amenaza que se espera el presidente cumpla en cualquier momento. Ante esto, el resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales plantearon también medidas para la próxima semana, que incluirán clases abiertas y acciones de visibilización sobre la realidad que se vive en la educación superior.
Los docentes nucleados en FEDUBA, por ejemplo, llevarán adelante el miércoles próximo una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo en respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario. Junto al personal nodocente y a estudiantes de la UBA, el gremio exigirá la “plena vigencia e implementación” de la norma, recientemente aprobada por el Congreso. “Este mes empezaremos a cobrar los nuevos ‘aumentos’ unilaterales del gobierno de Javier Milei, todos a la baja de la inflación mensual. Además se depositará el bono irrisorio que aplica a los meses de junio, julio y agosto. Si hay veto, hay marcha”, concluyeron desde FEDUBA.
Esta actividad no sólo es organizada por FEDUBA sino también por muchos de los centros de estudiantes de las distintas facultades y otros gremios de la universidad, que advierten sobre “la necesidad de contar con un financiamiento previsible y suficiente” para que se garantice “la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el normal funcionamiento de las universidades, la continuidad de programas científicos, becas e infraestructura”.
Contundente paro
Esta semana, hubo varias acciones en el marco de este plan de lucha. La CONADU Histórica, por ejemplo, llevó adelante en todo el país un paro el 1 y 2 de septiembre, en rechazo a la política de ajuste del gobierno nacional sobre los salarios, el presupuesto universitario y el sistema científico. La masividad de la medida y las actividades de visibilización —clases públicas, asambleas, volanteadas en rutas, charlas y conferencias de prensa— evidencian, una vez más, “el hartazgo de la docencia universitaria y preuniversitaria ante la política de destrucción y vaciamiento de la universidad pública por parte del gobierno”.
“La bronca y la indignación se profundizan aún más frente a la reciente difusión de audios que revelan hechos de corrupción en el seno del propio gobierno de Milei, al mismo tiempo que se recortan recursos esenciales para la educación superior”, dijeron desde el gremio. “El gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se degrada el salario docente y se desfinancia la universidad pública, mientras al mismo tiempo salen a la luz manejos turbios de fondos públicos”, agregaron.
Por otra parte, frente a la posibilidad de que el presidente Milei vete la Ley de Financiamiento Universitario, advirtieron que “marcharemos nuevamente al Congreso para rechazarlo, tal como lo hicimos frente al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad (que logramos frenar) y al aumento para jubilados”. Esto podría definirse el próximo 10 de septiembre, cuando se lleve adelante un Plenario de Secretarias Generales, donde se evaluará este tramo del plan de acción gremial
Tercera marcha
En tanto, la comunidad universitaria amenaza con una nueva marcha federal si el presidente veta la Ley de Financiamiento Universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no deja margen para la especulación: si Javier Milei veta la norma aprobada en Diputados, el país presenciará otra marcha federal en defensa de la universidad pública. La consigna ya circula como advertencia y bandera: “Si hay veto, hay marcha”.
La decisión de los rectores, que se reunió en la localidad de Rosario con 70 de las 74 universidades nacionales presentes, vuelve a poner a la educación superior en el centro de la agenda política. Y lo hace en un contexto en el que el oficialismo, lejos de mostrarse fuerte, atraviesa el momento más frágil desde su llegada al poder: la credibilidad presidencial erosionada, una hermana todo-terreno convertida en jefa política bajo sospecha de corrupción, y un gabinete desarticulado que no logra dar respuesta al ahogo financiero de las casas de estudio.