No son días para nada fáciles para los trabajadores de la educación porteños, en el marco de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, concluían la semana pasada con una noticia que les traía algo de alivio: el Juzgado del Trabajo de 1° instancia N°4 hizo lugar a la medida cautelar presentada por Ademys y le exigía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “que se disponga el cese del comportamiento antisindical”.

Lamentablemente, la tranquilidad duró muy poco: la administración de Horacio Rodríguez Larreta nuevamente desconoció la medida de la Justicia y aplicó brutales descuentos por los días de paro.

Los ilegales recortes llegan a ser superiores al 85% de salarios de $40.000 para docentes que se encontraban ejerciendo el derecho a huelga.

Así, en algunos casos, las deducciones salariales superan los 35 mil pesos. Si se tiene en cuenta que un docente sin antigüedad, que trabaja jornada simple, tiene un salario mensual de $40.886, ese sector a lo largo de cuatro semanas de paro cobró en mano solo 5 mil pesos.

La bronca de los gremios

“Desconocen el fallo judicial y es claramente una medida disciplinadora”, aseguró a Tiempo María Isabel Grau, secretaria de Prensa de Ademys. “Además, esta decisión es absolutamente arbitraria porque nosotros tenemos compañeras y compañeros que les descontaron 22 mil pesos, a otros 5 mil y a algunos 30 mil, y todos realizaron el paro total de actividades durante todas las jornadas. Esto genera angustia e incertidumbre en el conjunto de las y los trabajadores de la educación, porque con esta forma discriminadora de descuentos no te dejan planificar a futuro las medidas de fuerza, por temor a que te descuenten todo el salario al mes siguiente”, añadió Grau.

Desde UTE-Ctera, el otro gremio docente mayoritario en la Ciudad, equipararon los descuentos a un castigo del gobierno porteño por proteger la salud: “Los descuentos representan un castigo a trabajadores y trabajadoras que protegen la salud de la comunidad al garantizar la continuidad pedagógica a distancia en una región considerada de alarma epidemiológica, con tasas de incidencia superiores a las de aquellos países que suspenden la presencialidad escolar”, destaca esa organización sindical en un comunicado al que accedió Data Gremial.

“Además, el castigo de Larreta a quienes viven de su salario -el cual tiene un carácter alimentario-, desconoce que la ciudad que mal gobierna presenta una saturación de las unidades de terapia intensiva. También se adueñaron de dinero que otorga el gobierno nacional a todos las y los trabajadores del país en el concepto de conectividad, un logro alcanzado en la Paritaria Nacional Docente”, agrega el documento.

Más persecución

Pero los embates del gobierno porteño sobre los docentes no terminan ahí. Esta semana, la ministra Soledad Acuña, llevó adelante una modificación inconsulta del Estatuto Docente, donde se plasman todos los derechos laborales del sector. Mediante el decreto 179/21 alteró artículos referidos a la carrera docente.

El artículo en cuestión es el que permite el acceso a cargos docentes. Acuña modificó ese punto delegando la potestad absoluta a la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales COREAP y modificando el puntaje docente dando marcha atrás al Decreto 678, establecido en el año 2017.

Desde la Unión Argentina de Maestros y Profesionales –CAMYP- denunciaron este “avasallamiento a la trayectoria docente y al estatuto”, pero en el mismo sentido alertan que “la intención del ministerio de avanzar contra todos los derechos adquiridos, de desentenderse de las prioridades en este contexto, de no atender las demandas de una docencia que en el frente de batalla sostiene la educación pública y reclama sobre el cuidado de su salud”.