La Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJGas) advirtió sobre “posibles interrupciones de suministro de gas local” entre mayo y septiembre al denunciar que Gobierno no generó “una infraestructura suficiente” y lo acusó de no “tener herramientas eficaces para manejar estrategias posibles” al entregárselas al “mercado”, en un contexto de guerra.
Mediante un comunicado, la entidad sindical remarcó que “el frío apretó un día en abril y hubo restricciones inmediatas sobre las GNC’s y algunas industrias”, así como describió que “en Argentina producimos gas natural para autoabastecernos pero no tenemos infraestructura suficiente para transportarlo”.
Asimismo, recordó que “desde hace unos meses los expertos en energía advierten que el precio del Gas Natural Licuado (GNL) subirá debido a la prolongación del conflicto generado por EE UU e Israel contra Irán pero nuestro gobierno no previsionó las compras necesarias para este invierno”.
Para la organización, “ante la incertidumbre bélica, los estados nacionales deben tener herramientas eficaces para manejar estrategias posibles de suministro de gas natural y de energía, pero el gobierno argentino optó por entregarse al mercado”.
Ante ese panorama, puntualizó que “como la única verdad es la realidad, tropezamos con una pared” y señaló que “en el mundo de la energía eso se paga caro”.
Dos errores graves
La APJGas puso el foco en dos factores que incidieron en la crisis energética que ahora se presenta. Al respecto, sostuvo que “el primer fracaso fue intentar la incorporación de un agente comercializador-agregador privado y soslayar a la estatal ENARSA en medio de la suba internacional de precios por la guerra en Medio Oriente”.
“Es decir un costo más para los usuarios de U$s 4,50 cada 27m3 de gas natural que se sumaba al alza del GNL que cotiza en USs 15 el millón de BTU (27m3). Evidentemente, el gobierno tuvo que desistir y convocar a Enarsa para importar los 23 cargamentos necesarios para el 2026”, amplió.
Por otro lado, apuntó que “el segundo fracaso fue el intento gubernamental de cobrarles a las grandes industrias y a las distribuidoras de gas natural el precio del gas natural licuado (GNL) que Enarsa deberá importar durante el invierno para cubrir el pico de consumo”. “Ninguna aceptó pagar cerca de U$s 20 el millón de BTU, cifra que quintuplicaba los valores locales”, completó.
A propósito, repasó que “fueron tres subastas diferenciadas que quedaron desiertas por falta de oferentes (solo Cammesa, la compañía encargada del despacho del sistema eléctrico, aseguró 5,5 millones de metros cúbicos diarios entre el 16 y el 31 de mayo al precio ofertado en las subastas porque los combustibles sustitutos son aún más caros)”. “Valor que alterará las facturas de energía eléctrica para los usuarios”, adelantó.
Ahora, la entidad enfatizó que “existen ahora dos planos del intríngulis: por un lado, el precio a pagar por la demora en la compra del GNL para el invierno y la disponibilidad del fluido en el mundo (recordemos que la planta más grande del mundo productora de GNL ubicada en Qatar fue inutilizada por un lapso prolongado debido a un bombardeo) y, por otro lado, las posibles interrupciones del suministro de gas local a grandes industrias que las obligaría a comprar gas importado y pretender volcarlo a los precios de sus productos”
Las consecuencias
En ese contexto complejo, la entidad que conduce Rubén Ruiz enfatizó que “las distribuidoras de gas natural ya les advirtieron sobre una ventana de hasta 85 días -entre mayo y septiembre- donde podría haber interrupciones o deberían comprar gas más caro para mantener operativas sus empresas”.
Luego arremetió contra el Ejecutivo Nacional al considerar que “desmantelar el Estado a tontas y a locas tiene precio y no lo pagan los funcionarios sino nueve millones de usuarios”. “Creer que por nuestra posición geográfica estamos exentos de las consecuencias de este conflicto bélico suicida es ingenuo”, sumó y señaló: “Lamentablemente, la guerra siempre estuvo cerca. Aunque no lo creamos”.
A modo de cierre, opinó que “los trabajadores y el pueblo usuario debemos unirnos para generar una estrategia en defensa propia, Las petroleras ganan”. “Los usuarios pagamos. Exigir la paz y una política que cuide la economía de las mayorías es necesario y posible”, concluyó.