Los principales gremios vinculados al sector nuclear manifestaron de manera unánime su repudio al plan del gobierno nacional de privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II en Lima y la Central de Embalse en Córdoba. A través de comunicados oficiales, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, la Asociación de Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (ATCNEA) y el Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná coincidieron en señalar que la medida significa un "retroceso histórico que pone en riesgo la soberanía energética del país, la continuidad de proyectos estratégicos y décadas de inversión pública y conocimiento acumulado".
Los tres gremios coincidieron en que la privatización de NASA no solo “amenaza la autonomía tecnológica y científica de la Argentina”, sino que además compromete el “empleo de alta calificación y la posibilidad de garantizar energía accesible para la población”.
Tras la presentación del Presupuesto 2026, el Gobierno confirmó este martes que privatizará mediante un decreto NASA. Fue una de las firmas estatales que quedaron dentro de la lista de privatizables de la ley Bases aprobada en 2024, y se estimó que podría alcanzar una valuación total de entre 560 millones y 1.000 millones de dólares. El vocero presidencial Manuel Adorni explicó en conferencia de prensa que “el proceso consiste en la venta del 44 por ciento de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional”. Además se va a organizar “un programa de propiedad participada de hasta el 5 por ciento del capital accionario, mientras el 51 por ciento restante quedará en manos del Estado nacional”.
Futuro hipotecado
Ante esto, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza advirtió, bajo el lema "decisiones que hipotecan el futuro energético del país", que la venta de acciones de NASA implica “regalar décadas de inversión y trabajo de cientos de hombres y mujeres comprometidos con el crecimiento del sector nuclear argentino”. Asimismo denunció que detrás de la operación “no hay justificación técnica ni económica” y consignó que las prioridades del gobierno "no están orientadas al fortalecimiento del plan nuclear argentino, sino a entregar a manos privadas años de desarrollo estratégico, sin una visión soberana ni a largo plazo".
El comunicado también resalta que Nucleoeléctrica Argentina "no solo es una empresa rentable, sino que cuenta con un recurso humano de altísimo nivel, difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo".
Intereses ajenos
Por su parte, la Asociación de Técnicos de la CNEA alertó que el ingreso de capitales privados, nacionales e internacionales, “abre la puerta a intereses ajenos al bienestar del pueblo argentino y a la planificación estratégica del sector energético”. También subrayaron riesgos como la pérdida de autonomía en decisiones estratégicas, la desarticulación del ecosistema científico-tecnológico nuclear y la posible desinversión en investigación y desarrollo.
En la misma línea, el Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná denunció que “sin soberanía energética no hay desarrollo, no hay industria y no hay justicia social”. En ese sentido acota que "la política oficial se orienta al desguace del sector nuclear y la privatización ruinosa de empresas del estado, pilares estratégicos de la Nación Argentina"; y exigió la inmediata marcha atrás de las medidas que afectan al sector nuclear y a sus trabajadores.