Como ya se hizo con Vialidad nacional, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) buscarán evitar el desguace de la entidad, en el marco de la violenta desregulación estatal. A través de sus dos gremios, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), recurrieron a la justicia para solicitar que se “declaren inaplicables” las facultades delegadas por la Ley 27.742, además de peticionar por que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27.742 y los artículos 59 al 69 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025.
De este modo los trabajadores comenzaron a recorrer el camino judicial para frenar el desguace del organismo pretendido por el Gobierno de Javier Milei. Según la presentación, el DNU configura una desviación de poder que oculta la disolución, la desfederalización, y el vaciamiento del INTA, hecho que es expresamente vedado por el artículo 2 de la Ley 27.742, y por resultar asimismo violatorio de los fundamentos que dieron lugar a su creación.
En la petición a la Justicia además se solicitó que se disponga una medida cautelar que determine la suspensión provisoria de los efectos de los mencionados artículos del DNU, y que le ordene al Estado Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que implique reubicaciones, cesantías, pases a disponibilidad, traslados, despidos, rescisiones o no renovaciones contractuales tanto del personal, así como de representantes gremiales, y/o cualquier otra medida de reestructuración y/o reorganización del personal que implique la reducción de la dotación del organismo, garantizando la ocupación efectiva y sus derechos laborales emergentes consagrados en los Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 y 127/06, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
Defender los derechos
“En la calle y en la Justicia, estamos demostrando que el Gobierno de Milei no es invencible. Vinieron por el derecho de huelga y la Justicia nos dio la razón. Quisieron quitarnos el Día del Empleado Público y la Justicia dijo que tenía razón ATE. Y la marcha atrás con el cierre de Vialidad demuestra que, uno por uno, vamos a voltear todos los decretos”, destacó Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional.
De acuerdo a lo que entienden los trabajadores, el Gobierno quiere sacar a remate 40 mil hectáreas rurales del INTA “para construir barrios cerrados, vender sus patentes de eventos tecnológicos, apropiarse de los recursos financieros que tienen en el Banco Nación, y generar despidos de científicos y técnicos que al Estado le costó décadas formar”.
Disolución
“La misma ley bases prohibió la disolución del INTA. Pero, de hecho, el INTA queda disuelto. De ser una persona jurídica sujeto de derecho (como una sociedad, una asociación civil, una fundación) el 462/2025 lo convierte en una mera oficina interna de la Administración Pública Central. El INTA pierde así su CUIT, y todos sus bienes (tierras, patentes y maquinarias) pasan al ministerio de economía, que ya se está preparando para sacarlos a remate. Sin contar la ola de nuevos despidos que esto va a generar”, agregan los sindicatos denunciantes.
Las gremiales de los trabajadores estatales no ven que sea urgente eliminar a las universidades de la conducción colegiada del INTA, ni excluirlos a los Consorcios de Experimentación Rural (AACREA), como pretende hacerlo el decreto delegado 462/2025. Aguiar y Mario Romero de APINTA firmaron la presentación judicial.