Integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) concretaron una impresionante jornada de lucha que incluyó una multitudinaria movilización en Viedma, la capital, con el objetivo de manifestarse contra el intento de la Legislatura de derogar el histórico 2x1000, un mecanismo transparente y público que garantiza el financiamiento sindical y sostiene capacitación, cultura, acompañamiento frente a la violencia laboral y la defensa de los derechos de quienes trabajamos en el Poder Judicial.
La protesta formó parte de un plan de lucha que también incluyó un paro que tuvo un gran acatamiento: del 90%.
En ese marco, denunciaron que la capital provincial “nos recibió con una legislatura vallada y un operativo policial desmedido, signo inequívoco de que se pretendía dar la espalda al pueblo trabajador”.
Los representantes del SITRAJUR, filial de la Federación Judicial Argentina, revelaron que “el proyecto de ley ingresó en comisiones a comienzos de semana y, con sorprendente velocidad, pasó a tratamiento definitivo en apenas dos días”.
Un proyecto con "pobreza técnica y política"
Detallaron que la propuesta busca “eliminar de un plumazo un derecho conquistado por lxo judiciales rionegrinos: el aporte del 2% sobre montos condenatorios en causas patrimoniales, que constituye una herramienta fundamental para el sostenimiento de la organización gremial”.
Además, apuntaron que el planteo “fue impulsado por el bloque libertario Primero Río Negro y fue apoyado por Juntos Somos Río Negro, Unión Cívica Radical, CC ARI-Cambiemos y PRO-Unión Republicana”.
Directamente, describieron que “el debate parlamentario dejó a la vista la pobreza técnica y política del proyecto de ley impulsado por el oficialismo”.
En ese sentido, criticaron a los políticos de las citadas fuerzas al considerar que “sus discursos estuvieron plagados de falsedades y argumentos forzados, torciendo el derecho con un único objetivo: desfinanciar al SITRAJUR y arrasar con años de construcción colectiva que se traducen en capacitación, cultura, acompañamiento ante la violencia laboral, asesoramiento jurídico y la fuerza para disputar condiciones de trabajo dignas”.
Frente a este embate, agregaron, “sólo los legisladores de los bloques Vamos con Todos y Partido Justicialista Nuevo Encuentro realizaron una defensa sólida y rigurosa, desmontando una a una las falacias del proyecto, advirtiendo su afrenta al orden constitucional y cuestionando también la actitud complaciente de un Poder Judicial funcional a los intereses corporativos del oficialismo”.
Sin embargo , el proyecto fue aprobado en esta primera vuelta con los votos de JSRN, PRO y UCR, mientras que ARI y Libertad Avanza acompañaron bajo la condición de que, en la segunda vuelta, también se elimine la tasa del 2xMIL que perciben los colegios de abogados
Beneficios en peligro
Las autoridades de la organización gremial sostuvieron que gracias al presente mecanismo se mantienen convenios con “el IPROSS que aseguran cobertura de farmacia y prácticas de laboratorio, financia los sueldos de 19 trabajadores administrativos y desarrolla múltiples acciones sociales y jurídicas en beneficio de la afiliación”.
“El proyecto es de una pobreza técnica llamativa y pretende borrar una construcción histórica que garantiza derechos y mejores condiciones laborales”, señaló el secretario general del SITRAJUR, Marco Calarco.
Calarco puntualizó que “defender el trabajo es defender condiciones dignas, organización y acceso a derechos” y sostuvo “Eso es lo que hace el sindicato cuando invierte el 2x1000: defiende el trabajo rionegrino con hechos y no con slogans”.
En tanto, desde la FJA reafirmaron “la defensa del 2x1000 es la defensa de la organización sindical, de la salud laboral y de los derechos de todos los judiciales de Río Negro”.