Luego que se confirmara un fallo contra el DNU 340, que desregulariza la marina mercante, el titular del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SiCoNaRA), Mariano Vilar, festejó que la justicia “se le anime” al presidente Javier Milei. Es que en los últimos tiempos el avance de las reformas que intenta imponer la Casa Rosada tuvo en la justicia la mayor resistencia, ante la falta de un plan conjunto de los gremios o una postura unificada de la oposición. Incluso cuando los cambios lograron el visto bueno del Congreso, los amparos marcaron un freno que no se logró con otras formas de protesta. Esta tendencia se profundizó en los últimos días, cuando al filo de perder las facultades delegadas, se decidieron cierres y fusiones de más de 20 organismos, muchos de ellos cuestionados. El caso más emblemático es el del Vialidad Nacional, y ahora se le suman reclamos judiciales en el INTA, pero no son los únicos.
A comienzo de año se falló contra el traspaso a una sociedad anónima del Banco Nación, paso previo a su privatización, que por ahora está parado. En el mundo laboral, las medidas libertarias apuntan a una “reforma laboral de hecho”, mientras que en el sector salud hay un cambio de mirada respecto del rubro, considerado por el oficialismo “una mercancía más”.
Por estas horas, los amparos judiciales se volvieron la forma más efectiva de frenar la motosierra libertaria. Así la CGT logró que se declararan varias actividades esenciales, la forma que buscó el gobierno de frenar el derecho a huelga. Lo mismo pasó con los artículos laborales del DNU 70, suspendidos por varios tribunales.
En los últimos días, se consiguió destrabar la situación de la marina mercante, con la declaración de inconstitucional de buena parte del DNU 340, que buscaba una transformación sobre este sector, y que muchos pensaron como “una avanzada” en la reforma laboral que desde su llegada a la Casa Rosada busca el presiente Milei. Este fallo se suma a otros rechazos judiciales a medidas del Ejecutivo, que buscaban cercenar distintos derechos laborales adquiridos en las últimas décadas. En el caso del DNU 340, la jueza a cargo del fallo aclaró que no analizó aún la constitucionalidad del decreto, pero ordenó mantener la normalidad hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Uno de estos fallos claves es el que evitó por ahora el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, que junto a otras entidades del sector se iban a fusionar en un nuevo organismo. La suspensión por seis meses del decreto que avanza con esta medida fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2, que hizo lugar a una medida cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que el cierre violaba derechos laborales y la autonomía del ente, creado por ley.
El gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, adelantó que apelará la medida, pero hasta ahora no lo hizo. Así pudo saberlo Data Gremial, que consultó a fuentes del sector que afirmaron que hasta ahora no se avanzó con esa medida. “El gobierno debería pedir la habilitación de la Feria Judicial para realizar esta medida, y estarán evaluando qué cámara quedó para hacerlo”, dijo una de las fuentes consultadas. En San Martín, donde se dio el fallo contra el cierre de Vialidad, hay dos cámaras de apelaciones. Por el momento, se supo que el oficialismo “está teniendo contactos informales con jueces” para conocer la viabilidad de su reclamo.
Cambio de modelo
Uno de los rubros donde los cambios tienen un impacto muy importante es en el sistema sanitario, donde las medidas más polémicas también fueron limitadas o frenadas por la justicia. El proceso para desregular el sector comenzó al inicio del propio gobierno, que incluyó varias medidas polémicas en el DNU 70. La principal de ellas fue permitir la venta de medicamentos fuera de farmacias, su oferta en góndola y la posibilidad que estos locales sean propiedad de cualquier persona, no sólo de farmacéutico matriculados.
Esto generó obviamente un amparo judicial, que tuvo el visto bueno por la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que atedió el pedido de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica Argentina (FEFARA). En concreto, la justicia suspendió los artículos 313 a 325 del DNU 70/2023. FEFARA destacó que la decisión "devuelve a las farmacias la responsabilidad de la compra, conservación, dispensa y consejo farmacéutico en el mostrador", garantizando un manejo profesional de los medicamentos.
“Lo que intenta el gobierno es hacer del medicamento una mercancía más, y desconocer su carácter social”, le dijo a Data Gremial un dirigente de estas entidades, que marcó que la lucha para evitar “la mercantilización de la salud” es fundamental para sostener el modelo sanitario de atención. “La salud está bajo ataque en este gobierno, con medidas que apuntan a pasar a un modelo vinculado con el aseguramiento de la atención, como el que rige en Estados Unidos”, agregó el mismo dirigente consultado. En este sentido, la justicia frenó también los cambios que contradicen leyes fundamentales del sector, como la de provisión de medicamentos para patología graves como HIV o cáncer.
Por eso, las quejas en el sector: “Lo que el gobierno hace es desconocer su rol de garante del acceso a la salud, y la justicia se lo recuerda”, se finalizó. En este sentido, hubo varios fallos para sostener la atención de personas que fueron abandonadas producto de la motosierra, como pasó al inicio de la gestión con el cierre de la DADSE, la oficina de provisión de tratamientos oncológicos para personas en situación de vulnerabilidad social.
Antecedentes
El freno a las intenciones de la gestión libertaria no son nuevas, y comenzaron a partir de las polémicas decisiones que comenzaron a salir desde la Casa Rosada y el Ministerio de Desregulación, las principales usinas de cambios. A comienzos de este año, por pedido de los gremios del sector, se decidió frenar la transformación en Sociedad Anónima del Banco Nación.
La idea de transformar a la banca pública genera alarma porque es el paso previo a la privatización, pero la justifica lo frenó. En junio pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó la medida cautelar dictada en marzo por el juez Alejo Ramos Padilla, que suspende la aplicación del DNU 116/2025, impidiendo así que el gobierno avance en la transformación del banco.
Tal como expresa el fallo judicial, la privatización “fue excluida de la lista de empresas sujetas a privatización en la Ley 27.742”. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo “no tiene facultades para avanzar con dicha transformación sin la debida intervención del Congreso de la Nación”. “La medida sigue vigente, es un freno para el avance del gobierno”, destacó Arturo Quiñoa, titular de la Asociación del Personal Jerárquicos de Bancos Oficiales (APJBO).
Ante la consulta de Data Gremial, destacó el accionar judicial, ya que “suspendió todo cambio hasta después de las elecciones nacionales de este año”. Esto le da a los trabajadores y sus gremios tiempos para buscar consensos para frenar el avance del gobierno sobre el Banco Nación. Este fallo representa “un nuevo respaldo judicial a la causa iniciada oportunamente, con una sentencia sólida y contundente, que impide la realización de todo acto, entre ellos la conversión en Sociedad Anónima, que tenga por objeto avanzar con la privatización de la principal entidad bancaria pública del país”.