El Ministerio de Salud de la Nación fue otra vez víctima de la motosierra libertaria. Durante el fin de semana, coincidiendo con el cambio de mes, se confirmaron más de 200 despidos en la estructura, incluyendo el Hospital Posadas, el centro asistencial más grande bajo órbita de nacional. Según denunciaron los gremios, en el nosocomio de la localidad bonaerense de El Palomar –que desde hace años es castigado por las cesantías, que comenzaron en forma masiva en el gobierno de Mauricio Macri –son 84 los trabajadores que fueron expulsados, entre los que figuran enfermeras, médicos, personal de laboratorio y trabajadores del área de vigilancia, entre otros sectores. Además, hay un número no identificado de empleados de PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, que trabajaban en delegaciones de todo el país. La nueva poda es parte de un plan de ajuste en el sistema sanitario nacional, que viene siendo denunciado por los gremios el sector, que ya alertaron sobre las enormes dificultades que generan estos despidos. Esto es parte del achicamiento de la estructura sanitaria, que incluye la idea de privatizar los hospitales SAMIC, que co-administran el gobierno de Javier Milei y las provincias.
Ante esto, se realizó una asamblea en el lugar, para presionar a las autoridades y pedirles una mesa de negociación. los datos del ajuste no deja duda respecto del impacto negativo: según un informe, en dos años los recursos de salud se retrajeron un 30 por ciento.
Los despidos en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas son parte de un nuevo plan de ajuste que se viene ejecutando en el sistema sanitario nacional desde fines del año pasado, cuando la cartera sanitaria ordenó modificaciones en varias entidades de su estructura, como la comisión que recomienda en materia de vacunación, o incluso cerró de hecho otras, como sucede con el programa de cardiopatías congénitas. Ahora, fueron 220 cesanteados en el organigrama ministerial y 84 en el nosocomio, según denunció la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).
Junto a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Seccional Posadas), la entidad condenó la nueva ola de cesantías y advirtió que lo que está sucediendo en el nosocomio “no es un hecho aislado ni un error administrativo: es una política deliberada. Buscan naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización como forma de disciplinamiento laboral”. Desde el gremio advirtieron “el grave impacto que tendrá en la atención de los pacientes”, ya que es cuestión de ver cuántas personas “han tenido que pagar de su propio bolsillo a alguien para que las asista durante la internación, debido a la falta crónica de personal”.
Ante este nuevo avance respecto de la salud pública, trabajadores y profesionales del Posadas realizaron ayer una asamblea en el hall central del hospital, bajo la consigna de “no sobra nadie”. Según le explicó a Data Gremial la presidenta de FESROSA María Fernanda Boriotti, los nuevo despidos “golpean la estructura tanto el nosocomio como del propio ministerio”. Según explicó la referenta sindical, lo que se definió en la asamblea fue “pedirle tanto a las autoridades de la cartera de (Mario) Lugones como al a dirección del hospital una mesa de negociación, para buscar la reincorporación de los compañeros”. Además, los nuevos despedidos confirmaron que participarán del cabildo abierto que gremios y entidades sanitarias realizarán este miércoles, donde según Boriotti “vamos a dar el apoyo solidario a estos y otros trabajadores de la salud atacados por el gobierno”.
Desde FESPROSA convocaron a trabajadores, pacientes y a la comunidad en general a “acompañar la convocatoria y defender el sistema público de salud, en un contexto en el que el ajuste avanza sobre derechos laborales y pone en riesgo la atención sanitaria en todo el país”. Además, la asamblea llamó a organizarse contra la reforma laboral, que pronto se tratará en el Congreso.
Plan de ajuste
Los despidos no son aislados, y son parte de un ajuste que se viene ensañando con el sistema sanitario. Antes del cierre del 2025, los cambios en varias dependencias generaron alarma entre los especialistas, que ven como la falta de personal y de recursos deja a millones de pacientes indefensos. Es que en dos años, la estructura de la cartera sanitaria se resintió de tal manera que se cerraron programas y direcciones, de la mano de un “brutal ajuste presupuestario”, que un reciente informe única en torne del 30 por ciento.
Se trata de un balance de los dos años de gestión libertaria realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, que analizó el impacto que tuvo ese recorte en las distintas áreas del sistema, en especial aquellas muy sensibles, como medicamentos y discapacidad. “El período de 2024 y 2025 se caracteriza por una redefinición profunda del rol del Estado en salud, con impactos significativos sobre el acceso, la prevención, la capacidad institucional y la equidad del sistema”, analizó el reporte. Para los gremios del sector, estas situaciones generan “un combo explosivo y criminal”, y responsabilizan al ministro Lugones.
El análisis, al que tuvo acceso Data Gremial, marca las dificultades que se generaron en materia de atención, a partir del ajuste, y los efectos en las condiciones laborales del personal. Durante el período 2024 y 2025, destacó el informe, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación “se caracteriza por una contracción significativa de los recursos en términos reales, acompañada por elevados niveles de sub-ejecución”. En esos años, el presupuesto ejecutado “registra una caída real del 31por ciento.
En 2025 se observa “una nueva reducción del 13 por ciento respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34 por ciento en relación con 2023”. La reducción del gasto, alerta la entidad, “se ve agravada por una sub-ejecución persistente de los créditos vigentes, particularmente en partidas vinculadas a la atención directa, el sostenimiento de efectores públicos y la provisión de bienes y servicios esenciales”.
Esta dinámica contribuye a “desarticular políticas sanitarias nacionales y a trasladar crecientemente responsabilidades a las provincias”. Una de las principales consecuencias se puede ver en los programas sanitarios, que se caracterizó por “el cierre, desfinanciamiento o sub-ejecución de programas sanitarios estratégicos, debilitando la capacidad del Estado nacional para sostener políticas de prevención, promoción y acceso en todo el territorio”.
En 2024, el presupuesto ejecutado en programas sanitarios del Ministerio de Salud descendió un 35 por ciento en términos reales. Entre los programas más afectados se encuentra SUMAR, con una caída del 28 por ciento, lo que impacta directamente sobre el financiamiento del primer nivel de atención y la capacidad de las provincias para sostener prestaciones básicas.
Crisis en el PAMI
E tanto, además de la cartera sanitaria y el Hospital Posadas el PAMI es otro de los lugares golpeados por esta nueva poda de personal. Según FESPROSA, en la obra social hay “un número aún a determinar” de cesanteados, pero que sería de varias decenas. Esto se da en momentos que la entidad, que tiene el mayor presupuesto del país –sacando el presupuesto nacional y de la provincia d Buenos Aires –está en apuros financieros. Es que varios prestadores denuncian deudas y problemas para cobrar los servicios brindados, lo que pone en peligro la salud de millones de jubilados.
El caso más grave es el de los medicamentos. Desde hace unas semanas, las farmacias de todo el país aseguran que llevan más de un mes y medio de retraso en el pago de recetas que ya fueron dispensadas, y que según afirman las entidades farmacéuticas “pone en serio peligro” el convenios de entrega de tratamientos. Ante eso, en algunas provincias como Misiones se cortó el servicio, y se espera que si no hay una solución, la medida se repita.
Esta semana, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR) le pidieron una reunión “urgente” a Esteban Leguizamo, titular del PAMI, a fin de “solicitar tenga a bien disponer las medidas necesarias para regularizar los pagos adeudados correspondientes a las prestaciones realizadas por las farmacias a beneficiarios del PAMI, en particular las acreencias correspondientes a noviembre, diciembre de 2025 y la primera quincena de enero de 2026”.
En la carta, a la que tuvo acceso Data Gremial, las entidades dicen que la falta de cancelación oportuna de dichas prestaciones “ha generado un desfinanciamiento significativo en las farmacias prestadoras, dificultando la reposición de medicamentos y comprometiendo la previsibilidad operativa necesaria para sostener el servicio en tiempo y forma, especialmente para adultos mayores y pacientes crónicos”. “Las farmacias continúan cumpliendo su rol sanitario y social sosteniendo el acceso a medicamentos en cada localidad, no obstante, de mantenerse el actual esquema de pagos difícilmente se podrá garantizar una normal prestación”, concluyeron.