La Sociedad Rural Argentina (SRA) informó este lunes que se presentó ante la Justicia para respaldar la validez de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), el andamiaje normativo que impulsa la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional, y pedir que no se suspenda su aplicación en el marco de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado.
En concreto, la entidad que conduce Nicolás Pino solicitó intervenir como tercero en el expediente “Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, alineándose con la defensa oficial en torno a la constitucionalidad y plena vigencia de la norma.
Se mete como tercero y se alinea con el Gobierno
Desde la SRA justificaron su presentación al advertir sobre el “impacto directo” que podría generar una eventual suspensión o declaración de inconstitucionalidad de la ley, tanto en el empleo como en los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas, especialmente en el sector agropecuario.
En esa línea, la entidad sostuvo que frenar la norma afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país.
Defensa empresaria y cuestionamientos a la cautelar
Además, respaldó la postura del Gobierno respecto de que el caso debe tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, al señalar que en este tipo de causas “donde se discute la validez de una ley del Congreso” no corresponde la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo.
La organización empresaria también cuestionó la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la ley, al considerar que implica una alteración del principio de división de poderes al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso.
En cuanto al fondo, la Sociedad Rural defendió abiertamente la reforma al asegurar que la Ley 27.802 “busca promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores”, una afirmación que generó fuertes cuestionamientos desde el ámbito sindical.
La CGT redobla la apuesta judicial
En paralelo, la CGT avanza con su estrategia judicial para frenar la reforma laboral y evitar que el expediente quede bajo la órbita del fuero Contencioso Administrativo.
La central obrera, a través de su equipo legal encabezado por Pablo Arnaldo Topet, sostiene que el traslado del caso desde la Justicia del Trabajo implica una violación a garantías constitucionales como la defensa en juicio y el debido proceso, además de una “arbitrariedad manifiesta”.
El planteo sindical apunta a que las cuestiones vinculadas al derecho laboral deben ser tratadas por jueces especializados. En ese marco, advierten que, si no prospera su postura, el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fallo, contrafallo y puja por la competencia
La disputa ya tuvo capítulos cruzados en tribunales. El juez laboral Raúl Horacio Ojeda había dictado una cautelar que suspendió 81 artículos de la ley —incluyendo cambios en indemnizaciones, la implementación del banco de horas y limitaciones al derecho de huelga—, pero esa decisión fue posteriormente dejada en suspenso por la Cámara del Trabajo, lo que permitió que la norma recupere vigencia de manera provisoria.
El trasfondo del conflicto no solo pone en juego la validez de la reforma laboral libertaria, sino también una fuerte puja por la competencia entre fueros y el alcance de las transformaciones en el sistema laboral que impulsa el Gobierno nacional.