La reforma laboral libertaria va por todo y busca modificar completamente la vida cotidiana de los trabajadores con capítulos que parecen regresivos, como modificar íntegramente el régimen indemnizatorio actual.
Inspirado en los lineamientos del Decreto 70/23, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señala con respecto a la compensación sin causa que “en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses, ni superior a diez meses de sueldo igualmente determinado”.
Además de este techo indemnizatorio, propone otro apartado cuestionable como que la base de cálculo no incluirá el sueldo anual complementario (aguinaldo), ni conceptos de pago semestral o anual —como bonos, adicionales o vales de tipo “ticket canasta”—, pese a que dichos conceptos han sido reconocidos en fallos judiciales como parte del resarcimiento.
Ventaja para la patronal
Como si fuera poco, ofrece que el pago de indemnización se hasta doce cuotas mensuales, con la supuesta premisa de brindar “previsibilidad” al empleador.
Asimismo, plantea introducir el concepto de “salario dinámico”, mediante el cual se habilitarían incrementos variables por productividad o mérito, negociados por empresa o vía acuerdo individual, y sin que se garantice continuidad vía ultraactividad o costumbre
“Mediante la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual… podrán incorporarse componentes retributivos dinámicos adicionales… sin que puedan resultar de aplicación la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre”, añade.
La postura empresarial
El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, admitió que “nuestros equipos técnicos están trabajando todas las semanas con los integrantes del Consejo de Mayo para que salga el mejor proyecto laboral posible”, aunque admitió que “hoy por hoy, no hay un proyecto ya cerrado y consensuado”
En tanto, el Gobierno entiende que el cambio es necesario para modernizar el marco laboral, promover el empleo registrado y reducir costos para las empresas, especialmente las pymes. Uno de los impulsores lo definió como “una segunda ola de reformas estructurales”.
El borrador prevé estar finalizado para mediados de diciembre, de modo que el proyecto pueda ingresarse en extraordinarias al Congreso antes de fin de año.
Para los trabajadores despedidos sin causa, el tope de diez sueldos en el percibimiento de la indemnización implicaría una reducción sustancial de lo que hoy perciben, sobre todo para quienes tienen larga antigüedad. También, la exclusión del aguinaldo y otros rubros del cálculo significa una menor base de indemnización.
Para las pymes, el pago en cuotas y el nuevo esquema podrían ofrecer mayor previsibilidad financiera, aunque en un contexto de inflación elevada ese diferimiento puede implicar una pérdida real para el trabajador. Por otro lado, la fragmentación de la negociación colectiva y la reducción del poder de los gremios podrían modificar la correlación de fuerzas en el mercado de trabajo, lo que genera incertidumbre tanto en el ámbito laboral como en el político.
La discusión en torno de la reforma laboral será clave para el cierre del año parlamentario, y su aprobación dependerá del grado de consenso que se logre con gobernadores, empresarios y sindicatos. Hasta ahora, la CGT ya planteó su oposición frontal, lo que anticipa un escenario de resistencia.