Los secretarios generales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), Hugo "Cachorro" Godoy, presentaron una denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, y contra el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales.
La denuncia fue radicada ante la justicia federal, luego de que el periodista Hugo Alconada Mon publicara el pasado 3 de agosto, en el diario La Nación, una investigación periodística en la que se revelan informes secretos elaborados por la SIDE, en los cuales demostraban que monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.
Los documentos, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.
Gravedad institucional
A través de un comunicado, las dos CTA señalaron que “ambas aparecen mencionadas en esos informes, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social”.
Además, sostuvieron que “no hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país, por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias ya que es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas”.
“Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, remarcaron.
Solicitaron ser querrellantes
La presentación solicita que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial, y en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.
Las entidades gremiales solicitaron ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder “constituirse como querellantes, en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas de estas maniobras ilegales”.
Según costa en la denuncia, que cuenta con el patrocinio de Elizabeth Gómez Alcorta, ambas centrales presentaron como prueba la copia simple de la nota periodística “La SIDE redacta informes sobre las actividades políticas de la oposición, sindicatos y grupo de jubilados” del diario La Nación y solicitaron que se convoque a declaración testimonial al autor de la misma, Hugo Alconada Mon, “a fin de que, reconociéndole el derecho de no revelar sus fuentes, aporte toda la documentación que ha tenido acceso para la elaboración de la nota periodística que se mencionado”.
Asimismo, en el documento judicial, advirtieron que “la omisión de investigar a quiénes dieron órdenes o autorizaciones específicas implicaría un grave daño a la democracia, por lo que se hace indispensable solicitar medidas correspondientes para determinar la cadena de mando y las responsabilidades penales correspondientes”.