Con motivo del reciente pedido realizado por los empresarios de incluir en su pretensión de reducir el costo operativo la rebaja de salarios y/o condiciones de trabajo, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales de Argentina ratificaron su rechazo mediante una carta enviada a la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Ágata Mentoro, donde los tres gremios reiteraron lo que expresaron en la audiencia del pasado lunes 2 de junio: “En ningún caso se aceptará que la variable de ajuste sea el salario de los trabajadores y/o sus condiciones de trabajo”.
En el documento, las entidades sindicales sostuvieron que “la presentación empresaria se reduce a un análisis parcial del costo operativo, circunscribiéndolo exclusivamente al “costo laboral” de la marinería”. “En ningún momento alude a otros costos directos e indirectos que inciden en el resultado económico de la explotación”, remarcaron.
Así, indicaron que se ignora la alta incidencia de impuestos nacionales -derecho de exportación y créditos y débitos bancarios-, provinciales, así como tasas municipales y el “Derecho Único de Extracción" que fija el Consejo Federal Pesquero. También omite el costo de la estiba, seguros y aranceles por el uso de puertos y los que percibe la Prefectura Naval Argentina.
“Podemos agregar, además, el costo financiero que genera a las empresas la demora en el reintegro del IVA por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, y el sistema de compensación por el impuesto a los combustibles”, añadieron.
Mesa de discusión
Como representantes de los trabajadores, mencionaron: “Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos anteriores, las organizaciones sindicales que representamos ratifican su disposición a participar en la búsqueda de soluciones a la problemática que hoy presenta la actividad pesquera, con particular impacto en el sector "tangonero" congelador”.
En este sentido propusieron que “para ello, es necesario que esta Autoridad Laboral convoque a una mesa de discusión en la que, de manera ineludible, no puede estar ausente el Estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal”.
La misiva fue firmada por los tres referentes de los gremios navales : Mariano Moreno (Centro de Patrones), Marino Vilar (SICONARA) y Eduardo Mayotti (CJOM).
Contra la desregulación
Es un momento crucial para los sindicatos enfocados en el Cabotaje Nacional, ya que entienden que son los principales perjudicados con las nuevas medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Una de esas propuestas es la ampliación de las opciones para contratar personal embarcado, incluso a través de asociaciones gremiales u otras entidades habilitadas. “Cuando no haya embarcaciones nacionales registradas o autorizadas para cabotaje por armadores nacionales, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) podrá otorgar permisos temporales de hasta 180 días a barcos extranjeros, con posibilidad de renovación”, destacó en sus argumentos el decreto en cuestión 340/2025.
Para los gremios, este punto es un cambio total en las condiciones laborales. “Los efectos que tiene esta medida son claros: exime la reglamentación laboral argentina”, sostuvo Mariano Vilar, titular del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA).
En diálogo con Data Gremial, el dirigente explicó que el decreto “habla expresamente que no se puede usar la reglamentación argentina en los buques que estén bajo este régimen de excepción”. En concreto, dijo Vilar, los trabajadores “perderíamos vacaciones, aguinaldo, todos los beneficios que otorga la reglamentación laboral argentina. Así, cualquier personal por más que tenga 20 años de servicios lo pueden despedir e indemnizar con 10 días de salario básico”.