Gremios docentes enrolados en la CGT llevaron al plano internacional sus quejas por la decisión del gobierno de dejar de llamar a la instancia nacional de su paritaria de esta forma, la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) presentaron una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que acusaron al gobierno nacional de “una grave vulneración de derechos laborales”, al señalar que “desmanteló la paritaria docente y viola convenios internacionales ratificados por el país”.
La presentación formal de UDA y CEA ante el organismo internacional se realizó tras la entrada en vigencia del decreto 341/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo “desmanteló el sistema de negociación colectiva a nivel nacional para el sector docente”, indicaron las organizaciones sindicales.
En la presentación, las entidades sindicales advirtieron que el accionar gubernamental atenta contra normativas internacionales al contradecir el Convenio Nº 87 sobre libertad sindical (1948) y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva (1949), ambos ratificados por la Argentina. “La paritaria docente fue vaciada de contenido, convertida en una figura casi simbólica, con el objetivo de desactivarla, cercenar derechos constitucionales y desentender al Estado de la inversión que por ley corresponde”, alertaron desde UDA y CEA.
Deterioro salarial
En esa línea, las entidades también denunciaron el deterioro salarial que atraviesa el sector educativo: “El salario inicial docente permanece congelado en 500 mil pesos, mientras el Estado se aleja de la inversión educativa establecida por la legislación vigente”.
Ante este escenario, UDA y CEA exigieron al gobierno nacional una “convocatoria urgente a la paritaria, en un marco adecuado y de respeto a las negociaciones colectivas, para evitar que miles de docentes sigan por debajo de la línea de pobreza”. La denuncia fue rubricada por los secretarios generales de ambas organizaciones: Sergio Romero por UDA y Fabián Felman por CEA.
Grave situación
En mayo pasado, el gobierno modificó el artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, lo que se traduce en la supresión de la obligación de que el Estado participe de la negociación del salario mínimo docente. Como en pleno auge neoliberal, esa cuestión quedará únicamente en manos de las provincias.
La medida, básicamente, corre al Estado como garante de un piso salarial común para los docentes de todo el país. "Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad", agregaron desde los gremios.