El Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) analizó las transformaciones del empleo en la era digital mediante un informe llamado “El impacto de la Inteligencia Artificial (IA), la digitalización y el Trabajo Remoto en el Poder Judicial”, donde hizo hincapié en la creciente automatización de los procesos y la incorporación de la IA en el mundo laboral del sector.
En primer lugar, el relevamiento se enfocó en los cambios en el desarrollo de las tareas de los trabajadores y sostuvo que la avanzada financiera trasnacional reconfigura la actividad mediante la deslocalización, precarización y flexibilización laboral.
Consideró que la denominada la “Revolución 4.0” “no es neutral, genera una nueva ofensiva del capital sobre el trabajo a través de tres pilares: plataformas y algoritmos como base de la economía, convergencia científica-tecnológica y la IA con capacidad de decisión autónoma”.
Amparándose en números de la Organización Internacional del Trabajo, entre el 26% y 38% de los empleos en América Latina y el Caribe podrían estar expuestos de alguna forma a la IA generativa. “Esta situación es contradictoria con la realidad concreta: casi 1 de cada 3 personas en el mundo no accede a Internet”, planteó el Centro.
En ese marco, reconoció que “necesitamos una transformación tecnológica desde la perspectiva de los trabajadores, pensando estrategias de formación tecnológica, inclusiva y accesible; regulaciones que protejan derechos; e instancias de Negociación Colectiva para definir su uso”.
También, recordó que desde los ‘90, el Poder Judicial argentino atraviesa reformas de “modernización” con impulso y financiamiento del BID, Banco Mundial y USAID, basadas en criterios economicistas de ‘eficiencia’, calidad y gestión empresarial mercantilizando el derecho a tener justicia.
Sin embargo, continuó, “solo el 16% de los países en el mundo cuentan con centros de datos potentes para IA, lo que genera una marcada concentración de recursos. EE.UU. y China controlan más del 90% del total”. “En América Latina, sólo existen dos centros de datos significativos: Brasil y Chile, lo que limita la competitividad regional”, reveló
Y sumó: “Esta concentración tecnológica profundiza la brecha digital global y crea nuevas formas de dependencia estratégica, afectando la soberanía tecnológica y económica de los países”.
Uno de los debates más relevantes, y que a nuestro sector interesa, sobre estas transformaciones es el impacto del trabajo virtual, especialmente en el ámbito estatal y judicial.
Obligados a adaptarse
El estudio contempló que “en términos de empleo, por un lado, se prevé la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector público, particularmente en áreas estratégicas como la ciberseguridad, la ciencia de datos, el diseño de aplicaciones y la gestión de la comunicación institucional a través de redes sociales, entre otras; pero por el otro; estos cambios plantean la necesidad de repensar las competencias laborales requeridas y los mecanismos de regulación que garanticen condiciones de trabajo justas y sostenibles en la era digital”.
Si bien existe la posibilidad del riesgo de pérdida de puestos de trabajo, remarcó que “está aumentando la demanda de habilidades que complementan a las nuevas tecnologías”.
Entre ellas, se destacan los conocimientos digitales, las habilidades cognitivas complejas, el pensamiento creativo, la capacidad de aprendizaje continuo y la resolución de problemas
En el sector estatal, la literatura anticipa una reconfiguración del trabajo administrativo, marcando la transición de los trabajadores/as de cuello blanco a trabajadores de cuello digital. Este cambio exige el dominio de herramientas como sistemas de gestión, bases de datos, big data, ciberseguridad, inteligencia artificial y blockchain (estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos -bloques), entre otras. Además, implica un proceso acelerado de reconversión en los perfiles laborales, obligando a los trabajadores a adaptarse a nuevas competencias tecnológicas.
En la publicación, sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías también impacta en las condiciones laborales y entre los principales efectos, se destacan:
Aumento de la carga laboral: existe el riesgo de una extensión de la jornada de trabajo, ya sea porque las y los trabajadores/as deben combinar múltiples empleos mal remunerados para alcanzar un salario digno o por la dificultad de la “desconexión digital”.
Flexibilización y desigualdad salarial: la expansión de los “arreglos laborales alternativos” podría precarizar el empleo y generar brechas salariales entre tareas escalables, que pueden venderse a múltiples clientes, y trabajos rutinarios, que sólo pueden realizarse una vez.
Mayor control laboral: el crecimiento de empleos “uberizados”, es decir, aquellos mediados por plataformas digitales, podría intensificar el control sobre las y los trabajadores a través de sistemas informáticos. Esto podría tensionar la relación entre productividad y estabilidad en el empleo público en el ámbito estatal, por ejemplo.
El rol del sindicalismo
Asimismo, la CEFJA enfatizó que “frente a este escenario de transformación acelerada, el movimiento sindical tiene un rol fundamental en la defensa de los derechos laborales y la construcción de un modelo de trabajo que no sólo se adapte a la era digital, sino que garantice condiciones justas y equitativas”. “No se trata únicamente de contemplar dichos cambios, sino de disputar activamente las reglas bajo las cuales estas tecnologías se integran en el mundo laboral”, agregó.
Bajo este contexto, planteó que “la lucha por la estabilidad, la negociación colectiva y la regulación del trabajo en plataformas o en el trabajo digital es más urgente que nunca”, al tiempo que recalcó que “si las innovaciones tecnológicas se implementan sin mediaciones ni regulaciones adecuadas, lo que hoy se presenta como ‘modernización’ podría convertirse en un nuevo ciclo de precarización y pérdida de derechos”.