La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Indec difundió un nuevo informe que volvió a poner en el centro del debate la crítica situación salarial del sector público. Según el documento, una familia tipo —dos adultos y dos menores en edad escolar— necesitó en octubre de 2025 un ingreso mínimo de $2.027.283 para cubrir todas sus necesidades básicas. La cifra, que incluye una canasta alimentaria valuada en $691.887, expone lo que la organización definió como un proceso de “deterioro acelerado” del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
El informe, titulado “¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?”, advierte que los salarios del sector público arrastran una pérdida acumulada del 54,8% en su capacidad de compra desde diciembre de 2015. Para ATE Indec, esta caída no solo tiene un impacto directo en la calidad de vida de cientos de miles de trabajadores, sino que también profundiza la crisis en áreas claves del Estado, afectando la provisión de servicios esenciales.
Un retroceso salarial sin precedentes
El relevamiento detalla que, si el salario de un trabajador testigo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) se hubiera actualizado de manera estricta por la inflación acumulada durante la última década, en octubre debería haberse ubicado en $1.417.335. Sin embargo, el sueldo real promedio asciende hoy a apenas $636.289, es decir, menos de la mitad del valor teórico que permitiría empatarle a la inflación.
La situación se agravó durante la gestión de La Libertad Avanza. Desde la asunción del nuevo gobierno, la inflación acumulada alcanzó el 241%, mientras que el poder adquisitivo de los estatales cayó un 28,25% adicional. Se trata de una dinámica que, según el gremio, coloca a miles de familias en un escenario de pobreza o vulnerabilidad severa.
Los monotributistas que prestan servicios al Estado se encuentran aún peor. Según ATE Indec, llevan más de un año con ingresos congelados y padecen una pérdida salarial acumulada equivalente a $5.368.253 no recuperados. Para el sindicato, la situación de este colectivo “roza niveles de desprotección intolerables para un Estado que debe ser ejemplar en materia laboral”.
Exigencias urgentes al Gobierno
Frente a este diagnóstico, ATE Indec considera que “no hay margen para más pérdida salarial” y reclama una batería de medidas inmediatas que permitan recomponer el ingreso de los estatales y evitar un mayor deterioro social:
- Aumento de emergencia del 118%, pagado en una sola cuota.
- Bono mensual de $250.000 para todos los trabajadores del Estado.
- Reapertura urgente de la paritaria, sin limitaciones a la negociación.
- Pase a planta permanente, sin reducción salarial, y garantía de que ningún trabajador perciba un ingreso por debajo de la línea de pobreza.
El gremio sostiene que es imprescindible que el Gobierno abandone la lógica de ajuste sobre el sector público y convoque a una negociación seria que permita revertir una década de retrocesos. “La recuperación salarial no puede seguir postergándose —afirma el informe—. Es una condición indispensable para sostener la calidad del empleo y el funcionamiento del Estado”.