Luego de la caída del famoso muro de Berlín, las contradicciones entre capital y trabajo, parecieron desaparecer. O al menos eso pareció durante un tiempo desde el relato hegemónico de los medios masivos de comunicación y amplios sectores de la academia. El famoso “fin de la historia” se pregonaba como si no hubiera ya un pasado ni un futuro, sino un presente constante, signado por el capitalismo globalizado. El consenso de Washington había teñido a toda la política del “patio trasero” de EEUU. Reducción del Estado de Bienestar traducido en la premisa del “déficit fiscal 0”; vuelta a la división internacional del trabajo a través de la “liberación de importaciones” y “flexibilización laboral”, para nombrar tres políticas relevantes de la columna vertebral de este programa. Programa político y económico que se llevó adelante, primero durante la dictadura militar de 1976 con Martínez de Hoz. Luego durante los gobiernos democráticos de Carlos Saúl Menem (entre 1991-1996) y de Fernando De La Rúa (entre 1999 y 2001), con Domingo Cavallo. Más recientemente, con sus diferentes ministros de economía, pero en particular con Luis Caputo, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2018). Y finalmente, en la actualidad y con el mismo ministro de economía, el presidente Milei. Aunque con algunas características “libertarias” o “austríacas”.
Las mismas políticas que se habían implementado en nuestro país por medio de la fuerza, ahora parecían imponerse por medio del consenso democrático. Consenso construido luego de un genocidio. Y a través de haber conseguido la hegemonía en amplios sectores de la Academia. En economía a través de la famosa “Escuela de Chicago”, con Milton Friedman a la cabeza. Y a través del discurso único emanado desde los medios masivos de comunicación, que durante los periodos dictatoriales se tornaron oligopólicos.
Esto es así, ya que toda acción política, estatal o individual, precisa posarse sobre un relato para legitimarse. Y en una sociedad organizada a través del sistema de producción capitalista, las contradicciones entre capital y trabajo siempre están en tensión, por más que sean “invisibilizadas” por relatos o discursos hegemónicos. Es por eso que para que el capital pueda avanzar por sobre los intereses del trabajo, debe construir relatos que justifiquen ese accionar y sean aceptados por una mayoría.
A estos relatos construidos desde los intereses del capital concentrado, que quieren avanzar por sobre los intereses del trabajo, los llamamos “mitos patronales”.
1- La flexibilización laboral genera mayores niveles de empleo y registración
Siempre que se pretende avanzar sobre los derechos conquistados por los trabajadores, a través de una reforma laboral, se vende a la misma como un “avance”, una “modernización”, una “liberación”, “una flexibilización”. Y a su vez, todas y cada una de las reformas laborales “in pejus” (en perjuicio) para el trabajador, vienen acompañadas de la promesa de supuestos beneficios indirectos: mayores niveles de empleo y mayores niveles de registración.
Pero la realidad es que, a lo largo de nuestra historia, está comprobado empíricamente que estas promesas jamás se cumplen.
En este sentido podemos mencionar dos grandes antecedentes. El primero es de 1991, con la Ley 24.013, curiosamente llamada “Ley de Empleo”. Que significó una de las primeras olas normativas flexibilizadoras de la Ley de Contrato de Trabajo, desde la vuelta a la democracia. Incorporó nuevas modalidades contractuales (“contratos basura”) que facilitaron la precarización laboral. Para aquel entonces la tasa de desempleo era de un dígito, 6,5%. Cinco años después de implementada esta flexibilización laboral (reforzada con decretos de 1992, 1993 y 1994 donde se suspenden derecho adquiridos por trabajadores de empresas públicas, nuevos sistemas de pasantías estudiantiles, aumentos por productividad, etc.), en 1996 la tasa de Desocupación había ascendido al 17,3% (Siempre según datos del INDEC).
El segundo, con el gobierno de la Alianza, con la Ley 25.250 más conocida como la “Ley Banelco”, en el año 2000. Qué además de ser una norma completamente inmoral por su contenido, lo fue por cómo fue sancionada. Envuelta en un caso escandaloso de corrupción, denunciado por el Dr. Recalde.
Esta ley atacó el principio de estabilidad y la garantía contra el despido arbitrario, profundizó la línea de los contratos basura y llevó las indemnizaciones a la baja, entre otras reformas en contra del trabajador. Para el año 2000 la tasa de desempleo era del 14,70%.
Luego de esta última reforma, con una economía cada vez más insostenible para el ciudadano promedio, todo derivó en la crisis institucional más grande de la historia argentina desde la vuelta a la democracia, el 2001. Para aquel entonces la tasa de desempleo subió del 14,70% al 21,5%.
Como podemos observar, ninguna de las reformas laborales que recortaron y quitaron derechos a los trabajadores se tradujo en mayores niveles de empleo y de registración. Al contrario, luego en los periodos de gobierno kirchneristas, del 2003 al 2015, cuando los trabajadores recuperaron derechos laborales y se derogaron las normas de los “contrato basura”, prohibición de pago con tickets canasta, reducción de periodo de prueba, etc. La tasa de desempleo bajó de un 17,3% a un 5,9%.
A simple vista pareciera ser que el quitar y recortar derechos a los trabajadores generaría desempleo y en cambio ampliar y otorgar mayores derechos generaría mayores niveles de empleo. Pero no es esta la deducción correcta. Ya que el empleo no está directamente relacionado con los derechos que tengan o no los trabajadores, sino con factores relacionados a las políticas macroeconómicas que llevan adelante los gobiernos. Y durante el periodo mencionado del 2003 al 2015 el gobierno se alejó de aquel programa neoliberal del consenso de Washington y llevó adelante uno de carácter productivo, alejado de las pautas impuestas por la división internacional del trabajo. De fortalecimiento del mercado interno y reconstrucción del Estado de Bienestar.
2- Existe una industria del juicio laboral
Cuando desde los intereses del capital concentrado se pretende avanzar sobre los derechos de los trabajadores, otra de las estrategias discursivas que llevan adelante, es construir relatos para deslegitimar los mecanismos e instituciones de defensa que tienen los asalariados para proteger sus intereses.
En cualquier sociedad civilizada, los conflictos entre las partes son intermediados por un tercero imparcial, que en base a pruebas y criterios objetivos determina quién tiene la razón o no. Evitando que el conflicto se dirima a través de la violencia y que prevalezca la posición del más fuerte. Ese es el rol de todo sistema de justicia.
Es así que nuestra Constitución Nacional, además de trabajar y ejercer la industria lícita, le otorga a cada ciudadano la facultad de poder peticionar ante las autoridades (art 14 CN).
Cualquier ciudadano que celebre un contrato y este sea incumplido por su contra parte o rescindido de manera intempestiva, tiene el derecho a reclamar ante las autoridades por su cumplimiento. O en caso contrario, un resarcimiento.
Sin embargo, cuando un trabajador denuncia el incumplimiento de su contrato de trabajo o su ruptura intempestiva, pareciera que está siendo parte de una práctica oscura y escabrosa. Casi un delito.
Existen miles de reclamos judiciales de ciudadanos que hacen valer sus derechos y llevan adelante su facultad constitucional de peticionar ante las autoridades. Reclamos por daños y perjuicios, por accidentes de tránsito; reclamos de las prepagas u obras sociales contra sus clientes, por no haber abonado la cuota mensual; juicios de empresas contra el Estado, etc. Pero ninguno de estos reclamos judiciales genera ante la opinión pública algún tipo de rechazo o estigmatización.
Esto sucede porque desde hace muchos años, se fue sedimentando, a través de los medios hegemónicos de comunicación, la creencia de que los juicios laborales son llevados adelante por abogados y trabajadores inescrupulosos que “fabrican” (de ahí la metáfora industrial) juicios para perjudicar a los empresarios y buscar una retribución económica injusta.
Este relato tiene una doble función. En primer lugar, estigmatiza a los trabajadores que hacen valer sus derechos. En segundo lugar, estigmatiza a los abogados que defienden los intereses de los trabajadores.
La realidad es que no existiría ningún juicio laboral si no fuera porque de la parte empleadora hay un incumplimiento contractual o una ruptura intempestiva del contrato de trabajo (despido sin causa).
Aún así, si contrastamos los datos oficiales sobre empleo no registrado (todos con derecho a iniciar un reclamo laboral) y la cantidad de litigios laborales que se presentan anualmente, según la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, vamos a encontrarnos con que apenas el 2% de los trabajadores con derecho a iniciar un reclamo laboral, presentan una demanda ante los tribunales del Trabajo. Tal como lo demostró un estudio realizado por el Dr. Gustavo Ciampa, de la Corriente de Abogados laborales 7 de Julio. Este porcentaje fluctúa muy poco año tras año. Por lo que podemos ver muy claramente que el nivel de litigiosidad laboral en nuestro país es extremadamente bajo.
3- Las empresas funden por los juicios laborales
Este tercer mito es una derivación del anterior. “Los trabajadores fabrican juicios, junto a abogados laborales inescrupulosos, con el fin de obtener una ventaja económica injusta…” Y al extender este axioma, las consecuencias del mismo derivarían en lo siguiente “generando muchas veces que las empresas fundan. Ocasionando la pérdida de fuentes de empleo”.
Este mito patronal, invierte la carga de la prueba y pone en hombros de los trabajadores la responsabilidad de la falta o pérdida de empleo. “Por culpa de Uds. no tenemos trabajo”.
La realidad es que no hay registros de ninguna empresa que haya fundido debido a reclamos de sus trabajadores.
Ya vimos en primer lugar, que no existirían reclamos laborales si los empleadores cumplieran con sus obligaciones contractuales. Y que el nivel de litigiosidad laboral es extremadamente bajo en nuestro país. Por otro lado, como vimos, las variables de empleo no están relacionadas ni con los derechos o no que tengan los trabajadores, ni tampoco por los reclamos judiciales que realizan éstos, para conseguir el cumplimiento de los mismos. Sino con variables macroeconómicas.
Para finalizar con este mito, las indemnizaciones por despido tienen una doble función. Por un lado, cubrir las necesidades del trabajador que queda desempleado de manera intempestiva. Y por otro lado, ser disuasivas respecto a posibles incumplimientos contractuales por parte del empleador o que lleve adelante rupturas incausadas del contrato laboral. Es por ello que las indemnizaciones debieran ser “caras”, cosa que no lo son. Ya que los rubros más gravosos que debe pagar un empleador son la “antigüedad” que se abona un sueldo por cada año de trabajo y el “preaviso” que es un sueldo o dos, según tenga el trabajador una antigüedad mayor o menor de cinco años. Los demás rubros, por separado, generalmente no llegan a conformar un sueldo entero. Por lo que no puede haber empresa que no pueda enfrentar estos cargos, que generalmente están tenidos en cuenta en todo giro comercial. Ya que, al contrario de lo que estos mitos patronales sostienen, son completamente mensurables y previsibles.
4- Los salarios bajos de los trabajadores generan mayores niveles de empleo
Otro relato difundido desde los sectores patronales para avanzar en contra de los derechos de los trabajadores es la de los salarios y su influencia en el empleo. Según esta tesis, los salarios a la baja serían un incentivo para que los empleadores contraten más trabajadores e incluso para la inversión extranjera.
Para desmontar esta falacia sólo basta ver brevemente los rankings mundiales respecto al salario promedio de cada país y su relación con la tasa de empleo. Para esto vamos a ver los datos a modo de muestra de los países que encabezan dichos rankings en Europa y los que se encuentran por debajo.
En el año 2022, el país que encabezaba los salarios más altos era Suiza. Que si bien no tiene un salario mínimo vital y móvil establecido, según la Eurostat (La Oficina Europea de Estadística) llegó a un salario medio promedio de 106.839,99 euros anuales. Lo que daría un sueldo promedio mensual de 8.903,33 euros. Según la lógica de este mito patronal, la tasa de desempleo debería ser una de las más altas de aquella región, sin embargo, su tasa de desempleo a fines del 2022 fue del 4,3%. (Según el Banco Mundial).
Siguiendo con este razonamiento, en 2022 en los puestos más bajos europeos nos encontramos con Eslovaquia, Estonia, Letonia y Bulgaria que registraron el salario mínimo más bajo entre los países de la UE. Con un salario mínimo inferior a 1.000 euros. La tasa de desempleo en estos países fue de 6,7% en Eslovaquia, 6,9% Letonia y 4,3% en Bulgaria (Según Banco Mundial). Tasas de desempleo mucho mayores en los dos primeros casos y una tasa similar en el primer caso. Por lo que queda claro que no hay una relación directa entre salario y tasa de empleo.
Pero veamos los números en nuestro país y en nuestra historia reciente. En el año 2015, el salario mínimo vital y móvil en dólares era de U$S 583 y la tasa de desempleo de 5,9%. Sin embargo, durante el 2001, el salario mínimo vital y móvil en dólares era de U$S 200 y la tasa de desempleo, como vimos anteriormente, llegó al 21,5% (Siempre según números del INDEC).
Como vimos en estos cuatro mitos patronales, ninguna de sus afirmaciones tiene un correlato con la realidad. Son enunciados falaces e ideológicos construidos en pos de justificar un avance en contra de los intereses de los trabajadores. A través de los medios masivos de comunicación son difundidos y reproducidos incansablemente como un mantra hasta formar parte del “sentido común”. Que muchas veces terminan reproduciendo quienes son víctimas de las políticas económicas y sociales que estos relatos vienen a justificar.