El proyecto de reforma laboral libertario no para acumular críticas sobre sus futuras consecuencias en caso de que se apruebe. Una nueva observación que sumó es que la baja de un punto porcentual en el aporte patronal a las obras sociales implicaría un importante recorte de más de $100.000 millones mensuales, lo que agravaría aún más la situación económica de los prestadores de cobertura médica.
El sistema de salud, que en nuestro país, funciona de manera tripartita, dado que intervienen el sector público, las obras sociales administradas por los sindicatos y la red privada, podría sufrir efectos muy nocivos, al disminuir la contribución patronal del 6% al 5%, aunque la de los trabajadores se mantendrá el 3% actual.
Al respecto, el médico y ex director ejecutivo del PAMI, Carlos Ragazzoni, estimó que "se espera una caída del 11% en la recaudación de las obras sociales".
En ese marco, fuente sindicales consideraron que podría haber una pérdida mensual cercana a los $16.500 millones de pesos para el Fondo Solidaria de Retribución, el esquema que compensa ingresos de distintas obras sociales; mientras que las obras sociales sufriría una baja de unos $90.000 millones por mes, lo que daría una suma de $106.000 millones.
A propósito, Regazzoni señaló que “la intención del Gobierno es abaratar el costo laboral y que haya más empleo formal, lo que generaría a su vez una mayor recaudación”, aunque objetó que esa decisión esconde un equivocación “técnica” al puntualizar que la recaudación per cápita de cada uno de los afiliados a las obras sociales será menor y eso genera una mayor crisis en el sistema.
Para brindar mayor claridad, se comparó con que si actualmente hay una determinada cantidad de casos -por ejemplo, infartos- con un mayor número de afiliados estos episodios también crecerán, pero no podrán afrontarse con un menor nivel de aportes.
Un sistema en crisis
Por más que no existan cifras oficiales, el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), según cálculos privados, ronda entre los $65.000 a $70.000, un valor muy complejo de sostener ante un escenario de sueldos muy bajos y más si hay una base de aportes muy reducida.
Cabe destacar que en los trabajadores de mayores ingresos suelen derivar sus aportes a las prepagas, mientras que las obras sociales concentran mayoritariamente a afiliados de menores ingresos. En ese sentido, el ex funcionario mencionó que, aunque la cobertura es como la de los países “del primer mundo”, los aportes no la garantizarán plenamente.
Por eso, planteó como contradicción que si la reforma laboral busca aumentar el empleo formal, el sistema no daría a basto si la recaudación por los aportes es menor.
Asimismo, el secretario de Acción Social de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario general de SGBATOS, José Luis Lingeri, advirtió que del 90% del FSR se destina hoy a prestaciones vinculadas a la discapacidad, como el transporte escolar, lo que limita la capacidad del sistema para cubrir al resto de los afiliados.
El dirigente fue directo y alertó: "Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado. Esta reforma está orientada a quebrar a los sindicatos". Como si fuera poco, reveló que muchos gremios aportan fondos propios para sostener a las obras sociales, aunque proyecta que no será sostenible en el tiempo.
Lingieri, en diálogo con Ámbito, lanzó que “el costo laboral es impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque”. Pero, indicó: “Eso no lo tocan. Esta reforma la armaron los grandes estudios de empresarios y poder político".
Reclamo de diálogo
En sintonía con el ex titular del PAMI, Lingeri sentenció: "Si hay más trabajadores, que es la intención última de la reforma, no podemos atenderlos. Fundimos. Le entregamos la llave al Estado para que atienda a los trabajadores".
Para graficar la situación de los monotributistas, que actualmente pagan alrededor de $20.000 por una cobertura integral. Es más, con las nuevas actualizaciones de cara a 2026, la categoría A -que es la más baja- pasará a aportar $22.485, de los cuales el 90% va al sistema de salud y el 10% al FSR.
Finalmente, criticó al Ejecutivo nacional por no convocarlos a un diálogo constructivo y enfatizó: "Nosotros negociamos con todos y podríamos haber llegado a un acuerdo”.