La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis presentó una denuncia penal contra el gobernador Claudio Poggi, la ministra de Seguridad Nancy Sosa y el jefe de la Policía provincial Juan Carlos Serrano, a quienes responsabiliza por la represión ocurrida el 1 de abril en las afueras de la Legislatura durante la apertura de sesiones.
La presentación judicial fue realizada por el secretario general del gremio, Fernando Gatica, quien también denunció haber sido víctima directa de apremios ilegales durante el operativo. Según consta en el escrito, la acusación incluye los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, apremios ilegales, vejaciones y lesiones.
Apuntan a la cadena de mando
Desde ATE señalaron que la denuncia no solo apunta a los efectivos que intervinieron en el operativo, sino principalmente a las máximas autoridades provinciales, a quienes consideran responsables políticos del accionar represivo.
“Exigimos que se investigue a las máximas autoridades provinciales, ya que como garantes del uso de la fuerza pública son responsables por la cadena de mando que planificó, ordenó, toleró o instigó este accionar”, sostuvo Gatica en el comunicado difundido tras la presentación.
En el texto judicial, el dirigente plantea que, ante la imposibilidad de identificar a los agentes que ejecutaron materialmente la represión —muchos de ellos encapuchados y sin identificación—, corresponde avanzar sobre quienes impartieron las órdenes.
Denuncian una protesta pacífica reprimida
El gremio aseguró que la movilización se desarrollaba de manera pacífica y en el marco del legítimo derecho constitucional a la huelga y la protesta, en reclamo de “salarios dignos” para trabajadores provinciales, municipales y beneficiarios de planes de inclusión.
Sin embargo, denunciaron que la Policía provincial “se excedió en el uso de la fuerza”, utilizando gas pimienta y gases lacrimógenos, para luego avanzar con golpes sobre los manifestantes.
“Fuimos destinatarios de una brutal represión. Dispararon y rociaron gas de forma temeraria y luego arremetieron a golpes sin que existiera ninguna situación de peligro que lo justificara”, afirmó Gatica.
Relato de la agresión
El titular de ATE San Luis también describió en primera persona los hechos sufridos durante la represión. Según relató, fue rodeado por efectivos de infantería, reducido en el suelo y golpeado.
“Fui acorralado por más de siete efectivos, me retuvieron ilegalmente, me arrojaron al piso y me inmovilizaron con una rodilla en el pecho, mientras otros oficiales me golpeaban e insultaban”, denunció.
El dirigente agregó que las agresiones incluyeron la intervención de personal de la división de canes y que tanto él como otros manifestantes sufrieron lesiones que requirieron asistencia médica.
Pedido de pruebas y antecedentes
En la denuncia, ATE aportó material audiovisual —videos y fotografías— que, según indicaron, evidencian el accionar policial. Además, solicitaron a la fiscalía que requiera a la Jefatura de Policía los registros del operativo y el detalle del armamento utilizado.
También pidieron que se soliciten imágenes a medios de comunicación locales que cubrieron la protesta, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.
El gremio remarcó que los hechos constituyen no solo delitos penales, sino también un “atentado contra la libertad sindical y el derecho a huelga”.
Un conflicto en escalada
La denuncia se da en el marco de un conflicto creciente entre el gobierno provincial y los trabajadores estatales, que vienen reclamando recomposición salarial en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.
“Es con diálogo y consensos, no con intolerancia y represión”, planteó Gatica, quien además advirtió sobre el impacto del “ajuste” en los ingresos de los trabajadores.
Desde ATE San Luis expresaron su expectativa de que lo ocurrido sea un hecho aislado y reclamaron que no se repitan episodios de represión frente a futuras protestas.
El caso ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades en un episodio que generó fuerte repercusión y que ya había sido denunciado públicamente por el gremio tras la jornada de violencia.