El juez federal, Ricardo Bustos Fierro, ordenó este martes la intervención judicial del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, luego del pedido en ese sentido que la semana pasada elevara el fiscal federal N°2, Carlos Casas Nóblega.

El magistrado resolvió designar además a los contadores dependientes de Gendarmería Nacional Ximena Ladrón de Guevara y Fernando Agustín Rizzi.

También serán veedores de la administración de Luz y Fuerza, “debiendo requerir y los encargados presentar toda documentación contable respaldatoria de cualquier pago realizado por el sindicato a fin de demostrar la trazabilidad de la operación económica correspondiente, ordenándoles a los contadores designados la presentación cada 30 días de un informe al tribunal respecto a las tareas encomendadas, reportando inmediatamente cualquier tipo de irregularidad detectada”.

El juez ordenó además al Banco Provincia de Córdoba y al Banco de la Nación Argentina que “de manera inmediata” anulen todas las chequeras de titularidad del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

La acción llega a poco más de una semana del procesamiento de la cúpula de Luz y Fuerza de Córdoba por presunta asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y defraudación.

Como se recordará, el titular del Juzgado Federal N°1 procesó –sin prisión preventiva– al secretario General, Gabriel Suárez, el adjunto, Jorge Molina Herrera, y el secretario de Actas, Fernando Navarro, por esos tres delitos.

Si bien siguen en libertad, tienen impedida la salida del país, lo que llevó al juez a considerar esa restricción suficiente para no dictar la preventiva.

En un peldaño inferior dentro de la supuesta organización delictiva procesó a otras 17 personas: Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván, Oscar Fabio Guzmán, Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Yanina Victoria Molina (hija de Molina Herrera), Justiniano Oscar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Juan Bernardo Benito Farías, Valentín Figueroa y Cecilia Ivone Pérez.

En la causa impulsada por el entonces fiscal N°2, Gustavo Vidal Lascano (ya jubilado), la defraudación se habría llevado adelante de tres formas.

Una, mediante el libramiento de cheques a favor del gremio por parte de los integrantes de la conducción. Los cheques se cobraban directamente por ventanilla o se endosaban a favor de los empleados sindicales Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Oscar Fabio Guzmán (sin conocer su destino).

La segunda manera consistía aparentemente en librar cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con el sindicato. En la presunta mecánica delictiva, un supuesto apoderado o autorizado de esa persona jurídica endosaba el cheque a favor de un tercero sin aparente vinculación con esa persona y/o a favor de los autorizados de la cuenta. En ese caso, tampoco subyace dónde terminaron los fondos.

La tercera modalidad, a su vez, habría incluido el libramiento de cheques a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados, que tenían como beneficiarios, mayormente, a Fidelbo, Galván y Guzmán o personas que registraban inconsistencias ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) o que no registran ninguna actividad comercial o que resultan beneficiarios de planes sociales o jubilaciones.