En su último encuentro de delegados nacionales, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció que seguirá la vía judicial para obligar al gobierno para que ponga en plena vigencia la Ley de Financiamiento Universitario. La entidad decidió “monitorear el avance de la presentación 16.348/2025 donde la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT) interpone acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), solicitando se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 759/2025, en tanto suspende de manera irregular la Ley 27.795, que garantiza el financiamiento y recomposición salarial del personal nodocente de las universidades nacionales”. Este camino será seguido por el resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que eligieron este mecanismo como principal herramienta para hacer escuchar sus reclamos.
Por su parte, CONADU Histórica también presentó un amparo judicial en el fuero laboral de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de todas sus asociaciones de base y de sus afiliados y afiliadas. El mismo exige al Poder Ejecutivo Nacional “se abstenga de aplicar o ejecutar la suspensión dispuesta por el decreto 759/2025 respecto del primer y cuarto párrafo del artículo 5° de la Ley 27.795”. Además que se le ordene al Estado Nacional “convocar de manera inmediata, en el plazo de cinco días a la Comisión Negociadora Paritaria Nacional Universitaria, conforme la Ley 27.795 y los Convenios 151 y 154 de la OIT”.
Las entidades recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario (que fue publicada en el Boletín Oficial y suspendida) permitiría aumentar los fondos ejecutados este año y tener un mejor presupuesto el año que viene para enfrentar una situación que no solamente afecta a la universidad, sino que todo el país está sufriendo por los ajustes, los recortes. "La situación es sumamente grave", consideraron, al tiempo que se advirtió que el Poder Ejecutivo está desoyendo la Constitución Nacional.
Sin clases
Sin esta ley, vienen alertando las entidades sindicales, están en peligro las clases del 2026. En este sentido, Carlos De Feo, ex secretario general de la CONADU, advirtió que el presupuesto del año próximo es "mortífero" para las universidades públicas. “La situación que tenemos hoy es sumamente crítica, por eso nosotros peleamos mucho este año por la ley de financiamiento educativo. El presupuesto del año que viene se va a ser sobre los valores ejecutados este año y si son los que traemos hasta ahora, el presupuesto del año que viene va a ser mortífero para las universidades, porque es menor. Este año hemos pasado situaciones muy difíciles y con un presupuesto menor vamos a entrar en una crisis muy complicada”, aseguró en declaraciones radiales.
En esa línea, aseguró que “si el presupuesto no tiene un refuerzo ahora a fin de año, que el propio Poder Ejecutivo dice que tiene que ser presupuestariamente superior al 30 por ciento y salarialmente por encima del 40 por ciento, el año que viene va a ser terrible". "Hoy la gran mayoría de los docentes tenemos salarios de 500 mil a 600 mil pesos”, detalló. Por otro lado, sostuvo que “se han perdido más de 10 mil cargos docentes por renuncias y pedido de licencia sin goce de sueldo" mientras que "la matrícula es mayor, porque en épocas de crisis se vuelca mucho la mirada hacia la universidad para mejorar las condiciones con las cual uno va a encarar la vida laboral". De todos modos, aclaró que hubo perdido de estudiantes. Y remarcó, asimismo, que "no se realizan más las tareas de investigación, de extensión, porque no hay no hay recursos" y "se está perdiendo la calidad educativa".
Reclamo del CIN
En tanto, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo n° 7, a cargo de Martín Cormick, ordenó la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos de la acción presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el DNU 759/2025 que había suspendido la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. Por otra parte, el magistrado dio trasladado de la cautelar solicitada. La presentación, realizada a fines de octubre de 2025, solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, con énfasis en los artículos 5 y 6, que establecen la actualización salarial docente y de becas estudiantiles según el índice inflacionario. Los actores alegaron una afectación colectiva y urgente, argumentando que el incumplimiento erosionaba el poder adquisitivo, comprometía el funcionamiento universitario y lesionaba derechos constitucionales a la educación y a la autonomía institucional.
En su análisis, el juez Cormick recurrió a la doctrina de la Corte Suprema en materia de procesos colectivos, especialmente en el precedente “Halabi”. Identificó la presencia de los tres elementos característicos de un proceso colectivo por intereses individuales homogéneos: un hecho único o complejo (la no ejecución de la LFEU fundada en el decreto), una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (de docentes, no docentes, investigadores y estudiantes), y una pretensión enfocada en los efectos comunes, no en reclamos individuales aislados.